Dicen que la desaparición del inoperante Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado que preside el desprestigiado abogadete, Miguel Sánchez Ramírez, es inminente y se podría concretar en los próximos días cuando el caso llegue al Congreso del Estado.
Después de las mentiras y verborrea del ex director Jurídico de la Secretaría de Gobierno para que la mandataria autorizara a través de los diputados locales la formación de ese instituto en febrero del 2023, pero que legalmente entró a operar en este año, tiene muy pocas posibilidades de mantenerse, no sólo porque la ley que le dio vida está mal y es inaplicable, sino porque en diez meses no ha generado ninguna aportación económica a las arcas estatales.
Ese bodrio le costó a los tlaxcaltecas la nada despreciable cantidad de 18 millones de pesos que se han ido en pagar una nómina de abogados aprendices y los excesos en los que suele incurrir el trácala de Miguel Sánchez, quien ha hecho el mayor de los ridículos al prometer a la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros que en el primer año de operación generaría al menos 150 millones de pesos, lo cual resultó tan falso como el prestigio que dice tener ese abogado de cuarta.
Dicen que la decisión de su desaparición ya se tomó y que en breve se empezarán a dar las señales de que el Instituto dejará de funcionar en los últimos días de este año.
Pero no crea que el vende espejos Miguel Sánchez dejará de vivir del gobierno o renunciará a la nómina dorada de la administración estatal, porque se habla que ya se alista para asumir la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Tlaxcala, pues Rey David González González, cumplirá en este mes su periodo por el que fue designado y al parecer no existe la intención de ratificarlo por otros tres años más.
Otro asunto que también se analiza al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado es la probable licencia que se podría otorgar a la magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas a fin de integrarse de tiempo completo al Comité de Evaluación del Poder Judicial, el cual se encargará de decidir la lista de los aspirantes que podrán participar en la elección para ministros, magistrados y jueces federales.
Una pregunta que anda en el ambiente es si ahora que la Cámara de Diputados se alista a desaparecer varios órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), los legisladores locales harán lo propio con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP).
Su anulación podría implicar un ahorro para la hacienda pública estatal de más de 27 millones de pesos que es el presupuesto que dispone ese organismo en la entidad.
Las funciones y atribuciones del IAIP quizá pasen a la Secretaría de la Función Pública que está bajo la responsabilidad de María Isabel Maldonado Textle.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, confirmó que antes del 14 de noviembre se aprobará la reforma para que desaparezcan esos órganos autónomos.
Dicha reforma para eliminar a los órganos autónomos sólo necesita de la aprobación de la mayoría calificada en el Congreso y de las legislaturas estatales para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Veremos si se concreta o no esa propuesta morenista.
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