Si en estricto sentido se aplicará las resoluciones del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) sobre los registros de los candidatos a diputados locales que avaló y los que no permitió por mostrar inconsistencias, se tendría que llevar a cabo sustituciones de varios aspirantes a ese cargo, sin embargo al parecer el organismo electoral ya se ablandó y saldrá con el cuento que ya se corrigieron los errores y que las listas no sólo quedarán casi igual, sino que serán aprobadas.
Sin embargo, se espera que haya uno que otro partido que impugne esos registros a fin de exhibir en el Tribunal Electoral de Tlaxcala o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que los dóciles y sumisos consejeros del ITE por parciales y por estar al servicio de Morena y sus aliados.
Por ejemplo, los candidatos a diputados locales Aurora Villeda Temoltzin y José María Méndez Salgado fueron registrados por sus respectivos partidos políticos para cumplir con la acción afirmativa en favor del sector de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales, Intersexuales y Queer (LGBTTTIQ+), pero resulta que los integrantes de esa comunidad los desconocen como parte de su sector, ya que no tienen trabajo o algún antecedente de haber pertenecido a su colectividad.
La primera representa la candidatura común a diputada local de Morena y sus aliados en el distrito 05 con cabecera en Panotla, mientras que el segundo es el abanderado del PAN y el PRI a la nominación de legislador por el distrito 10 de Huamantla.
Se dice que en los registros que terminará autorizando el ITE habrá varias inconsistencias y que éstas pronto se harán públicas al exponer casos de personas con discapacidad permanente que al parecer no la tienen, pero que sin embargo fueron inscritos para cumplir con otra acción afirmativa impuesta por la autoridad electoral.
Y ahora que hablamos de las acciones afirmativas, le cuento que en los 60 ayuntamientos los partidos políticos y la coalición del PAN y el PRI en 42 de los 60 municipios de la entidad estarán obligados a cumplir con ciertas cuotas.
Es decir, los partidos que vayan solos deberán registrar 12 planillas que sean encabezadas por jóvenes, de las cuales 6 deberán ser para mujeres y 6 para varones. Además, tendrán que nominar a cinco aspirantes indígenas, es decir 3 damas y 2 hombres.
Por lo que respecta a la comunidad LGBTTTIQ+, los partidos tendrán que postular como presidentes municipales a dos miembros de ese sector en igual número de ayuntamientos. Y todos deberán garantizar que una planilla a una alcaldía sea presidida por una persona con discapacidad.
En esa elección la acción afirmativa de migrante no fue impuesta.
Y aunque muchos dirán que los porcentajes no son complicados de cumplir, en realidad sí lo será y más cuando esos criterios se deberán seguir para los candidatos a las presidencias de comunidad que forman parte de los cabildos.
Por ejemplo, en el caso de Ixtacuixtla que tiene 22 presidencias de comunidad, los partidos estarán obligados a registrar a cinco jóvenes, 2 indígenas, 1 miembro del sector LGBTTTIQ+ y un discapacitado para cumplir con las acciones afirmativas, porque de lo contrario esas candidaturas no serán aceptadas por el ITE.
Si los partidos políticos sufrieron para cumplir con las acciones afirmativas para los aspirantes a diputados locales, estoy seguro que para integrar las planillas a los ayuntamientos y las presidencias de comunidad enfrentarán grandes dificultades.
La mano del gobierno en la elección
Si la sospecha de que el gobierno del estado tiene metidas las manos en las elecciones es cada vez más creciente, ahora los partidos de oposición a Morena empiezan a tener elementos para lanzar acusaciones y señalamientos, sobre todo cuando se ve cerca de las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones al torpe ex consejero electoral y hoy director de Gobernación de la Segob, Norberto Sánchez Briones.
Los aspirantes a diputados locales y a presidentes municipales no acuden a las oficinas del Morena a recibir instrucciones o indicaciones, sino que acuden a las oficinas de la Segob, donde son apapachados, regañados o asesorados por el titular de esa dependencia, Luis Antonio Ramírez Hernández.
La oposición ha sido pasiva y hasta permisiva para no denunciar la injerencia de la administración lorenista en los comicios locales, sin embargo eso no quiere decir que no vaya a realizar acusaciones, denunciar anomalías y a presentar las denuncias correspondientes, sobre todo cuando existe la sospecha que se utiliza el aparato gubernamental para amedrentar o desanimar a los adversarios como supuestamente sucedió la semana pasada contra el alcalde con licencia de Huamantla, Salvador Santos Cedillo, quien busca la reelección.
La Segob reveló que ya solicitó a la PGJE iniciar una investigación para sancionar a los responsables de la elaboración y difusión de una grabación falsa de una supuesta conversación entre el titular de la mencionada dependencia y la diputada morenista Marcela González con el propósito de perjudicar las aspiraciones reeleccionistas de Salvador Santos
Ojalá el caso sea investigado y se aclare si la grabación es real o falsa, porque existe la duda si la administración estatal emprendió o no un complot contra el alcalde de Huamantla.
La realidad es que el caso de la detención del hermano de Salvador Santos por estar involucrado en un secuestro y un asesinato de un empresario del pueblo mágico tuvo un pésimo manejo mediático que no sólo generó confusión, sino que enturbió el desarrollo de las elecciones.
Lo cual no ayuda a nadie.
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