La patología enfermiza que muestra Marcela González Castillo para conservar el poder y ser nuevamente diputada local para seguir siendo la mandamás en el Congreso del Estado, resulta preocupante porque prácticamente se olvidó de su trabajo y responsabilidades que la actual legislatura tiene y que no son menores.

 

 

Si la nuera del ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya fuera una política profesional y una operadora responsable, más allá de andar impugnando la asignación de diputaciones locales por la vía de la representación proporcional aprobada el pasado domingo por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), con el propósito de lograr su permanencia como legisladora, debería preocuparse de los pendientes que existen en el Poder Legislativo y que resultan claves para el gobierno de su amiga y maestra la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

 

La esposa de Alfonso Sánchez García, virtual presidente municipal de Tlaxcala, no se ve como la presidenta del DIF, porque es obvio que el cargo le parece insignificante para su “capacidad y “altura política”, de ahí que ha emprendido un pleito legal para tratar de conseguir en el Tribunal Electoral de Tlaxcala su lugar en la próxima legislatura, cuando los consejeros electorales bajo el mando de Emmanuel Ávila González intentaron por todos los medios legales cumplir el capricho de esa engreída operadora del lorenismo.

 

Ojalá alguien le diga a la soberbia Marcela González que la actual legislatura tiene 18 días para aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala y un mes más para recibir la terna de donde saldrá el próximo fiscal General de Justicia que deberá ser designado a más tardar el 31 de julio.

 

La brillante operadora del lorenismo está obligada a olvidarse de sus berrinches y a regresar al Congreso del Estado para atender los temas antes mencionados y otros que resultan importantes, como nombrar al Secretario Ejecutivo del Sistema Anticorrupción y al titular del Órgano Interno de Control del mismo organismo.

 

Y si cree que son los únicos pendientes, le recuerdo que también el Congreso del Estado debe llevar a cabo el proceso de selección de dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala cuyo periodo vence el 31 de agosto.

 

Como se sabe, los magistrados María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez no fueron avalados por los actuales diputados locales para ser ratificados en sus cargos. Y aunque se espera que a más tardar el 24 de junio ambos juristas impugnen la decisión ante la justicia federal que les podría conceder o no un amparo, el proceso para elegir a los nuevos integrantes del pleno de ese tribunal seguirá su marcha.

 

Y por si lo anterior fuera poco, también los legisladores locales en funciones deberán conformar a más tardar el próximo 23 de este mes la Comisión Especial que evaluará el desempeño del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fernando Bernal Salazar, quien desde ahora está buscando ser magistrado inamovible pese a que su segundo periodo vence el 23 de octubre.

 

A lo anterior hay que agregar también la ratificación o no de Edith Alejandra Segura Payán como consejera integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, pues su plazo para desempeñar tal cargo vence el 19 de agosto.

 

Los diputados tendrán que decir previa evaluación si vuelven a designar a Segura Payán como su representante en el Consejo de la Judicatura o si nombran a alguien más para esa posición.

 

Como se podrá dar cuenta existen temas importantes y de urgente atención para los legisladores locales, de ahí que Marcela González debería reintegrarse a trabajar a la actual legislatura y “operar” eficientemente las decisiones de su jefa la gobernadora para evitar complicaciones o problemas como los que se han presentado últimamente con algunas leyes aprobados como por ejemplo la que creó el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado que fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en varios artículos.

 

Ojalá prevalezca la cordura, porque para ningún político o política es bueno que la ubiquen como obsesionada con el poder, porque sencillamente se vuelve antipática. O no.

 

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