El asesinato de una persona y el linchamiento de tres policía estatales que derivó en la muerte de uno de ellos por parte de habitantes de Zacatelco, se convirtió en un serio problema mediático que no ha dejado de golpear la imagen del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.
La percepción de que existe desorden, debilidad, falta de estrategia, descuido y desatención a la problemática social de Tlaxcala es un hecho innegable, pues los funcionarios estatales no están cumpliendo con sus tareas y funciones, de ahí que se haya vulnerado el Estado de Derecho en ese municipio del sur del estado.
Han pasado tres días de los lamentables hechos y las autoridades siguen sin dar la cara y explicar por qué falló el Protocolo de Actuación Policial para Prevenir y Atender Casos de Linchamientos, por qué había policías con labores administrativas haciendo tareas de investigación, por qué sí los elementos agredidos hacían una investigación, éstos no estaban acompañados de un agente del Ministerio Público que es un requisito indispensable para poder llevar a cabo esa labor, por qué se ignoró al presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez y a la policía de ese ayuntamiento.
Pero la realidad que le dan a la mandataria tlaxcalteca es otra, pues pareciera que le mienten durante el desarrollo de la mesa de seguridad que cada día se lleva a cabo en las instalaciones del C5i. Empezando porque le aseguran que en Zacatelco todo está en calma y que el caso del linchamiento será resuelto.
El secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, dio su palabra a la gobernadora que el presidente municipal Hildeberto Pérez no sólo será destituido porque ya tiene todo listo para hacerlo, sino que además lo encerrará en la cárcel por los hechos registrados en su población.
Una cosa es dar la palabra y ofrecer meter a la cárcel al presidente municipal de Zacatelco y otra muy distinta hacer los procedimientos legales y comprobar las faltas graves de esa autoridad para cumplir con esa promesa que se puede quedar sólo en eso.
Me queda claro que alguien falló y que uno o varios funcionarios lorenistas están ocultando información relevante, pues hasta ahora nadie ha justificado y explicado por qué se retrasó la implementación del mando coordinado de seguridad en Zacatelco y por qué se trata de culpar de lo sucedió la noche del pasado lunes ocho de abril en la Sección Quinta del mencionado municipio al edil, quien ya aclaró que el operativo fue responsabilidad absoluta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que está bajo el mando del ineficiente Alberto Martín Perea Marrufo.
Las críticas y señalamientos contra el gobierno de Lorena Cuéllar no han parado localmente y nacionalmente, incluso en el extranjero donde también se replicó la noticia de los censurables hechos.
Y a pesar de lo anterior, se opta por privilegiar a un solo medio de Tlaxcala para darle la foto y la exclusiva sobre la visita que hizo ayer la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros al policía estatal de apellido Portillo, quien permanece en terapia intensiva con los riñones reventados, con ventilador para respirar e intubado.
Ese policía que también fue linchado tiene una mínima esperanza de vida y lo grave es que los médicos no le pueden tomar una tomografía que necesitan, porque el aparato que se localiza en el Hospital General “Anselmo Cervantes Hernández” tiene once meses descompuesto y el paciente no se puede mover a otro lado porque puede sufrir un infarto.
El tomógrafo de este importante hospital no se puede reparar por la burda disputa que sostiene el representante del IMSS-Bienestar, Gabriel Gutiérrez con el soberbio secretario de Salud de Tlaxcala, Rigoberto Zamudio.
De sobra está decir que los familiares reprobaron la visita de la mandataria y que lejos de sentirse acompañados, se sintieron usados para tratar de mejorar la deteriorada imagen de la gobernadora Cuéllar.
Ahora que la Procuraduría General de Justicia en el Estado investiga el caso al igual que la Fiscalía General de la República, se espera que se aclare el asunto y de paso se obtenga información que conduzca a ubicar la operación de bandas criminales en Zacatelco, como la de “Los Colombianos” y otras más que estarían ligadas a un ex presidente municipal, a un diputado local en funciones y a un ex poderoso funcionario estatal que operaría a través de su hijo.
Algo está pasando en el gobierno estatal que los problemas se están dejando crecer, por ejemplo los productores del oriente de la entidad que se manifestaron el martes para exigir que se detenga y se castigue a los delincuentes que constantemente operan en la zona fueron ignorados por el torpe Norberto Sánchez Briones, director de Gobernación de la Secretaría de Gobierno, lo cual ayer también replicó con el caso de los transportistas del sur de la entidad que bloquearon por varias horas la carretera federal Puebla-Tlaxcala.
La inconformidad de varios grupos y sectores va en aumento y si ésta no es atendida, no dude que empiecen a surgir paros, manifestaciones y protestas. Por ejemplo, los policías estatales están más que encabronados no sólo porque los engañaron con el aumento salarial que en mayo del año pasado anunció Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, durante la inauguración y puesta en marcha del C5i (Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia), sino por el descuido y desinterés que se mostró de Perea Marrufo para rescatar a los uniformados que estaban siendo linchados en Zacatelco.
El proceso electoral es un buen pretexto que utilizan ciertos grupos para generar desmanes y por lo que se puede observar, es muy probable que éstos aparezcan y hagan de las suyas, sobre todo porque cada vez se percibe más débil al gobierno de Tlaxcala.
Al gobierno lorenista le urge encontrar la brújula y sobre todo ubicar a alguien que sea capaz de atender y resolver los problemas antes de que estos se salgan de control.
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