Con eso de la que actual legislatura realiza reformas a modo para facilitar la llegada de recomendados, como fue el caso de la modificación a los requisitos que exige la ley para ser designado Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior, hace unos días se propuso cambiar otro artículo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para facilitar la llegada de un foráneo a la Secretaría de Gobierno.
La encargada de proponer esa reforma fue la dizque talentosa y eficiente operadora, Marcela González Castillo, presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, quien soltó a un grupo de legisladores la idea de modificar el artículo 67 de la Constitución que incluye los requisitos que se necesitan cumplir para desempeñarse como titular de la Secretaría de Gobierno, cargo que actualmente ocupa el rival y adversario de su esposo Alfonso Sánchez García en el proceso para buscar la candidatura al Senado por parte de Morena.
Con la tonta idea de que los legisladores locales la obedecen y están a su servicio, la nuera de ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya dejó entrever la intención de eliminar que el secretario de Gobierno sea tlaxcalteca y que se le exija una residencia mínima de siete años anteriores al día de su designación.
La respuesta casi inmediata fue no, porque era obvio que ese cambio tenía dedicatoria y buscaba facilitar la probable designación de uno de sus amigos y también cercano colaborador de la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros, el morelense y actual responsable de la Secretaría del Medio Ambiente, Luis Antonio Ramírez Hernández.
Los rumores sobre la inminente salida de Sergio González han ido en aumento no sólo por su falta de capacidad para atender y resolver los asuntos de su competencia, sino por el distanciamiento y aislamiento al que lo ha sometido la mandataria tlaxcalteca que opta por operar varios asuntos a través de la petulante diputada Marcela González o el morelense Luis Antonio Ramírez.
No se sabe si tal reforma propuesta tenía o no el aval de la gobernadora Cuéllar, sin embargo lo que es un hecho es que a la mayoría de los diputados y de las diputadas no les gustó la idea y no tuvieron empacho en rechazarla.
Incluso, se dice que ese asunto y otros más fue el pretexto que utilizó la diputada local del PAC, Alejandra Ramírez Ortiz, para dejar en claro a su compañera Marcela González que su partido es un aliado del proyecto de la gobernadora Lorena Cuéllar, pero no un socio subordinado que está sometido.
La idea de modificar la Constitución para cambiar los requisitos que se requieren para ser secretario de Gobierno en Tlaxcala no prosperó porque ni siquiera avanzó en lo más mínimo en el ánimo de los legisladores locales, quienes están nerviosos porque su futuro es incierto, es decir, ninguno tiene la certeza de que tendrá el aval para buscar la reelección o la venia para ir por una presidencia municipal.
Las diputadas y los diputados también están preocupados porque aunque ya aprobaron la convocatoria para abrir el proceso de designación del futuro Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior, hasta ahora nadie le ha dicho quién será el elegido y si habrá posibilidades de “negociar” o establecer “acuerdos” porque muchos no están dispuestos a entregar su voto sin la garantía de lograr un beneficio, sobre todo porque ya van de salida.
Tarde, pero algunos ya están aplicando que en la vida nada es gratis.
Un escándalo más al gobierno
Vaya escándalo que se armó con la firma de un contrato que firmó el gobierno estatal con grupo empresarial que administra El Heraldo y que partir del viernes manejará por un año la estación de Radio Altiplano, la cual dejó de ser un referente y un espacio importante por el pésimo trabajo de la beatricista Elia Sánchez González, directora de la Coordinación de Cine, Radio y Televisión (Coracyt).
Si esa funcionaria que suele ausentarse y no realizar su trabajo se hubiera preocupado por fortalecer y relanzar las estaciones de radio y el canal de televisión que se encuentran bajo la tutela del gobierno de Lorena Cuéllar, seguramente no se estaría hablando del tema que está siendo utilizado para golpear a la actual administración que tuvo la idea, no sé si buena o mala, de experimentar por un año la participación de una empresa foránea ligada a medios de comunicación para explotar ese espacio radiofónico que estaba mal aprovechado.
La estación con 37 años al aire no se vendió ni se privatizó, porque legalmente esa situación es imposible, de ahí que en un año veremos si el experimento de entregarla por un año a El Heraldo funcionó o no, pero lo que es un hecho que Radio Altiplano seguirá bajo el control del gobierno de estado.
Lo curioso es que los principales críticos de esa acción hoy se encuentran muy molestos por tal decisión del gobierno lorenista, pero cuando ellos se beneficiaron con esa estación de radio al tener programas que utilizaban para sus intereses no decían nada, lo cual resulta absurdo e incongruente.
O no.
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