Con total sigilo se lleva a cabo la puesta en marcha del Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, el cual aunque no lo crea tendrá las mismas áreas y departamentos con que operan muchas las secretarías del gabinete estatal que al final no sirven de nada porque sus resultados son mínimos o limitados.
Hasta donde se sabe, dicho Instituto tendrá como responsable a Miguel Sánchez Ramírez, ex director Jurídico de la Secretaría de Gobierno, quien ya se frota las manos para administrar o ejercer casi 30 millones de pesos de todos aquellos bienes asegurados, abandonados, decomisados o productos de extinción de dominio en poder del Ejecutivo estatal.
Ese voraz abogado que con el aval de su anterior jefe de la Secretaría de Gobierno, el ex panista fracasado Sergio González Hernández, intervenía a través de intermediarios en los juicios laborales que enfrentaba el gobierno para llegar a acuerdos y pagar laudos donde se llevaba una buena comisión, será el responsable de otra área de la administración estatal que seguramente se convertirá en un elefante blanco porque terminará haciendo negocios para beneficiar a los amigos y a los recomendados.
Y cuando me refiero que será una instancia que no se justifica o que no sirve para nada, es porque a más de dos años del gobierno lorenista nadie se explica que hace o para qué sirve la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica Tlaxcala en manos de Neri León Sauza, pues no ha aportado nada para armar expedientes contra ex alcaldes acusados de malversar recursos públicos o para alertar de posibles actos de corrupción que se están llevando a cabo porque todos saben que hay compras con sobreprecios, que se pagan obras sin ejecutar y otras anomalías más que nadie está investigando.
El Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado no sólo regulará la administración y destino de los bienes, activos y empresas asegurados y decomisados en los procedimientos penales, sino los recibidos en dación en pago para cubrir toda clase de créditos a favor del gobierno de Tlaxcala, de sus entidades o dependencias, incluyendo los puestos a disposición de la Secretaría de Finanzas o de sus auxiliares legalmente facultados para ello.
Todos esos bienes, de acuerdo con la ley, deberán ser transferidos al Instituto, el cual podrá administrar, enajenar, usar, usufructuar, monetizar, dar destino o destruir directamente los bienes, activos o empresas que le sean transferidos o nombrar a las personas que funjan como depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los mismos, así como encomendar a terceros la enajenación y destrucción de estos.
Para llevar a cabo su nueva encomienda, el insaciable Miguel Sánchez estaría integrando un equipo de confianza de él y del frustrado Sergio González. Trascendió que a la par que él dejará su posición en la Secretaría de Gobierno que le dio protagonismo y lo sobre dimensionó como un gran abogado que no lo es, también dejaría su puesto María Guadalupe Esquino Flores y Rafael Hernández Hernández, directores Administrativo y de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal, respectivamente, quienes tendrán nuevas responsabilidades en el Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado.
Seguramente pasarán unos días para que se conozca oficialmente el nombramiento de Miguel Sánchez como director general de ese nuevo organismo y los nombres de los funcionarios que lo acompañarán.
También sabremos dónde estarán sus oficinas y cuántas plazas nuevas se generarán para poner en marcha un Instituto que tarde o temprano se convertirá en una carga para el presupuesto.
Y ya que hablamos de movimientos, trascendió que la ex diputada local acusada penalmente de pedir moches, Mayra Vázquez Velázquez, dejó la Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior para asumir la dirección Administrativa de la Secretaría del Medio Ambiente.
Otro cambio y que pone en duda la independencia del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, es la llegada de Iván Nava a la dirección Administrativa del organismo, el cual se encargará de manejar el millonario presupuesto de más de 275 millones de pesos que se ejercerá este año.
Iván Nava al igual que Arturo Lucio Salas Miguela, auditor del Órgano de Fiscalización Superior, son recomendados del poderoso secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa.
En pocas palabras los consejeros del ITE no tendrán libertad ni autonomía para gastar y buscar a los mejores proveedores, porque todos serán impuestos gracias al tonto consejero presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, quien para mostrarse leal a la Cuarta Transformación decidió entregar el poder financiero del organismo al gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.
Absurdo, pero esa es la realidad.
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