Un pleito legal que existe sobre un a propiedad donde opera una gasolinera en el municipio de Cuapiaxtla podría exponer un caso de corrupción que, en caso de ser comprobado, dejará muy mal parado al actual coordinador estatal de Protección Civil de Tlaxcala, Juvencio Nieto Galicia, quien sencillamente no puede deshacerse del estigma de mal funcionario que lo persigue desde hace varios meses.
Un Juzgado de Distrito ya solicitó a la Coordinación Estatal de Protección Civil un informe justificado sobre la clausura de una estación de venta de combustible, la cual estaría operando de manera irregular porque la propiedad se acreditó con un poder notarial que perdió vigencia hace 25 años cuando el otorgante de ese documento murió.
A finales de enero del 2022, los funcionarios estatales llevaron a cabo una inspección en la gasolinera de Cuapiaxtla denominada “La Más Barata”, misma que terminó en una clausura al comprobarse que carecía de documentación legal y de las medidas de seguridad.
La acción de las autoridades estatales se logró gracias a una denuncia. De acuerdo con una nota publicada por el periódico El Sol de Tlaxcala, la Coordinación Estatal de Protección Civil llegó a la conclusión que “la estación de hidrocarburo no contaba con los permisos ante las instancias legales para su correcto funcionamiento”.
Sin embargo, la mencionada gasolinera ubicada a un costado de la carretera federal México-Veracruz, en el kilómetro 159+900, volvió a operar bajo el aparente manto protector del funcionario Juvencio Nieto que cambió de opinión y reconoció la validez de un poder notarial que de acuerdo con el Código Civil dejó de tener efectos legales.
Hasta donde se tiene conocimiento, esa gasolinera está usando el permiso de venta de combustible cuya titular es una mujer que murió hace 25 años.
Como se sospechó que hubo un arreglo irregular entre un particular y las autoridades, el pleito llegó a la justicia federal que ya analiza el caso y que está solicitando a la dependencia estatal un informe justificado que será clave para que se emita un fallo, el cual podría ser negativo para el desempeño de Juvencio Nieto.
Pronto se sabrá en que termina ese caso que amenaza con dejar muy mal parado al coordinador estatal de Protección Civil de Tlaxcala.
Y ya que hablamos de posibles casos de corrupción en la administración estatal, le cuento que existe un grupo de empresarios tlaxcaltecas dueños de hoteles y moteles que está inconforme con el proceder y multas que les ha venido imponiendo la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST).
De acuerdo con la versión de algunos de ellos, las inspecciones del personal de esa dependencia a cargo de Mónica Yazmín Jiménez Gutiérrez son exageradas porque van encaminadas a presionar a los propietarios de esos establecimientos a fin tener arreglos en lo oscurito que en detectar supuestas anomalías en la operación de esos negocios.
Para evitar la clausura, según estos empresarios, han tenido que entregar recursos económicos que obviamente no van a parar a las arcas del gobierno, sino a las bolsas de los voraces funcionarios de la COEPRIST.
Lo malo, según los supuestos afectados, es que las “mordidas” se han venido incrementado sustancialmente en las últimas semanas, al grado que resultan impagables porque los negocios no dan para cubrir esas cuotas, de ahí que ya se están organizando para exponer el caso a los jefes de Mónica Yazmín Jiménez y lograr que éstos le pongan un alto.
No es la primera vez que la funcionaria se ve envuelta en acusaciones de corrupción, pues en agosto del año pasado fue expuesta por varios ex trabajadores de la COEPRIST que dieron detalles y elementos para iniciar una investigación, la cual nunca prosperó porque Eréndira Cova Brindis, secretaría de la Función Pública, no mostró ningún interés sobre esos señalamientos.
Es cuestión de tiempo para que el caso se haga público.
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