Le guste o no es hora que el marino Alberto Martín Perea Marrufo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, empiece asumir sus culpas y errores después de más de tres meses de haber asumido el cargo, porque se aprendió muy rápido el discurso de que Tlaxcala es el estado más seguro del país y que los delitos van a la baja, cuando en realidad cada vez los ciudadanos y las ciudadanas se sienten más inseguros.
El discurso oficial de que la incidencia delictiva va a la baja nunca ha convencido y lo peor es que existen varias organizaciones de la sociedad civil que no sólo cuestionan las cifras y datos, sino que señalan que la información gubernamental está manipulada para ocultar el verdadero rostro del crimen en Tlaxcala.
Los feminicidios están presentes, al igual que los homicidios dolosos, así como los asaltos violentos contra automovilistas y conductores de camiones de carga. Siguen existiendo casos de familias que han sufrido atracos a punta de pistola en sus casas y negocios. El robo de vehículos y autopartes se mantiene.
Nada ha cambiado desde que llegó la administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, la cual se ha aferrado al discurso de que los delitos van a la baja, pero que nadie cree porque la realidad que viven los tlaxcaltecas es brutal y sencillamente la percepción en el imaginario colectivo es distinta a la que ven las autoridades.
Me parece que el Capitán de Navío Alberto Martín Perea resultará una nueva decepción como sucedió con los otros titulares (Alfredo Álvarez Valenzuela, Raúl Ruiz García, Ramón Celaya Gamboa) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que prometieron cambios, resultados, profesionalización, combate a la corrupción y otras acciones más que en los hechos nunca se vieron.
Perea Marrufo a su llegada prometió una revisión exhaustiva del personal de la dependencia, ofrecimiento que también hizo el entonces secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, luego que mandos y elementos se vieron involucrados en un hecho delictivo que derivó en su detención y encarcelamiento.
Han pasado los días y de esa supuesta revisión ya no se supo nada. Al contrario, las acusaciones contra policías estatales por cometer abusos y excesos se han multiplicado, al igual que las quejas para denunciar la prepotencia de los elementos de la Marina que llegaron dizque para reforzar la seguridad en la entidad. Hay videos y señalamientos concretos, pero que ahora el evasivo Alberto Martín Perea se niega a atender o investigar.
Su excusa para no detener los abusos de su personal y de los marinos que él trajo, es que nadie lo ha buscado ni ha presentado su queja en el área de asuntos internos o en la Contraloría Interna, instancias que para todos es conocido que están para proteger a los elementos y no para sancionarlos.
En una entrevista, el ridículo funcionario sostuvo que “no se va a solapar a nadie” que incurra en un presunto delito, pues según él existen instrucciones muy precisas de la gobernadora Cuéllar para terminar con los abusos.
Si su postura fuera cierta, entonces en la Secretaría de Seguridad Ciudadana no debería haber policías estatales sin certificación, sin embargo es un hecho que aún hay elementos en esas condiciones que según el Órgano de Fiscalización Superior representan una grave anomalía financiera.
El funcionario debería dar un recorrido por el territorio tlaxcalteca y comprobar los abusos de sus elementos, especialmente cuando instalan centros de revisión que aprovechan para extorsionar a los conductores que se dejan intimidar por esos voraces policías.
Y si en verdad está interesado en la seguridad de los tlaxcaltecas, entonces porque no fija ninguna postura sobre el hecho que sólo 34 directores de la policía municipal están certificados y el resto no, es decir, 26 jefes de igual número de municipios que tienen bajo su mando a personal que tampoco se sabe si ya cumplió con los requisitos para portar armas y desempeñar la función de uniformado.
Lo anterior resulta grave porque los alcaldes de esas poblaciones y el gobierno estatal solapan esa grave situación, pues no se sabe en manos de quién está la seguridad en esos municipios tlaxcaltecas.
Se mantiene el paro en la Contraloría de la USET
Al parecer en la administración lorenista no hay nadie que quiera resolver el paro que desde el lunes 30 de octubre mantienen las trabajadoras de la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Pública en demanda de la destitución de su acosador jefe Edmundo Vázquez José.
Ayer permanecieron cerradas las oficinas y seguramente hoy se verá la misma escena. Es la fecha que la soberbia secretaria de la Función Pública, Eréndira Cova Brindis, no ha tenido ni tiempo ni disposición para poner fin al conflicto que provocó su protegido, lo cual habla muy mal de ella porque si tiene tiempo para buscar la candidatura de Morena a la diputación federal pero no para llevar a cabo su trabajo.
Y ya que hablamos del proceso interno de Morena, por qué a los aspirantes al Senado como Sergio González Hernández y Alfonso Sánchez García, secretarios de Gobierno y de Infraestructura, respectivamente, sí le les alentó a renunciar a sus cargos y por qué a otras funcionarios lorenistas se les ha permitido quedarse en el puesto y al mismo tiempo llevar actividades proselitistas.
Será que Madaí Pérez Carrillo, directora del Instituto del Deporte y la engreída Eréndira Cova, responsable de la Secretaría de la Función Pública y el convenenciero poblano Ramiro Vivanco Chedraui, oficial Mayor de Gobierno, son funcionarios consentidos que necesitan de la estructura gubernamental para conseguir el objetivo de alcanzar una nominación para los comicios del 2024.
Es pregunta.
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