La detención y traslado al Cereso de Tlaxcala del presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto N., por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades cometido en el ejercicio fiscal del 2022 al manejar indebidamente los recursos del ayuntamiento por realizar adquisiciones ilícitas y pagos de bienes y servicios sin acreditar su recepción, podría desdibujarse como un acto de justicia y convertirse en un escándalo si se comprueba que se trata de una revancha política o de venganza por parte del gobierno estatal.
En repetidas ocasiones los medios de comunicación documentaron los excesos del alcalde mejor conocido como “El Cachorro”, así como sus vínculos con presuntos delincuentes conocidos como “Los Colombianos” dedicados a la extorsión y al cobro de piso en el municipio considerado el corazón del sur.
Si Hildeberto N. abusó de la confianza e incurrió en malos manejos financieros que se le aplique la ley, pero no de una manera selectiva y dirigida como parece que se hizo en su caso.
Para empezar no es el único presidente municipal al que le reprobaron la cuenta pública del 2022, porque hubo otros quince alcaldes tlaxcaltecas a los que también se le encontraron posibles daños patrimoniales a sus ayuntamientos.
Entonces, por qué sólo se le aplica la ley de manera pronta y expedita al edil de Zacatelco. Cuándo y quién presentó la denuncia en el PGJE, por qué la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la Procuraduría General de Justicia en el Estado a cargo de Adriana Delgado Bolaños le dio prioridad a ese caso cuando hay otros 400 expedientes que tienen meses y años sin avanzar.
Por qué se decidió procesar penalmente a “El Cachorro” por los presuntos actos de corrupción que derivaron en observaciones por más de 10 millones de pesos, cuando hay otros alcaldes que también fueron señalados por incurrir en dudosos manejos financieros y cuyos montos presuntamente desviados superan a los detectados en Zacatelco.
En el municipio de Tlaltelulco que gobierna Marco Antonio Pluma Meléndez, se encontraron anomalías a la hacienda pública por casi 18 millones de pesos. En la administración municipal de Tequexquitla que preside Araceli Martínez Cortés el daño patrimonial casi se situó en 13 millones de pesos y en el ayuntamiento de Mazatecochco bajo el mando de Leandra Xicohténcatl Muñoz el quebranto fue casi de 12 millones de pesos.
Y si nos ponemos escrupulosos, hay ayuntamientos con presuntos daños patrimoniales más graves detectados en 2022. En San Pablo del Monte el edil Raúl Tomás Juárez Contreras registró un probable quebranto de más de 24 millones de pesos. También tuvo omisiones en procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública y varias situaciones fiscales indebidas.
El municipio capitalino que administraba Jorge Corichi Fragoso tuvo un probable daño patrimonial por casi 14 millones de pesos y el ayuntamiento de Yauhquemehcan que gobierna María Anita Chamorro Badillo sumó más 14 millones en observaciones que fueron consideradas como desvío de recursos.
La responsable de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Adriana Delgado Bolaños, tiene la obligación de aclarar y precisar por qué sí se procedió contra del edil de Zacatelco y por qué no se actuó igual con los otros presidentes municipales que están en la misma situación de “El Cachorro”.
El caso de la aprehensión y encarcelamiento de Hildeberto N. tiene más un tinte político y de venganza que podría salirle contraproducente al gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.
Para nadie es desconocido que “El Cachorro” decidió romper con la administración de la mandataria Cuéllar y no acatar las instrucciones del secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, sobre todo después del linchamiento de dos policías estatales registrado el pasado 8 de abril en Zacatelco.
Cómo olvidar que en una mesa de seguridad el secretario de Gobierno se comprometió meter a la cárcel a Hildeberto N., lo cual ya cumplió, sin embargo habrá que ver si realmente logra que el edil permanezca preso o éste logra su libertad en los próximos días o semanas.
Y no estoy diciendo que no se debe castigar y aplicar la ley a los alcaldes y ex presidentes municipales que presuntamente malversaron recursos públicos, sino que ese procedimiento debe estar alejado de intereses políticos o de venganza porque entonces la acción de la justicia se ve empañada y sin credibilidad.
Al gobierno de Lorena Cuéllar la detención del alcalde Hildeberto N. le podría salir muy cara, sobre todo si en la opinión pública gana la idea de que se trata de un preso político y no de un acto de justicia.
El viernes pasado le comentaba que los actuales presidentes municipales andaban inquietos porque no sabían que enfrentarían una vez que terminaran sus cargos el próximo 30 de agosto.
La respuesta la obtuvieron ayer y me parece que muchos ya se empezaron a preocupar.
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