Sin lugar a dudas el conflicto entre el gobierno lorenista y burócratas, maestros, pensionados y jubilados tomará otro rumbo luego de los acontecimientos del pasado fin de semana.

 

 

Los inconformes con el nuevo servicio de atención médica que contrató la administración de Lorena Cuéllar Cisneros se aliaron con el PRI y su virtual aspirante a la candidatura al Senado, el diputado federal Mariano González Aguirre, quien en su informe legislativo aprovechó el momento para arremeter contra la mandataria y apapachar a los sindicalistas que se le han pasado protestando contra la morenista.

 

La gobernadora tlaxcalteca ha sido más que tolerante y respetuosa de las protestas, pero todo tiene un límite y seguramente el pasado domingo los manifestantes lo rebasaron al manchar la celebración de dos años en el poder que encabezó Lorena Cuéllar y la próxima inauguración del mundial de voleibol de playa prevista para el próximo 5 de octubre.

 

Los adversarios en este conflicto no han dejado de descalificarse y de lanzarse señalamientos de corruptos. Mariano González acusó a la administración estatal de gobernar a Tlaxcala a través de dinastías familiares y de empresarios foráneos que, según él, han acaparado la ejecución de obras y las compras millonarias que realizan las autoridades.

 

Lamentó que la administración de Lorena Cuéllar sea un gobierno de venganza y de nulos resultados en materia de seguridad, crecimiento económico y de combate a la pobreza.

 

Incluso, Mariano González censuró la complicidad que hay entre la mandataria y la familia del ex gobernador perredista y hoy morenista, Alfonso Sánchez Anaya, quien también fue protegido y beneficiado por su padre Mariano González Zarur cuando se desempeñó como mandatario de Tlaxcala, pues no sólo lo ayudó en una acusación de violación de una de sus asistentes, sino que le otorgó camioneta y seguridad a costa del erario público.

 

La incongruencia del diputado federal priista es obvia y si quiere ganar credibilidad, bien valdría la pena que documentara sus acusaciones y señalamientos, porque su actitud sólo lo dibuja como un político desleal y poco serio.

 

Lorena Cuéllar también ha insistido que su administración ha terminado con los privilegios y ha combatido la corrupción, especialmente en Pensiones Civiles donde los sindicatos han utilizado los cambios en el servicio de atención médica como bandera política y de lucha, cuando se sabe que el esquema anterior provocaba pérdidas millonarias para el gobierno por el mal uso de ese beneficio por parte de unos cuantos trabajadores.

 

Aunque hay denuncias que están siendo investigadas y no hay trabajadores y ex funcionarios de Pensiones Civiles detenidos, no se descarta que en las próximas semanas se empiecen a dar los primeros resultados porque la actual administración estatal no está dispuesta a generar impunidad en un asunto que se ha convertido en un dolor de cabeza.

 

Los discursos de combate a la corrupción ahora deben traducirse en hechos concretos, porque si no sólo quedarán en palabras que nadie terminará creyendo.

 

Los ánimos se encuentran encendidos en Tlaxcala y por el momento queda descartada una mesa de negociación o diálogo entre las partes, lo cual también se debe al poco talento y dedicación del rebasado secretario de Gobierno, Sergio González Hernández.

 

Al gobierno lorenista no le queda más que aplicar la ley y tratar de contener las protestas durante el mundial de voleibol de playa, mientras que los sindicalizados inconformes tendrán que recurrir a otro tipo de acciones si es que quieren lograr acuerdos con las autoridades.

 

La polarización que se percibe en Tlaxcala no es buena porque casi ha derivado en enfrentamientos entre los seguidores del lorenismo y los detractores de la gobernadora Cuéllar, situación que no se descarta que se presente en los próximos días por el nivel de rivalidad que hay en el ambiente.

 

Tarde o temprano se harán presentes las consecuencias de ese pleito.

 

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