Una circular con el lenguaje claridoso y regañón advertía a toda la burocracia… «al que vaya a la paella del PRI… lo corro».
Ocurrió lo que temían los priístas. La llegada de Manuelito Cavazos Lerma, el mesiánico delegado del CEN, no es que sea inútil, pero de poco ayuda, como pudo apreciarse en la reciente paella, organizada prioritariamente para reunir fondos destinados seguramente a un ex gobernador en desgracia, porque, así benéfico para los aspirantes y la militancia no fue.
Nos dicen que imperó el caos. Los lugares no fueron respetados, pese a haberlos vendido nada baratos, escaseó la comida y la bebida… y lo peor, a la hora del discurso reanudó a la escena un viejo e inútil tribuno tricolor con su mismo rollo expuesto desde que llegó.
«La unidad es la unidad… y como la unidad es la unidad… vivamos la unidad que nos permitirá llegar unidos a la contienda…¡Viva la Unidad!
La gente esperaba más
Diez boletos de $350, a chaleco, en un lugar atiborrado de militantes fieles a su partido, pero viviendo el desencanto. Observando al portento de la simulación, pésimo actor… una especie de vendedor de brasieres o sartenes en los programas trasmitidos por cable… con esa linda sonrisa (ajá) que a todos llena de júbilo (o yea…) porque se han dado cuenta que de una vez por todas el partido encontró el rumbo (¿adónde?).
No podía faltar el pelo en la sopa.
Ningún manchifuncionario tuvo licencia para asistir a tan soberbio acto tricolor.
La verdad… esta es una de las escasas ocasiones en que el doble manchidiscurso precedió una situación favorable. Salvó a sus entusiastas subalternos de un gasto infructuoso, aburrido y caro.
El mensaje más o menos fue en los siguientes términos: «que dice el amo que si uno de nosotros se atreve a ir a la pachanga del güerejo Cavazos, además de que lo corre, le mete sus chingadazos».
No, pues nadie fue. Imagine usted el riesgo que corría. Quedar sin chamba por ir a meterse a una fiesta de quinta, bien cara y luego teniendo al abuelito pecoso como atractivo principal. Ah, además no se iban a librar de la manchimadrina, con todo y sus zapes…
No le voy a decir que no llamaron la atención unos señores de la Policía Federal, con todo y uniforme, o que ciertos consejeros electorales (cuanto antes le tengo los nombres)…¿pues qué hacían ahí, si se supone que son imparciales?
Digamos que esta fue la carta de presentación del ex gober, ex demandado por narco y otras linduras por el gobierno panista de Calderón, aunque nunca le hayan comprobado nada.
Justificación no pedida…
Qué mal se ve el secretario de la Función Pública, Hugo René Temoltzin Carreto, exonerando con un elevado lenguaje las pifias administrativas detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Secretaría de Salud.
«Lo que estamos haciendo es homologar criterios, vamos a reivindicar el curso de las observaciones para ocupar los términos legales correspondientes para solventar”. Lo que el funcionario quiere decir es que la pifia está más que reconocida y el gobierno estatal hace lo imposible por enmendar la falta, pero esto depende de la ASF, y si sus procedimientos se lo permiten, porque el daño está causado… eso ni Dios Padre lo puede evitar.
Las justificaciones no pedidas siguieron fluyendo ayer lunes 11 de marzo, durante una entrevista con reporteros de la fuente: «no se dieron bonos…los responsables de solventar las observaciones en la Secretaría de Salud ocuparon un término inadecuado cuando el término correcto no es bonos sino compensaciones autorizadas ni por la Secretaría de Salud de Tlaxcala, ni por el Gobierno de Tlaxcala sino por la Secretaría de Salud Federal”.
Mire usted, con ese argumento el señor Temoltzin tiene que convencer pero a los sabuesos de la ASF. A nostros aquí en la hacienda nos puede dar atole con el dedo usando sus palabras domingueras. El día en que nos muestre la exoneración de esa instancia federal, entonces quedaremos convencidos que las reivindicaciones con la centaviza de origen federal, sencillamente se justifican.
Un detalle… ahí nada más para tomar nota
Funcionarios de la Secretaría de Finanzas y proveedores de la Secretaría de Salud de Puebla que estuvieron involucrados en muchas de las transas hechas durante el sexenio de Mario Marín Torres con la compra de equipo y mobiliario médico, ropa e instrumental hospitalario, medicamentos y reactivos de laboratorio, han encontrado en los gobiernos de Veracruz y Tlaxcala tierra fértil para continuar sus pingües negocios.
Tal es el caso del empresario Rafael Zabalza Beraza, quien sigue haciendo de las suyas, pero ahora en complicidad con funcionarios de los Servicios de Salud de Veracruz, donde le acaban de adjudicar un contrato por 26 millones 203 mil pesos por la adquisición de equipo médico y de laboratorio para el programa PRONAREMI.
En la amañada licitación pública internacional LPI-103T00000-003-12 participaron tres empresas: una en la que él aparece como representante legal y otras dos de las cuales los dueños o socios son empleados o prestanombres suyos.
El fallo, como se imaginará, fue para su empresa Biotecnología CADO SA de CV, en la que Rafael Zabalza figura como principal accionista y representante legal.
Pronto le daré más detalles de esta oscura licitación —cuya convocatoria se publicó el 27 de diciembre de 2012, en plenas vacaciones decembrinas—, así como los nombres de los funcionarios de Salud de Veracruz implicados en esta operación con recursos públicos federales.
Otro personaje que también está metido en sucios negocios con la compra de insumos y materiales de oficina, alimentos para hospitales y reactivos de laboratorio para el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala es Jorge Capiz Jasso, ex funcionario de la Coordinación General de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas de Puebla.
El ex funcionario marinista se desempeña en la actualidad como director de Adquisiciones Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor del gobierno de Tlaxcala.
En el gobierno de Mariano González Zarur, Jorge Capiz es un personaje con mucho poder e influencia, pues es responsable de autorizar las compras y contratos importantes de prestación de servicios de las diferentes dependencias y organismos centralizados de la administración pública estatal.