Debe ser prioridad de Estado el esclarecimiento del brutal asesinato del ex secretario de Finanzas, Andrés Hernández Ramírez, un terrible agravio a los tlaxcaltecas.
Así como de un plumazo van a desaparecer al poderoso terrateniente, vecino de Ciudad Judicial, con esa misma facilidad fuimos despojados del título del estado más seguro del país.
Hoy es el miedo lo que ronda en ciudades y carreteras de la entidad debido a la saña con la que varios asesinatos fueron perpetrados: el de Andrés Hernández Ramírez, ex secretario de Finanzas en el gobierno de Héctor Ortiz, y el de un migrante, Marco Esteban Romero, quien recién se había reintegrado a su familia, tras una temporada de laborar en la Unión Americana. Reportes de este suceso refieren que habría más de sesenta disparos contra el desafortunado blanco.
Otros hechos violentos, en San Miguel Tenancingo, incluso a las puertas de la Comisión Nacional del Agua (CNA), donde un servidor público salvó la vida tras enfrentar a supuestos matones que huyeron en una camioneta Mazda de color rojo, dan cuenta de lo vulnerables que somos ante la violencia.
Se trata de una serie de agravios a los tlaxcaltecas que obligan a instituciones como la Procuraduría de Justicia a reponerse de los golpes asestados por criminales, que lo mismo han burlado las estrategias de las policías preventivas, estatal y municipales, y hasta han provocado declaraciones del secretario de gobierno, Ernesto Ordóñez, minimizando esta grave y dolorosa crisis.
La administración de Mariano González Zarur, tiene que activar su personalísima coordinación de los esfuerzos de todos, y concentrarse en el esclarecimiento de delitos de tal magnitud como la horrible muerte de Hernández Ramírez, irreconocible, ¿con huellas de tortura, atado de manos, dejado a merced de depredadores?
Varios días pasaron desde el hallazgo. Y el silencio guardado evidencia instituciones tan rebasadas como temerosas. Además de no abonar a un clima propicio de crecimiento, siembra desconfianza y zozobra… casi con la advertencia a quienes se adentren en territorio tlaxcalteca que, dado el clima de inseguridad lo hacen bajo su propio riesgo.
Es un golpe a la cara de la ex senadora Rosalía Peredo Aguilar, formadora de Andrés desde la niñez de este, cuando huérfano fue incorporado a la familia de quien lo cuidaría como si hubiese llevado su sangre.
Agravia también las administraciones de Sánchez Anaya y Ortiz Ortiz, a las cuales sirvió en el ámbito de la contabilidad.
Esclarecer su violenta desaparición debe ser un asunto de Estado, pues en torno a ella numerosas hipótesis, algunas rebosantes de perversidad, plantean los antes y los después.
¿A quién convendría semejante acto de brutalidad?
Lo cierto es que un agravio a todos los tlaxcaltecas sin importar partido o grupo.
Nuestra solidaridad con los deudos de Hernández Ramírez, así como la más enérgica protesta a causa de este clima de ejecuciones.
Lo mismo con las demás familias lastimadas.
Todo por culpa del notario
Y la patente de quien haya osado hacerlo dueño y vecino de Ciudad Judicial puede cancelarse… oigan, tal clase de error es imperdonable… sobre todo a estas alturas en que nada le pasan al cacique.
Propongo, para acabar con toda duda que el terreno al que Reforma exhibió como propiedad del gobernador de Tlaxcala, sea donado como causa de utilidad pública. Tengan ustedes la seguridad que le darán el mejor uso, y así acabarán las dudas sobre si se trataba de un negocio especulativo.
Según el consejero jurídico, Héctor Maldonado Bonilla, todo parte de un lamentable error del notario.
¡Pues qué notario tan bruto!
No tiene escapatoria, debe aceptar la responsabilidad solidaria con su cliente (o no) a quien sin merecerlo lo hizo dueño.
Me da la corazonada que esto se parece a las cadenas de mentiras que eslabonan una y otra, cada vez más graves y más profundas, para tapar la falsedad inicial.
Debe dimitir como notario, disculparse con Tlaxcala y enfrentar una sanción, por chueco. Ya vertemos de quién se trata.
¿El plan B de la oposición en el Congreso?
Nos dicen que el siguiente nivel en el litigio contra la Permanente apócrifa, es reclamar al Poder Ejecutivo de Tlaxcala el que haya publicado en el Periódico Oficial los nombres de una Comisión ilegal, en razón de los veinte y no veintidós votos, como lo marca la Ley y como lo tuvo que acatar un dictamen de esta envergadura.
Si a la contenta pandilla la cegó la celebración del triunfo del señor diputado Mena Rodríguez, a los subordinados en cuyas manos estuvo tomar la decisión de la formalidad, les debe pesar su permeabilidad en este asunto que puede acabar como juicio político en contra del titular.
Perdón por la insistencia, pero esto es una raya más al tigre.
En conclusión
No quisiera pensar en un esquema de administración del terror como salvoconducto para llevar vergonzosos temas electorales hasta sus últimas consecuencias, acaso mensajes entrelíneas para aquellos opuestos al atropello con el renuevo generacional.
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