En verdad servirá de algo que el gobierno lorenistas en complicidad con los diputados locales apresuren el procedimiento para remover al presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez, cuando faltan cuatro meses y medio para que concluya su periodo.
Las autoridades lograran tener todos los argumentos legales y las pruebas para que se haga realidad la promesa que hizo el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, a la mandataria tlaxcalteca, Lorena Cuéllar Cisneros, en el sentido de que Pérez Álvarez sería destituido y metido a la cárcel por su responsabilidad, según él, de los hechos violentos registrados en Zacatelco que terminó con la muerte de un civil y el linchamiento de tres policías estatales, uno de los cuales ya perdió la vida.
Me parece que las autoridades estatales y los legisladores locales caminan por una línea muy delgada que podría llevarlos al fracaso, porque si bien ya se pusieron de acuerdo y trabajan coordinadamente para destituir al complicado y rebelde alcalde de Zacatelco, habrá que ver si el Poder Judicial de Tlaxcala también se carga de su lado o decide mantener su imparcialidad y garantizar la correcta aplicación de la ley, ya que puede estar seguro que Hildeberto Pérez se defenderá y recurrirá a las instancias jurisdiccionales que podrían terminar dándole la razón.
No quiero decir que el edil es una blanca paloma o que es mentira que no ha hecho un pésimo trabajo en ese municipio, pero me parece que actuar en su contra por el simple hecho de no someterse a la órbita del poder del secretario de Gobierno es una barbaridad y un despropósito.
Ayer el Congreso del Estado aceptó y dio trámite a la petición de iniciar un juicio político contra el mencionado edil y de inmediato conformaron la Comisión Especial que se encargará de indagar y armar ese procedimiento, pero sencillamente nadie les va a creer que actúan con la ley en la mano si todo lo hacen fast track, porque los diputados se llevan meses o años para desahogar los casos de ese tipo.
Improvisar y recurrir a las prisas por la calentura de culpar a alguien de los lamentables sucesos de Zacatelco para tratar de limpiarse las manos los puede llevar a cometer varios errores y equivocaciones.
Por ejemplo, ayer se dio a conocer que entró en funciones en Zacatelco el Mando Coordinado declarado por el Consejo Estatal de Seguridad, con la presencia de más de 100 elementos y 17 patrullas de las áreas de Seguridad, Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) y de la Secretaría de Marina (Semar).
Habrá dos turnos y en cada uno trabajarán 50 policías estatales para una población estimada en más de 50 personas.
Es obvio que para juntar esa fuerza policiaca el torpe e ineficiente secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, ordenó disminuir la presencia de uniformados en otras zonas de la entidad, porque también destinó 17 patrullas para ese municipio del sur de estado que ocupa el lugar 18 en incidencia delictiva y que está lejos de alcanzar la cifras que reporta Tlaxcala, Apizaco, San Pablo de Monte, Calpulalpan o Chiautempan.
La difusión de la fuerza policiaca y del Mando Coordinado más bien parece una burla, porque ya que se registró un hecho vergonzoso y extremadamente violento como el linchamiento y muerte de un uniformado, ahora el Estado quiere presumir su presencia en ese olvidado municipio.
Y mientras eso sucede, el malestar e inconformidad de los elementos de la Policía Estatal va en aumento, no sólo por la mala actuación, ambición y corrupción de los jefes, sino porque al parecer no tendrán ningún incremento salarial en este año debido a que los diputados y a las diputadas que buscan la reelección y a los funcionarios de la Secretaría de Finanzas se les olvidó presupuestarlo.
Lo anterior ayer quedó claro en una mesa de trabajo presidida por la gobernadora Cuéllar, quien pidió al secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa, buscar el mecanismo para conseguir fondos y estar en posibilidades de entregar a los uniformados una compensación, bono o estímulo por su trabajo, más allá de que se les dote de uniformes y herramientas tecnológicas para llevar a cabo su labor.
Si en el 2023 sólo se anunció un aumento salarial que quedó en la promesa y en el discurso como se lo comentaba hace un par de días, en este año los policías estatales tendrán que aguantarse y seguir con su actual remuneración porque sencillamente nadie pensó en ellos durante la elaboración y aprobación del presupuesto de egresos.
El malestar existe y para comprobarlo sólo se necesita platicar con uno que otro uniformado para entender que la estabilidad es esa dependencia está sostenida por alfileres que de un momento a otro se pueden caer y derivar en protestas.
Si no me cree, puede usted leer la nota que sobre el caso aparece este día en nuestro portal para que vea que no es chisme.
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