Ahora que los presidentes municipales y diputados de Morena se comprometieron hacer efectivo el decálogo para que ciertas acciones impulsadas por el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se cumplan en los gobiernos emanados del partido guinda, valdría la pena ver si en Tlaxcala se van a acatar porque de bote pronto pareciera que se trata de un cuento más o de una burda simulación.
Por ejemplo, en el punto cinco de ese listado de buenos propósitos se establece que: “La corrupción no se tolera. No hay cabida al nepotismo, amiguismo, influyentismo; no aviadores”.
Si será real, entonces porque la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, no aprovechó su estancia en Tlaxcala para pedirle a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros que lo cumpla y despida a su cuñado Fabricio Mena Rodríguez, quien se desempeña como secretario de Turismo.
El asunto de Fabricio Mena es un evidente caso de nepotismo si se atienden a los criterios del sistema nacional y estatal anticorrupción y a otros ordenamientos legales como la Ley de Responsabilidades, pues se trata de un pariente por afinidad de segundo grado, es decir, es esposo de la hermana de la mandataria, Karina Cuéllar Cisneros.
La dirigente nacional de Morena también le hubiera recordado a la mandataria que Morena no ve con buenos ojos que sean sus amigos los que concentran los contratos de obras a través del empresario poblano Edgar Nava García, quien prácticamente ha provocado que se margine a las empresas tlaxcaltecas.
Si los presidentes municipales tlaxcaltecas observan que el gobierno del estado no cumple con el decálogo, pues lo más seguros es que ellos también lo ignoren o digan que si lo acatarán cuando en los hechos no es así.
O será que nadie ha observado que los cuñados del eunuco alcalde de Apizaco, el morenista Javier Rivera Bonilla, son lo que recogen y disponen del dinero captado por los parquímetros que operan en la ciudad rielera y que no hay transparencia sobre el destino de esos recursos.
Ahora que los alcaldes morenistas han señalado a sus antecesores de incurrir en probables actos de corrupción y generar desfalcos en algunos ayuntamientos como Tlaxcala y Panotla, procederán contra ellos o simplemente serán exhibidos pero no molestados por la vía penal por el simple hecho de ser emanados del partido guinda.
En el ayuntamiento capitalino se dio a conocer que el alcalde Jorge Corichi Fragoso y la alcaldesa Maribel Pérez Arenas dejaron una deuda de 123 millones de pesos, mientras que la comadre de la gobernadora Cuéllar, la ex presidenta municipal de Panotla, Felicitas Vázquez Islas, también heredó problemas financieros al actual edil morenista, Idelfonso Carro Roldán.
En fin me parece que el decálogo de Morena a sus autoridades es una vacilada, ya que se trata de un documento que sencillamente nació muerto.
Una precisión
Resulta que ayer maneje que el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, intentó colarse en el presídium del evento morenista del pasado sábado, para lo cual se ostentó como presidente de los ediles de la entidad, sin embargo varios de ellos me aclararon que es falso que el hijo del ex gobernador Sánchez Anaya los represente y los encabece.
Hace unos días el esposo de la ex diputada local, Marcela González Castillo, convocó a los presidentes y las presidentas municipales a una comida para formalizar una agrupación que él pretende dirigir y presidir, pero a su convocatoria sólo fue atendida por cinco y el resto decidió ignorarla, al grado que la comida contratada para los ediles se quedó en las ollas.
A los ediles se les ha vendido la idea que si aceptan formalizar una asociación de presidentes municipales que sea presidida por Alfonso Sánchez, sus municipios se verán beneficiados a través de obras que el gobierno lorenista se comprometerá a realizar en los siguientes meses.
Otra precisión
Será hasta el viernes de esta semana cuando se sepa si los presidentes municipales de Ixtacuixtla, San Pablo del Monte, Nanacamilpa, Cuaxomulco, Lázaro Cárdenas, Muñoz de Domingos Arenas, Terrenate y Zitlaltepec acataron la instrucción de despedir inmediatamente a sus directores de seguridad por no cumplir con los requisitos que marca la ley y carecer de la certificación para desempeñar el cargo.
Hasta ahora los ediles no han emitido ninguna postura sobre el caso. Las notificaciones para acatar esa instrucción se empezaron a realizar ayer lunes y en un plazo de 72 horas, dependiendo del día en que los alcaldes hayan recibido el oficio, se sabrá si éstos cumplieron o si optaron por ignorar esa orden bajo el amparo de la autonomía municipal.
Así las cosas.
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