A diez días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, existen dudas sobre cuál será el rostro que tendrán las marchas en Tlaxcala del próximo 8 de marzo, sobre todo porque en los últimos dos años la violencia ha estado presente.
Las mujeres tlaxcaltecas han aprovechado tal fecha para instalar el tendedero de denuncias en donde exponen casos de acoso, violencia, abusos de autoridades y otros señalamientos más que, si bien no culminan con algún resultado como el despido o el inicio de un procedimiento administrativo o penal, si sirve para exponer a los varones que usando su posición atropellan o se extralimitan con la féminas.
En el 2022 y en el 2023 la estrategia del gobierno estatal falló o simplemente no fue la adecuada para atender las demandas de los grupos y colectivos feministas, ya que la marcha terminó en actos violentos y en un enfrentamiento con elementos de la policía estatal.
En la protesta del 2022, las autoridades estatales emplayaron con plástico el Palacio de Gobierno, lo que fue considerado como una provocación para las mujeres, quienes durante la manifestación la emprendieron contra la fachada del inmueble, el piso del zócalo y el kiosco del zócalo que fue vandalizado.
No se pudo instalar una mesa de diálogo con los colectivos y grupos inconformes, de ahí que los funcionarios encargados de atender y resolver la problemática de las mujeres fallaron.
El año pasado la administración estatal decidió invertir varios millones de pesos en vallas metálicas para resguardar Palacio de Gobierno, situación que nunca antes se había visto y que obviamente terminó por encender los ánimos de las mujeres tlaxcaltecas que protestaron el 8 de marzo.
La marcha se salió de control cuando el gobierno estatal intentó desalojar a las mujeres del primer cuadro de la ciudad con un camión antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que lanzaba chorros de agua a presión.
Van dos años que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Tlaxcala se torna violenta, por lo que hoy no se sabe cuál será la estrategia de las autoridades para evitar actos vandálicos y establecer una mesa de diálogo que permita una marcha civilizada.
Aún no se sabe si el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros optará por volver a blindar el Palacio de Gobierno con las vallas metálicas que compró o si recurrirá a otra medida que no sea interpretada como una provocación para las mujeres que siempre han ejercido su derecho a manifestarse y a expresar con libertad sus casos de acoso, abuso y excesos que se pudieran haberse cometido contra una fémina y que requiera la atención de las autoridades.
Luis Antonio Ramírez Hernández y Alberto Perea Marrufo, secretarios de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, respectivamente, son ahora los encargados de atender y garantizar la seguridad de la protesta del próximo 8 de marzo.
El primero no garantiza ser un buen interlocutor con los grupos feministas y el segundo mostró que carece de carácter y experiencia para contener protestas, como se pudo comprobar el pasado 18 de febrero cuando el presidente de México, Andrés López Obrador, encabezó un acto oficial frente a la Iglesia de San José, ya que la Marcha por la Democracia que llevaron a cabo militantes del PRI, PAN, PRD y ciudadanos tlaxcaltecas avanzó hasta donde quiso y no tuvo problemas para montar en el zócalo capitalino los vehículos que transportaban los equipos de sonido que utilizaban los participantes de esa caminata.
Los colectivos feministas no ven en el gobierno de Lorena Cuéllar un aliado. Al contrario, lo visualizan como un adversario y hasta enemigo de las mujeres, de ahí que descarte que la marcha del próximo 8 de marzo se lleve a cabo con civilidad como todos quieren y desean.
Ese día se espera que un grupo de mujeres proteste por las dudas que siguen sin aclarar en torno a la muerte de la empresaria pastelera, Donaji M., dueña de “Donna.mx”. Trascendió que la familia ha recolectado evidencias y testimonios que ponen en duda que ella se quitó la vida como concluyó la Procuraduría General de Justicia en el Estado.
Seguramente este será un caso que volverá a plantearse en la mencionada marcha, al igual que otros más que siguen sin encontrar justicia o una respuesta por parte de las autoridades.
Es cuestión de días para saber cuál será el rostro que pondrá el gobierno de Tlaxcala el próximo 8 de marzo.
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