Ahora resulta que Claudia Sheimbaum Pardo confía más en la mafia del poder para evaluar a aspirantes a jueces, magistrados y ministros que en prestigiados abogados.
Aunque usted no lo crea, en el Comité de Evaluación se incluyó a la priista de hueso colorado y morenista de conveniencia, Mary Cruz Cortés Ornelas, la misma magistrada del Poder Judicial de Tlaxcala que en 2023 incurrió en un subejercicio de 80 millones de pesos.
Para sorpresa de muchos mexicanos, sobre todo de los tlaxcaltecas, ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que decidió emitir el acuerdo por el que se crea el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para la elaboración de los listados de las personas candidatas a participar en la elección extraordinaria 2024-2025 de ministras y ministros, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
Aunque la noticia pareciera ser benéfica por formar parte del proceso disque de limpia dentro del Poder Judicial, ahora resulta que la presidenta confía más en los integrantes de la mafia del poder para llevar a cabo este trabajo que en los verdaderos profesionales del derecho, con prestigio nacional e internacional.
Lo antes expuesto, porque resulta que entre los nombres de los integrantes del Comité de Evaluación, aparece el de la ex funcionaria consentida del ex gobernador Mariano González Zarur, Mary Cruz Cortés Ornelas, la misma que apenas en diciembre de 2023, fue duramente exhibida porque a pesar de contar con unos 100 millones de pesos para fortalecer al Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, lo único que se le ocurrió, fue comprarse una camioneta de lujo con un valor cercano a los dos millones de pesos, así como asignarse bonos millonarios y salarios estratosféricos, casualmente, de esos que dieron pie a la tan polémica Reforma Judicial de la Cuarta Transformación.
Su incapacidad para estar al frente del Poder Judicial en la entidad fue tal, que de plano no supo en qué gastarse unos 80 millones de pesos, lo cual está documentado y observado por el desprestigiado Órgano de Fiscalización Superior.
Solo para que se dé una idea, el Comité de Evaluación será el órgano encargado de revisar los expedientes de las personas aspirantes, evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificar a los prospectos mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño de su cargo y que se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de su actividad jurídica, algo que la magistrada, simplemente nunca conoció.
O cómo recordar su paso como consejera electoral, donde operaba a favor del PRI y sus candidatos, tanto que ante su buen comportamiento y obediencia, la abogada fue designada funcionaria de la administración del hacendado gobernador Mariano González, quien después la impuso como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Y nadie sabe qué hizo o qué encantos puso en práctica, pero logró que el primer secretario de Gobierno de la administración lorenista, el perdedor ex panista Sergio González Hernández, operara para convencer a la mandataria tlaxcalteca y ésta diera la orden para que el Congreso del Estado la ratificara como magistrada pese a su gris trabajo y desempeño.
Mary Cruz Cortés es una limitada abogada que sencillamente no puede con la ponencia de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado e inexplicablemente la mandan a un comité donde seguramente hará quedar muy mal a los juristas tlaxcaltecas.
Sí con esas decisiones y acciones se pretende cambiar el Poder Judicial del país, déjeme decirle que la presidenta Sheinbaum y Morena fracasarán, porque sencillamente el Comité de Evaluación carece de calidad y seriedad.
Así de fácil.
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