Aunque el gobierno estatal se apresuró a festejar su triunfo de entregar el poder del Sindicato 7 de Mayo a la familia Erazo Rodríguez que logró imponer a su hija Karina Erazo Rodríguez como dirigente, en los hechos un número importante de burócratas desconoció a la ahijada de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros como su líder, por lo que han decidido fundar un nuevo gremio ajeno a esquiroles o representantes a modo de las autoridades.
El grupo de Enrique Escobar Cortés sabe que las posibilidades de mantener el pleito legal por la dirigencia del 7 de Mayo está perdido, debido a errores que habrían cometido sus abogados, sin embargo no está dispuesto a rendirse y emprenderá la difícil tarea de conformar un nuevo sindicato que enfrentará los obstáculos y trabas que les imponga el desprestigiado Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado (TCyA).
Si el secretario de Gobierno, el morelense Luis Antonio Ramírez Hernández y el Oficial Mayor de Gobierno, el poblano Ramiro Vivanco Chedraui, piensan que el conflicto ya se resolvió y que la mandataria Lorena Cuéllar no enfrentará protestas y rechiflas por haber cumplido su promesa de devolver el mencionado sindicato a sus compadres Guadalupe Rodríguez y Pedro Erazo, se equivocan porque será cuestión de tiempo para que la mujer más votada de Tlaxcala sienta el desprecio de los burócratas.
Antes de tomarse fotos con sus sonrisas colgate, ambos funcionarios debieron preguntar a Karina Erazo cómo le fue el pasado martes en las dependencias en donde se presentó como dirigente o a su grupo de esquiroles que hizo lo propio en otras áreas de la administración estatal, pues en todos lados fueron rechazados y abucheados. La tensión fue tan grande que en algunas oficinas estuvo a punto de estallar la violencia, de ahí que es un error cantar victoria cuando el conflicto seguirá vigente.
Sólo es cuestión de tiempo para conocer cuál será el rumbo que tome ese problema.
En la actual administración estatal se ha optado por prolongar los conflictos y evitar las soluciones definitivas.
La toma de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública por parte de 50 sindicalizados encabezados por Wendoline Amaro Ramírez que se sumaron a la demanda de 20 trabajadoras de la Contraloría Interna que exigen la destitución del titular de esa área, Edmundo Vázquez José, por ser un acosador laboral y sexual, es la mejor prueba de lo anterior.
Aunque los secretarios de la Función Pública y de Educación, Eréndira Cova Brindis y Homero Meneses Hernández, sostienen que no hay elementos para remover al funcionario señalado, la realidad es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sí encontró indicios y evidencias de que las acusaciones contra Edmundo Vázquez son ciertas, pues las pruebas sicológicas que se hicieron a las trabajadoras así lo demostraron y sólo es cuestión de tiempo para que salgan a relucir grabaciones y mensajes que demuestran que el gobierno lorenista protege a un acosador.
El silencio cómplice de la CEDH es inexplicable, porque también hay evidencias de que ese organismo autónomo también se niega a emitir una resolución cuando ya tiene los elementos necesarios para fijar una postura.
Me parece que la dirigente sindical de una delegación del SNTE, Wendoline Amaro, abusa y aprovecha cualquier asunto para generar problemas en esa dependencia, sobre todo para golpear a Homero Meneses, funcionario con el que tiene serias diferencias.
El conflicto en la Contraloría Interna empezó en noviembre y se ha prolongado hasta enero de este nuevo año. La toma de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública me parece exagerada por parte de los trabajadores, pero también creo que por parte del gobierno existe debilidad y que se carece de talento para solucionar un conflicto que, como se puede ver, viene creciendo.
Sólo porque la secretaria de la Función Pública, Eréndira Cova, insiste en que Edmundo Vázquez es inocente y un ejemplar funcionario, lo cual está en duda por los resultados que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos que no se sabe si los dará a conocer o terminará ocultando la información para demostrar que el organismo es un aliado del gobierno y no de las posibles víctimas.
Anoche la dependencia afectada reveló a través de un comunicado de prensa que presentó una denuncia penal contra los que resulten responsables por el cierre de las oficinas de la SEP. El rostro de la intolerancia y la represión del gobierno lorenista nuevamente se asoma y no sería raro ver que se recurra a presuntas órdenes de aprehensión para tratar de arreglar un conflicto con intimidación ante la poca capacidad del gobierno para poner fin a un problema que dejó crecer por su torpe forma de operar.
Me queda claro que la ley y las instituciones están convertidas en los mejores aliados de un gobierno estatal que no puede resolver conflictos.
Estamos jodidos.
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