La polarización y malestar al interior del Congreso de Estado se ha agudizado luego que la actual Legislatura tuvo la brillante idea de empalmar la reforma constitucional para hacer más laxos los requisitos legales para ocupar la Secretaría de Gobierno y llevar a cabo la designación del próximo Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
El bloque opositor conformado por legisladores del PRI y PRD, principalmente, no sólo ven que la primera reforma lleva dedicatoria y está hecha a modo para beneficiar al enlace que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros designó con los diputados locales que no es otro más que el actual secretario del Medio Ambiente, el morelense Luis Antonio Ramírez Hernández, quien desde hace días jura y perjura que ocupará la posición que en breve dejará el ex panista Sergio González Hernández.
Lo único que ha frenado su llegada es la Constitución, pues actualmente se establece que para desempeñarse como el segundo de a bordo del gobierno de Tlaxcala es necesario ser tlaxcalteca y tener una residencia de no menos 7 años antes de ser designado, requisitos que obviamente Ramírez Hernández no cumple, pero que su chalán el diputado morenista Miguel Ángel Caballero Yonca ya propuso eliminar, pese a las recomendaciones que en lo oscurito ha hecho Gelacio Montiel Fuentes, secretario particular del Despacho de la Gobernadora y quien también aspira al lugar de Sergio González, al considerar que la eliminación de los actuales requisitos resultarán contraproducentes.
Los morenistas y sus aliados cuentan con los votos (se necesitan 17 sufragios) para sacar esa reforma, la cual me parece que representa un error porque simplemente los diputados y las diputadas tlaxcaltecas avalarán el desplazamiento de sus paisanos en el gobierno del estado, cómo si los oriundos de estas tierras no tuvieran la capacidad y el talento para desempeñar cargos importantes.
Luis Antonio Ramírez llegó a Tlaxcala en el 2021 por recomendación de Rabindranath Salazar Solorio, ex senador y hoy funcionario de la Segob en el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien al parecer se quedará con las ganas de ser candidato de Morena al gobierno de Morelos y por esa razón busca afianzar su presencia en nuestra entidad.
Algún mérito y talento tendrá Ramírez Hernández que los diputados lorenistas están obedeciendo al pie de la letra la instrucción de cambiar la Constitución para planchar su llegada a la Segob, un cambio que seguramente provocará muchas críticas y señalamientos que desgastarán a un más al gobierno de Cuéllar Cisneros y que se traducirá en la exclusión de tlaxcaltecas que desde hace meses son reemplazados por morelenses, poblanos, chilangos y de otras entidades del país.
No cabe duda que el peor enemigo de un tlaxcalteca es un tlaxcalteca.
Y si bien lo anterior generó molestia y desagrado entre varios legisladores, por la tarde noche la actitud de la diputada Marcela González Castillo, presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso de Estado, provocó encono hacia el proceso de renovación del Auditor General del OFS, pues por varias horas concentró discrecionalmente la información de los 40 aspirantes y no permitió que nadie más se enterara de sus nombres.
Se dice que la diputada concentró los sobres que contenían la información y se desconoce si procedió a revisar los expedientes, porque cómo se siente la jefa de todos los legisladores sencillamente no pidió permiso y actuó de manera arbitraria, prepotente y arrogante.
Por la noche se emitió un comunicado en donde se dan a conocer los nombres de los 40 profesionales interesados en ocupar el cargo de titular del OFS, sin embargo es un hecho que la lista se filtró una horas antes y a través de mensajes de WhatsApp se empezó a descalificar a ciertos participantes, lo que obviamente ya manchó el proceso que se supone debería ser transparente y limpio.
Los profesionales inscritos son: Silvia Olivares Sánchez con el folio 001; Armando Mendieta Cahuantzi, con el folio 002; Armando Netzahual Conde, con el folio 003; José Paredes Tlachi, con el folio 004; Pedro Alejandro Hernández García, folio 005; Joel Hernández Lara, folio 006; Héctor Escobar Pluma, folio 007; Dagoberto Nicolás Hernández Nava, folio 008; María Maricela Escobar Sánchez, folio 009; Sergio Pérez George, folio 010; Arturo Lucio Salas Miguela, folio 011; Enrique Huitrón Sánchez, folio 012; Joel Trinidad Ordoñez Carrera, folio 013; Tomás Ortega Corona, folio 014; Lucero Cuatepotzo Sánchez, folio 015; Rocío Castillo Rodríguez, folio 016; José Marcial Flores Gómez, folio 017.
Mauricio Arturo Ahuactzi Paredes, 018; Demetrio Netzahuatl Conde, folio 019; Jorge Omar Muñoz Lugo, folio 020; Yaneth Miriam Romano Torres, folio 021; Rubén Cano Palacio, folio 022; Martín Hernández Bautista, folio 023; Germán Vega Ordoñez, folio 024; Severo Nava Acoltzi, folio 025; Andrés Temoltzin Teomitzi, folio 026; Jaime Víctor Fernández Derreza, folio 027; Karina Vianey Cabrera García, folio 028; Miriam Montiel Morales, folio 029; Cruz Martín Pérez Zecua, folio 030; Said Corona Torres, folio 031; Levinia Donaji Pérez Lira, folio 032; Oscar Lobatón Corona, folio 033; Rogelio Cuateta Sánchez, folio 034; Gustavo García Báez, folio 035; Lorena Hernández Montiel, folio 036; Angélica Juárez Castillo, folio 037; Luis Felipe Camilo Fuentes, folio 038; Miguel Ángel Roldán Peña, folio 039 y Germán Mendoza Papalotzi con el folio 040.
Entre las observaciones que se empezaron hacer a los participantes destaca que Silvia Olivares es ubicada como una anayista, pues en la administración del ex gobernador Alfonso Sánchez se desempeñó como contralora mientras su hermano Ricardo Olivares ocupaba la Secretaría de Finanzas.
Otro anayista es Dagoberto Nicolás Hernández Nava, quien ocupó la Dirección de Egresos en la administración de Alfonso Sánchez. Trabajó en el OFS donde se desempeñó como titular de la Dirección de Auditoría Municipal. A él hay que sumar a Rocío Castillo y Demetrio Netzahuatl.
También se hace mención que hay priistas tras el cargo como José Paredes Tlachi, quien fue funcionario durante el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez donde se le vio manejando los recursos públicos de la Secretaría de Salud. Otra es Levinia Donaji Pérez Lira, Maricela Escobar y Joel Ordóñez Carrera.
Es obvio que en la lista hay lorenistas de relleno como el trácala abogado Oscar Lobatón Corona, cuya esposa se desempeña como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Hasta ahora aún no se ha filtrado quién es la carta fuerte, pero de que pronto se conocerá su nombre es un hecho, porque es obvio que el proceso para la designación del futuro responsable del Órgano de Fiscalización Superior no se está llevando a cabo con la pulcritud que se requiere y pronto empezarán las descalificaciones.
Al tiempo.
*************************************************************************