Las marchas para conmemorar el 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer llevan dos años siendo violentas y hoy que será la tercera en la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros se espera que se repita esa conducta.
No se sabe que tan agresiva o no será la protesta de este día, pero es obvio que los adversarios de la mandataria saben que hay elecciones federales y locales, lo cual tratarán de aprovechar para deslegitimar y golpear a la actual administración.
Y aclaró, no todas las mujeres y grupos y colectivos feministas recurren a la violencia para expresar su enojo por las desigualdades que enfrentan, el acoso sexual y laboral que sufren en el trabajo y en instituciones educativas, así como la agresividad que padecen en una sociedad que se resiste a cambiar y dejar prácticas añejas.
Su lucha y su movimiento son legítimos y válidos. Nadie en su sano juicio podría estar en su contra, sin embargo eso no quiere decir que haya personas que ocupen el momento y la movilización para vandalizar.
Siempre hay mujeres y jóvenes infiltrados que su objetivo es generar caos y llevar a cabo actos de provocación para que el gobierno reaccione y la policía intervenga para garantizar el orden.
Van dos años que ciertos grupos que participan en la marcha y que llegan al Palacio de Gobierno para protestar generan violencia y esta ocasión no será la excepción. Desde ayer en la tarde, en que se inició con la colocación de las vallas metálicas para proteger el inmueble, empezaron a correr mensajes a través de las redes sociales para denunciar, según ellos, el comportamiento hostil de las autoridades y su rostro represor.
Nada más lejos de la realidad que esa narrativa que insiste en dibujar a un gobierno estatal represor, intolerante y enemigo de las mujeres. Estoy convencido que la postura de la administración lorenista de poner vallas no es para impedir el diálogo o escuchar las demandas de las feministas o para agredirlas, sino más bien busca exclusivamente proteger el patrimonio histórico de la capital.
La libertad para manifestarse, protestar y llevar a cabo las movilizaciones está garantizada y el gobierno estatal nunca ha atentado contra esos derechos, pero como autoridad debe garantizar la paz social y la tranquilidad.
Quizá la operación política del gobierno ha fallado para tener acercamientos y establecer los canales de comunicación con los colectivos y organizaciones feministas, pero eso no quiere decir que no haya voluntad y disposición y muchos menos que se asegure que la gobernadora Cuéllar está cerrada a ver y atender la problemática de las mujeres.
Hay que decirlo una y otra vez, los funcionarios lorenistas fallaron y no hicieron su trabajo, situación que termina golpeando a su jefa porque es la que recibe todos los señalamientos.
Ahora sólo queda ver cómo se desarrolla la marcha y qué hechos violentos se reportan.
Por lo pronto los policías tlaxcaltecas que intervendrán ya fueron adiestrados para no caer en excesos o en el uso excesivo de la fuerza.
Veremos si acatan esa instrucción. Sobre todo, porque seguramente será inevitable la confrontación, tal y como ha pasado en los últimos dos años.
Esperemos que la violencia, en caso de que se registre, no sea exagerada y nuevamente coloque a Tlaxcala en la escena nacional como pasó el año pasado.
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