En Tlaxcala existe una lucha selectiva contra la corrupción.
Las autoridades hacen que investigan y castigan este lacerante delito, porque hasta ahora han optado por pescar puro charal y se han olvidado de los tiburones que realmente saquearon las finanzas públicas estatales, a quienes sencillamente se ve difícil que se les aplique la ley por sus abusos y excesos.
Después de dos años en el poder, el gobierno lorenista empieza a llevar ante la ley a los responsables de ciertos desfalcos financieros registrados durante la administración del ex gobernador priista Marco Antonio Mena Rodríguez, hoy funcionario federal de cuarta que cobra como director de la Lotería Nacional.
Es curioso que durante las pasadas campañas a la gubernatura de Tlaxcala los entonces candidatos opositores al PRI denunciaron múltiples actos transas de la administración menista, mismas que terminaron en ofrecimientos a los electores de la entidad de aplicar la ley y llevar ante la justicia a los responsables para castigar esas graves irregularidades.
El tiempo ha pasado y en los hechos sólo se observa una política selectiva para perseguir y sancionar la corrupción de ex servidores públicos ligados al PRI, prueba de ello es la acción que ayer reveló la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) contra seis ex trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tlaxcala (CECYTE-EMSAD), quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades por hechos que habrían ocurrido en 2019.
Si bien la mencionada fiscalía confirmó que su acción se derivó de una auditoría ejecutada en el 2019 a esa institución educativa, lo cierto es que las transas y desfalcos en el CECYTE-EMSAD fueron documentadas y expuestos por Luis Vargas González, quien siendo director general y funcionario de Marco Mena denunció en diciembre del 2018 que ese subsistema educativo arrastraba un déficit de 114.8 millones de pesos y que los recursos públicos habían sido manejados discrecionalmente y con faltas graves que se traducía en corrupción.
Ese fue uno de los motivos por los que el hoy funcionario lorenista Luis Vargas renunció al CECYTE-EMSAD y a la administración de Mena Rodríguez, pues fue presionado por los entonces secretarios de Educación y Gobierno, Manuel Camacho Higareda y José Aarón Pérez Carro, respectivamente, ha encubrir y solapar las anomalías financieras llevadas a cabo en la gestión de José Luis González Cuéllar, lo cual no aceptó y enfrentó una persecución política tras dejar el cargo a pocos días de haberlo asumido.
Se hablaba de desfalcos millonarios y al final la enclenque fiscalía procedió contra Pedro N., ex jefe del Departamento de Recursos Humanos, quien se auto depositó la cantidad de 297 mil 407 pesos, así mismo realizó pagos no autorizados a Alberto N. por la cantidad de 201 mil 095 pesos; a Radamés N. por 114 mil 684 pesos, a Antonia N. por la cantidad de 58 mil 191 pesos; a Anabel N. por 33 mil 905 pesos y a Joel N. por 24 mil 903 pesos que en total suman 730 mil 185 pesos.
Si se presumían malos manejos en el CECYTE-EMSAD que alcanzaban los 100 millones de pesos, resulta ridículo que sólo se documenten y se castiguen desvíos por más de 730 mil pesos y que la verdadera responsable de esas presuntas anomalías, María Inés Moreno Camacho, encargada Administrativa de esa Institución, no haya sido involucrada o investigada por ser sobrina del titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho.
Y cuando mencionamos que el combate a la corrupción en Tlaxcala es selectivo, es porque ningún funcionario de primer nivel del gobierno menista ha sido molestado para responder a las graves inconsistencias detectadas durante el proceso de entrega recepción que se dio entre la administración saliente de Marco Mena y la entrante que encabezaba la mandataria morenista Lorena Cuéllar Cisneros.
De acuerdo con versiones de funcionarios lorenistas, había elementos suficientes para aplicar la ley al ex Oficial Mayor de Gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa, al ex secretario de Seguridad Pública, Eduardo Valiente Hernández, al encargado de la Sefoa, Arnulfo Arévalo Lara, al ex procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, al mil usos de la administración pasada que fungió como titular de Educación y del Sepuede, Manuel Camacho Higareda y otros más que hoy en día gozan de impunidad.
Está claro que si los ex funcionarios menistas con pedigrí no son molestados por la selectiva Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tampoco hará nada contra los ex presidentes municipales que acumularon fortunas con los recursos públicos que presuntamente malversaron y que están documentados con la reprobación de sus cuentas públicas.
Vaya, dudo que incluso se atreva a indagar y castigar a los responsables de los faltantes de cartuchos y armas que recientemente se detectó en la PGJE tras una auditoría interna. Se habla de más de cien mil cartuchos desaparecidos y cuyos jefes sencillamente no saben explicar qué pasó con esas balas.
El combate a la corrupción sigue siendo una asignación pendiente y lo que se ha hecho hasta el momento no deja a nadie satisfecho.
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