El gobierno de Tlaxcala busca un abogado que realmente sepa de leyes y que sea buen litigante.
Son varias las derrotas y los engaños que ha sufrido el gobierno lorenista por culpa del voraz y abusivo ex director Jurídico de la Secretaría de Gobierno y frustrado encargado del inoperante Instituto Tlaxcalteca para Devolverle al Pueblo lo Robado, Miguel Sánchez Ramírez.
La más reciente tiene que ver con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó diversas disposiciones de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala.
Esa resolución ya se esperaba desde hace semanas, pues la mencionada ley no sólo contenía excesos e invadía competencias, sino que era obvio que esa norma sólo buscaba empoderar al insaciable Miguel Sánchez que, con el Instituto Tlaxcalteca para Devolverle al Pueblo lo Robado, pretendía administrar todos los bienes del gobierno de Tlaxcala, incluidos los de los organismos descentralizados, así como arrebatar a la Secretaría de Finanzas la exclusiva facultad que tienen para cobrar multas y sanciones económicas.
Los diputados locales también son responsables de ese revés, ya que sólo se limitaron a aprobar en febrero del año pasado la iniciativa preferente de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, porque salvo uno o dos legisladores que criticaron esa norma, los demás la avalaron sin revisar ni cambiarle una coma, por lo que una vez que el asunto llegó a la SCJN se comprobó que la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala estaba mal y representa un bodrio.
Tan es así que en una primera revisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó 15 artículos.
Hace unos días, el trácala y mañoso Miguel Sánchez convocó a una reunión con los jurídicos de la mayoría de las dependencias estatales y de algunos funcionarios de primer nivel encabezados por el Oficial Mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedraui, para tratar de engatusar y obtener su aval a fin de proponer cambios a la mencionada ley, sin embargo no lo logró porque hubo quien le demostró que sus modificaciones y propuestas carecían de sustento legal y que seguía violentado varias normas, situación que molestó a ese pesado abogado que de nada le sirvió alzar la voz y recitar algunas jurisprudencias para tratar de justificar su desmedida ambición.
Se dice que la gobernadora Lorena Cuéllar ya fue alertada de esas inconsistencias jurídicas y de los excesos legales que busca obtener el inepto Sánchez Ramírez, de ahí que no se sabe qué pasará con las nuevas modificaciones legales que se pretender llevar a cabo.
Y no crea que es el único asunto legal que ha complicado ese litigante “Botero” y sus asesores, pues sólo basta con revisar algunos casos para comprobar que está lejos de ser un abogado de nivel y de resultados.
Habría que preguntarle si la recuperación del mercado de Huamantla está concluida o si el asunto de los terrenos de la Central Camionera de ese pueblo mágico también está finiquitado, porque aunque se dijo que ya estaba arreglado, la verdad es que ambos casos aún enfrentan dificultades legales al existir un amparo.
El asunto data de hace más de 27 años y hasta el día de hoy persiste en conflicto jurídico, de ahí que las inversiones que se pretendían realizar se encuentran detenidas.
Otro asunto que al parecer tampoco se ha terminado del todo es el de la Central de Abastos en el municipio de Xaltocan, donde Miguel Sánchez, junto con el ex secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, sostuvieron las negociaciones con el ex funcionario orticista Jesús Luevano Escalona.
La negociación acordó el pago de 250 millones de pesos y la adquisición absoluta de toda la obra en un predio de 14.8 hectáreas. Al parecer el litigio iniciado en 2010 con las empresas Díaz Gayosso Construcciones y Proyectos, Orión Global Group y Alpha Central de Abastos Tlaxcala concluyó, sin embargo el asunto está estancado y sin avances.
Se dice que ese caso empieza a desprender un tufo a corrupción que involucraría a Sergio González y su fiel escudero Miguel Sánchez, así como a otros abogados cercanos a la mandataria estatal.
Con un abogado como Miguel Sánchez para qué quiere la gobernadora enemigos. O no.
************************************************************************