El secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Alberto Martín Perea Marrufo, aún cuenta con algunos días para pensar sus respuestas que justifiquen por qué en diciembre y en lo que va de enero los delitos se han disparado, pues seguramente los indicadores demostrarán qué algo pasó porque los criminales se encuentran imparables.
A lo largo de casi dos años las autoridades estatales nos han venido machacando que Tlaxcala es de los estados más seguros del país, situación que en nada o muy poco ha cambiado la percepción del imaginario colectivo que ve otra realidad.
Los ciudadanos y las ciudadanas se sienten cada vez más inseguros debido a que los robos de automóviles con violencia van incrementándose, así como los homicidios dolosos, el atraco de transporte en carreteras y otros delitos más que cada día se cometen en la entidad con absoluta impunidad.
Alberto Martín Perea ya tiene seis meses en el cargo y es hora de que dé la cara y asuma la responsabilidad. Debe demostrar con hechos y datos en qué nos ha beneficiado su llegada, la cual estuvo acompañada por una base de operaciones de la Marina que prácticamente ha pasado desapercibida.
En un hecho que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha sido incapaz para detener a la banda o bandas de criminales que desde diciembre viene o vienen operando por todo el territorio tlaxcalteca, cuyos maleantes se dedican a despojar con violencia unidades automotoras que a los pocos minutos de haberse cometido el robo desaparecen y son ilocalizables.
También resulta extraño que las autoridades sólo detengan el tráfico de personas, especialmente de migrantes, cuando son alertadas a través del 911, porque de no ser así es obvio que las unidades utilizadas para trasladar a ilegales por las carretas tlaxcaltecas no son molestadas, como se pudo comprobar ayer cuando los vecinos de la segunda sección del municipio de Cuaxomulco reportaron la presencia de tractocamiones con más de 700 individuos que fueron bajados en una bodega.
Sólo así la policía estatal intervino y presumió el rescate de más de 700 migrantes y la detención de cinco personas involucradas en ese ilícito.
Es curioso, pero lo mismo sucedió con el aseguramiento de un inmueble en la comunidad de Atotonilco, municipio de Ixtacuixtla, que almacenaba clandestinamente gas LP que presuntamente era extraído ilegalmente de ductos de Pemex.
Se dice que la bodega que guardaba tanques de gas con diferentes capacidades de doce mil 500 litros, cinco mil litros, tres mil litros y de mil litros, más una motobomba, operaba sin problemas y ante los ojos de todos, sin embargo un reporte al 911 que alertó sobre un incendio al interior del mencionado inmueble permitió detectar y posteriormente asegurarlo por parte del Agente del Ministerio Público Federal.
Pareciera que los delincuentes y maleantes operan sin problema y que los elementos de la policía estatal nunca ven nada hasta que los casos se notifican al número de emergencia 911 que curiosamente alerta sobre el hecho y obliga a los guardianes del orden a intervenir.
Quizá por esa razón dicen que Alberto Martín Perea ha solicitado a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y al actual secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, el control de C5i que opera bajo el mando de Max Hernández Pulido, titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tlaxcala.
En fin, el secretario de Seguridad Ciudadana tendrá muchas cosas que explicar en los próximos días, porque alguien deberá asumir la responsabilidad del incremento de algunos delitos y por supuesto que no será el secretario de Gobierno y mucho menos la gobernadora.
Esperemos a conocer las cifras y veremos qué nos dice el gris funcionario.
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