Las acciones afirmativas que impuso la autoridad electoral a los partidos políticos para garantizar la inclusión de minorías y de ciertos sectores de la sociedad en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos tlaxcaltecas, se han convertido en un severo problema porque al parecer casi todos los institutos políticos están sufriendo para cumplir con ellas.
Al vencer el plazo para que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobara los registros de los aspirantes y las aspirantes a las diputaciones locales, se determinó que el único partido que cumplió con las acciones afirmativas fue Movimiento Ciudadano, porque el resto de los partidos (diez) recibió un plazo de 48 horas para corregir sus inconsistencias con la advertencia de que se podrían quedar sin candidatos si no subsanan los errores.
El ITE decidió entrar a una zona pantanosa de la que quizá no salga tan bien librado, pues de acuerdo con la información que se conoció durante la sesión del pasado martes, se sabe que los “imparciales e impolutos” consejeros electorales detectaron que algunos candidatos y candidatas a legisladores locales habrían presentado documentos alterados o falsos para acreditar supuestas discapacidades o que hubo otros que fueron inscritos en cumplimiento de una acción afirmativa (Indígena, discapacitado, migrante, joven o representante de la comunidad LGTBIQ+) sin realmente tener esa característica.
Si los consejeros electorales detectó esas serias anomalías, no sólo están obligada a dar parte de las autoridades competentes para que se proceda conforme a la ley, sino que debería impedir su participación en los comicios porque es obvio que pretendieron hacer trampa para competir y tratar de obtener un espacio de representación popular.
Es probable que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones bajo la batuta del manipulable Emmanuel Ávila González, opte por solapar los intentos de trampas de algunos aspirantes y permita que sigan en la competencia si sus respectivos partidos corrigen o modifican la lista de los candidatos que registraron para acreditar las acciones afirmativas, pero todo podría cambiar si algún instituto político impugna esa decisión y demuestra que uno o varios aspirantes mintieron y presentaron documentación falsa.
La autoridad electoral no puede aceptar que un aspirante registrado bajo una acción afirmativa siga como candidato cuando éste no cumplió con los requisitos, es decir, que el partido que lo postuló decida mantenerlo como aspirante pero sin la acción afirmativa porque ahora esa modalidad fue asignada a otro abanderado de la lista original que se presentó.
No me lo crea, pero se habla que algunos partidos de oposición tiene acreditadas y documentadas varios casos de anomalías de los candidatos de Morena y sus aliados, por lo que éstos podrían llegar a los tribunales a fin de solicitar la cancelación de esos registros que serían irregulares.
La posibilidad de que Morena y sus aliados se queden sin algunos candidatos es real y los errores en los registros y del cumplimiento de las acciones afirmativas son exclusivos de los operadores y encargados de llevar a cabo esa tarea como la diputada con licencia Marcela González Castillo y el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández.
Dicen que si alguien se empeñó en llevar a sus amigos a la reelección como diputados locales y a imponer a varios candidatos a presidentes municipales es la engreída Marcela González, púes según ella forman parte del ejército de guerreros y guerreras que ayudarán a que su marido Alfonso Sánchez García se convierta en el próximo gobernador de Tlaxcala.
El único partido que no tiene problemas es Movimiento Ciudadano que cumplió con todas las disposiciones y criterios de la autoridad electoral, situación que complica el escenario para los demás institutos políticos que no les queda otra más que tratar de subsanar sus inconsistencias si es que no quieren quedarse sin candidatos.
Los consejeros electorales le cargaron la mano al PRI, pues determinaron bajarle a cuatro aspirantes (Héctor Martínez Zamora, Noé Parada Matamoros, Sandra Cortés Águila y Damaris Cortés Ramírez) lo curioso es que se trata de candidatos competitivos, lo que hace sospechar que el ITE está siendo un buen aliado de Morena.
Si los partidos políticos están teniendo serios problemas para conformar su lista de candidatos a diputados locales, no quiero imaginar qué pasará con la integración de las planillas de los ayuntamientos en donde también estarán obligados a cumplir cuatro de las cinco acciones afirmativas.
Al parecer, la acción afirmativa de incluir un migrante en los cabildos no se aplicará para la elección de los 60 ayuntamientos de la entidad.
Ahora, sólo falta esperar que venza el plazo que otorgó el ITE a los partidos políticos para corregir y subsanar las anomalías en los registros de los candidatos a diputados locales para comprobar si los consejeros aplicarán la ley o si optarán por permitir y solapar las trampas en las que incurrieron ciertos aspirantes, lo que confirmará que la autoridad electoral en Tlaxcala no es imparcial y que no garantiza la legalidad.
O no.
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