En solo dos años y cuatro meses, Lorena Cuéllar Cisneros, no logró justificar mil 106 millones de pesos.
Tan solo de 2023 no pudo comprobar adecuadamente 321 millones y entre las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destacan pagos a muertos, pagos en excesos de obras, pagos a aviadores, benefició a compadres y amigos con plazas de directivos y anomalías en sus programas sociales.
La segunda entrega de los resultados de la ASF, ha develado un grave desaseo financiero por parte del gobierno de Tlaxcala a cargo de la morenista Lorena Cuéllar Cisneros, quien durante el ejercicio fiscal de 2023 no logró comprobar el uso y destino de 321.6 millones de pesos, peor aún, estos recursos se acumulan a los 406 millones que no pudo justificar en 2022 y a los 152 millones de los últimos cuatro meses de 2021.
Para ser más específicos, la gobernadora que promulga hasta el cansancio los principios del no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, en solo dos años y cuatro meses, no ha logrado comprobar mil 106 millones de pesos, para que se dé una idea más clara, ha desaparecido 1.3 millones por día de las arcas públicas, incluyendo los sábados y domingos, porque estaríamos hablando de que para esfumarse estos recursos no descansaría ni un solo día.
Lo mismo da que compruebe el pago de salarios a muertos, pagos en excesos de obras, pagos a aviadores, haber beneficiado a sus compadres y amigos o parientes con plazas de directivos donde no medio un examen de oposición y lo más preocupante, las innumerables anomalías en los programas sociales con los que la mandataria estatal presume que apoya a los más pobres de la entidad.
Y es que el pasado 31 de octubre, la ASF cumplió con la segunda entrega de los informes de resultados de las auditorías aplicadas a diferentes programas y dependencias del gobierno del Estado de Tlaxcala que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros correspondientes al ejercicio fiscal de 2023.
Pero a pesar de que estamos a 10 meses de haber culminado ese año, la mandataria morenista no logra comprobar, no solo cientos, sino más de mil millones de pesos en escasos 28 meses de gobierno, de los cuales 321.6 millones corresponden a 2023.
Ha sido en la ejecución de obras, donde el gobierno lorenista ha incurrido en los principales daños a la hacienda pública.
Y dicen que las obras de peso sobre peso es donde abundan las anomalías, porque los costos de los trabajos sencillamente están más que inflados en más del 300 por ciento o más en algunos casos.
Las principales observaciones tuvieron que ver con las obras que fueron ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura (SI) a través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), que junto con otras dependencias, no lograron aclarar un total de 92 millones 33 mil 476 pesos.
Esto, al detectar la ASF que a pesar de que el gobierno intentó solventar los recursos de las obras auditadas, no pudieron comprobar el destino de recursos, debido a que existen obras inconclusas, carecen de evidencias fotográficas y a que no hay pruebas de laboratorio para verificar la calidad de las mismas.
Por este motivo, la ASF advirtió que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 92 millones 033 mil 476.86 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación.
Pero el gobierno del Estado de Tlaxcala también fue objeto de severas observaciones en el presupuesto asignado al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (Cecyte), pues se detectaron pago en las nóminas ordinarias y extraordinarias del personal directivo, administrativo y docente, de los cuales pagó plazas en demasía por casi un millón y medio de pesos; tres mil 472 pagos en demasía al personal directivo, administrativo y docente por más de tres millones, pero en este caso se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de tres millones seiscientos setenta y dos mil setecientos sesenta y siete pesos.
Llama la atención que en el caso del Cecyte se realizaron 15 pagos por más de 400 mil pesos a un trabajador que contó con licencia sin goce de sueldo (aviador) y un pago por casi 10 mil pesos a un trabajador después de la fecha de su defunción, se identificaron a seis trabajadores que no cumplieron con los requisitos establecidos en el perfil de puestos, los cuales recibieron pagos por más de cinco millones de pesos, es decir, que cada uno recibió algo así como 800 mil pesos al año, por lo que se trata de directivos que nunca participaron en un proceso de promoción a cargos con función directiva o supervisión en educación media superior ni participaron en la convocatoria de admisión (compadres, amigos y parientes).
En suma, el Cecyte debe aclarar casi 10 millones de pesos, la misma cantidad con la que se optó por perseguir y meter a la cárcel al ex alcalde de Zacatelco, Hildeberto N.
Algo preocupante tiene que ver con los recursos que se manejan a través de la Secretaría del Bienestar de Tlaxcala con programas como el de electrificación rural y de colonias pobres, así como el de mejoramiento de vivienda, pues a pesar de tratarse de una acción enfocada a combatir la pobreza extrema, es donde se detectó que no se aplicó adecuadamente el dinero público.
Por ejemplo, en las acciones de vivienda no se efectuaron retoque de pintura en muros interiores, solo las pintaron por fuera para tomar la foto y algunas ni eso, carece de cenefa, no realizaron el entortado en las losas, carecen de banquetas, las puertas y ventanas están descuadradas, losetas mal colocadas y muchas viviendas están incompletas, pero el gobierno justificó que pagó al 100 por ciento las obras.
Algo similar ocurrió con los mil 99 sistemas de captación de agua pluvial en los 60 municipios, donde las instalaciones se quedaron a la mitad, no colocaron canaleta pluvial y en otras los sistemas no se encontraban en operación, pero también todo fue liquidado al 100 por ciento.
En este caso, la ASF presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 63 millones 451 mil 859.64 pesos.
En fin, las irregularidades detectadas son innumerables, por lo que se iría informando detalladamente por cada auditoría aplicada.
Por lo pronto ahí está la realidad que encontró la Auditoría Superior de la Federación.
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