El nuevo rostro de gobierno lorenista de recurrir al garrote y usar la ley para mandar mensajes a los adversarios ayudará en algo, es decir, con la intimidación y miedo cree que ganará las elecciones y garantizará el control del Congreso del Estado y el triunfo de Morena en la mayoría de los 60 municipios.
En lo personal creo que no. Esa ruta me parece peligrosa y hasta con efectos negativos para la gobernabilidad del estado y la imagen de la actual administración estatal.
El gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros ya tenía varios frentes abiertos, como el conflicto con un sector importante de los miembros del Sindicato 7 de Mayo, con los productores de la zona oriente del estado que están cansados de la inseguridad, con algunos transportistas que se quejan de la invasión de rutas, con los vecinos de la capital que se opusieron a la construcción del fallido Autotren, con colectivos de mujeres que se sienten ignoradas y atacadas por las actuales autoridades, con los pobladores de Tlalcuapan, una población del municipio de Chiautempan, quienes reprochan la detención y encarcelamiento de su presidente de comunidad por supuestamente ser el responsable del linchamiento de un hombre, con el malestar generalizado en torno a la inseguridad y otros más, por lo que era innecesario sumar más inconformidades y adversarios.
Si en realidad se busca aplicar la ley a los actuales ediles y a los ex ediles que incurrieron en malos manejos financieros, entonces que ese proceso sea parejo y no selectivo como se percibe que es en estos momentos, porque hasta ahorita nadie ha informado las razones por las que se detuvo al presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto N., cuando hay otros 15 alcaldes en funciones con quebrantos millonarios del 2022 y que se les ve operando impunemente para heredar a sus hermanas el cargo como es el de Tlaltelulco, ayuntamiento mal gobernado por el verde ecologista Marco Antonio Pluma Meléndez.
Y si se trata de ex presidentes municipales, la lista es más larga y con montos más importantes como el de Tzompantepec, Arturo Rivera Mora, quien pese haber generado un quebranto por más de 30 millones a las arcas del ayuntamiento, en la actualidad anda apoyando a Movimiento Ciudadano para que gane la alcaldía o el caso del perredista Eloy Reyes Juárez, presidente municipal de Apetatitlán, quien también es acusado de malversar varios millones de pesos del erario y que aun así se le ve operando a favor del aspirante del PAC a ese municipio, Azaín Ávalos Marbán.
Hace unos días el Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, máximo órgano rector en la materia, determinó girar órdenes a 19 presidentes municipales para sustituir del cargo de manera inmediata a sus directores de seguridad pública.
El plazo vence este día y se verá cuántos ediles acatan la instrucción. El primero que ya actuó fue el de Teolocholco donde fue dado de baja Gerardo Hernández, quien además se le acusa de ser negligente al permitir que su subdirector portara una arma de fuego sin estar laborando y con la que agredió a balazos unas personas que asistían a un mitin político el pasado domingo.
Sin duda este es un nuevo frente que se sumará a los que ya existen. Se trata, en caso de que se concrete, el despido de 19 jefes policiacos que obviamente saben las transas de los mandos de la Policía Estatal y que seguramente empezarán a divulgar con la clara intención de manchar y golpear la imagen del gobierno lorenista.
Los municipios que se quedarán sin director de la policía son Apetatitlán, Apizaco, Atlangatepec, Chiautempan, Contla, Cuapiaxtla, Lázaro Cárdenas, Papalotla, San José Teacalco, San Pablo del Monte, Santa Cruz Quilehtla, Teolocholco, Tepetitla, Tepeyanco, Terrenate, Tlaxcala, Totolac, Yahuquemehcan y Zacatelco.
Y aunque Huamantla no se incluyó en esa lista, ayer se procedió a la detención del jefe policiaco de ese pueblo mágico Fabián N. por el delito de usurpación de funciones, según lo confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala.
La aprehensión fue interpretada más como un acto de venganza que de justicia, pues al parecer la intención original fue inhibir la intervención de la policía municipal de Huamantla en el proceso electoral del domingo a favor del alcalde con licencia, Salvador Satos Cedillo, quien busca la reelección en el cargo.
Tal acción se presume que está dirigida y no responde a un verdadero acto de justicia, porque si eso fuera porque no hay ningún jefe de la policía estatal o elemento de esa corporación detenido por su evidente omisión y negligencia al no intervenir en el linchamiento de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por parte de habitantes de Zacatelco.
Ese acto de barbarie se cometió el pasado 8 de abril y no hay ningún detenido. Y lo que es peor, se ha protegido a los mandos de esa dependencia que ni aplicaron el protocolo en caso de linchamientos ni dieron la orden de intervenir para evitar que sus compañeros fueran masacrados a golpes y batazos.
Si el jefe policiaco de Huamantla cometió un delito que enfrente la ley, pero también debería existir esa voluntad y disposición para llevar ante la justicia a los jefes y elementos de la policía estatal que supuestamente permiten la operación de bandas criminales en Tlaxcala y que estarían recibiendo un estímulo económico para no detenerlas.
Como se podrá dar cuenta el caso de Huamantla se convierte en otro frente abierto por el gobierno estatal.
La nueva política del garrote y la justicia selectiva del gobierno lorenista puede resultar contraproducente. El cerebro y operador de esas acciones y decisiones no conoce a los tlaxcaltecas. Se equivoca y estar en Tlaxcala por cuatro años no lo hace un funcionario experimentado y capaz.
Las autoridades le están pegando al avispero y están poniendo en riesgo la gobernabilidad de Tlaxcala.
El poder no es eterno. Hoy quienes lo ejercen deben pensar que mañana dejarán, de ahí que se volverán vulnerables como en estos momentos son sus adversarios.
En fin, el que se ríe se lleva. O no.
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