Ante la inoperancia de sus funcionarios, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros decidió atender y resolver el malestar de los elementos de la Policía Estatal, quienes tenían las intenciones de protestar por sus actuales condiciones laborales y por las malas decisiones de sus jefes que impidieron rescatar a tres uniformados que fueron linchados el pasado 8 de abril en Zacatelco, donde uno de ellos perdió la vida.
Al enterarse que hubo fallas al no programarse el aumento salarial de este año para los policías estatales, la mandataria trabajó durante el fin de semana para encontrar la solución al problema. Los uniformados recibirán en lo que resta del año un estímulo al transporte de 500 pesos para sumar en enero del 2025 un probable aumento de mil 500 pesos y otro incremento en enero del 2026 para tratar de homologar los salarios con el promedio nacional al cierre de la administración.
En la actualidad, un policía estatal percibe alrededor de once mil pesos mensuales y el objetivo de la gobernadora Cuéllar es que al final de su periodo éstos ganen cerca de quince mil pesos cada 30 días.
El rezago salarial que ha prevalecido en los últimos 20 años se buscará eliminar paulatinamente. Van dos décadas que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sólo recibían un incremento salarial del 3 por ciento en promedio al año, situación que obviamente ubicaba a las percepciones por debajo de las que se pagaban en otros estados del país.
Lorena Cuéllar también ha iniciado el proceso para aumentar la fuerza policiaca que durante el gobierno de Mariano González Zarur se decidió arbitrariamente disminuir casi en un 50 por ciento. En este año se incorporarán 120 nuevos elementos y se dotará a los agentes de nuevos uniformes y mejor equipo para llevar a cabo sus labores.
La gobernadora sostuvo ayer por la mañana un encuentro con los policías estatales para explicarles las cosas y evitar que el malestar siguiera creciendo y éste derivara en una protesta. Hizo el trabajo que debieron llevar a cabo sus funcionarios que al parecer tuvieron miedo.
Sobre el tema de los salarios y los recursos para atender el problema de la seguridad, es necesario precisar que si bien yo comenté en otra columna que nadie atendió esa situación, lo cierto es que no fue así porque el diputado local del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria, si lo hizo al grado que propuso reasignar mil millones para tratar financiar la capacitación, la contratación de más policías, mejorar los sueldos y adquirir más equipo y tecnología.
Y aunque el malestar de los policías estatales empezó a diluirse, es urgente que las investigaciones para dar contra los responsables del asesinato del taxista y del policía estatal linchado en Zacatelco se agilicen, porque nadie está conforme en que esos dos hechos queden impunes y sin castigo, sobre todo porque no hay ningún detenido.
Rumores de renuncias
Anoche empezó a correr muy fuerte el rumor que el funcionario foráneo Diego Corona Cremean que asumió hace unos meses el control de la Secretaría de Infraestructura de Tlaxcala renunció a su cargo, porque no ha podido subsanar las inconsistencias que encontró en la dependencia y porque su margen de maniobra es muy limitado.
Será en las próximas horas o días cuando se confirme si ya dejó o no la administración lorenista. Diego Corona mantiene una relación cercana con la mandataria tlaxcalteca, pues se conocen desde el 2016 cuando el primero aportó recursos para financiar su primera campaña a la gubernatura.
Corona Cremean ocupó el lugar que en octubre pasado dejó Alfonso Sánchez García, quien se separó del cargo para buscar la candidatura de Morena al Senado. De ser cierto el rumor, ese funcionario sólo duró seis meses.
Otro funcionario que está por presentar su renuncia es Antonio Martínez Velázquez, quien se desempeña como Secretario de Cultura. La más interesada en que se vaya es Helena Hernández de Valle-Arizpe, hija del ex gobernador Tulio Hernández Gómez, pues asegura que ella ocupará esa posición porque su amiga la mandataria ya se la prometió.
Ahora sólo falta esperar para ver si se confirman esas salidas, lo que obligará a la gobernadora Cuéllar a realizar ajustes en su equipo de trabajo.
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