Una vez descartada la posibilidad de mantener en el cargo por un periodo más a María Isabel Maldonado Textle como Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros no le quedó otra más que utilizar el poder y ordenar a los dóciles diputados locales llevar a cabo una reforma «exprés» que le garantice dejar en esa posición clave a un incondicional que le rinda cuentas a ella antes que a los legisladores.
Obviamente ese proceso de reforma ha comenzado y a nadie le ha importado que sea un cambio ex profeso para beneficiar a alguien que simple y sencillamente no cumplía con los requisitos que estaban en la ley y que le impedían asumir el control del OFS.
De entrada se busca eliminar el impedimento que exigía a cualquier aspirante a ser el Auditor General del OFS a renunciar a cualquier cargo dentro de la administración pública o popular dos años antes de su nombramiento.
Ahora la idea es fijar como requisito sólo 30 días para poder postularse. También, se pretende ampliar las opciones para participar en el proceso de elección del nuevo auditor, ya que no sólo se incluirá a las personas con una profesión vinculada a áreas económico administrativas, sino que con la modificación jurídica se dará oportunidad de inscribirse a ciudadanos con preparación y títulos académicos relacionados con las ciencias sociales, jurídicas, administrativas y afines.
Al menos la reforma que fue presentada por el diputado morenista Rubén Terán Águila dejó vigente el requisito de la residencia, el cual deberá ser de por lo menos cinco años.
Se dice que la gobernadora Lorena Cuéllar siempre ha expresado su interés en impulsar a David Álvarez Ochoa, actual secretario de Finanzas para convertirse en el próximo Auditor General del OFS, no tanto porque sea un experto o un brillante funcionario que maneja con maestría y honestidad los recursos públicos, sino porque es un personaje obediente, leal, sumiso, dócil, bienmandado y manejable que sólo hará lo que se le ordene.
Si se concreta su llegada, los titulares y los responsables de los entes fiscalizables que enfrenten problemas en sus próximas cuentas públicas deberán pedir la ayuda y el favor a la mandataria estatal y ya no la protección, el amparo o la asistencia del Auditor General o de los diputados y las diputadas, ya que la reforma busca sencillamente empoderar aún más a Lorena Cuéllar que busca tener bajo su absoluto dominio la fiscalización de los recursos públicos.
Los grupos que rodean a la mandataria saben el poder e influencia que representará el Órgano de Fiscalización Superior, de ahí que han empezado a operar soterradamente para promover a otros perfiles que también pudieran ser designados como el próximo Auditor General.
El grupúsculo que encabeza el actual secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, impulsa al voraz Juan Manuel Lemus Pérez, director del Icatlax, pero también estaría considerando como opciones más serias y fuertes al galán Ventura Sánchez Gonzaga que funge como director administrativo de la delegación de la Secretaría de Bienestar en Tlaxcala y al protagonista Miguel Sánchez Ramírez, director Jurídico de la Segob, quien en realidad sueña con ocupar la silla que ocupa su amigo que dice ser el encargado de la política interna de estado.
Se dice que el grupo del ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya también estaría interesado en esa posición, por lo que llegado el momento hará su sugerencia a la gobernadora a través de la diputada Marcela González Castillo, presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado.
Si bien es cierto que la gobernadora ha repartido el poder y ha entregado cuotas, dudo que esté pensando en ceder el Órgano de Fiscalización Superior como muchos piensan o se imaginan.
El OFS resulta clave y esencial para el control del estado.
Lo que me queda claro es que en octubre terminará una era que permitió al OFS profesionalizar sus procesos de auditoría y revisión, al grado que lo alejaron de los escándalos de corrupción y transas en los que ese organismo se vio involucrado por pasados auditores generales que sólo buscaban su beneficio económico.
El desempeño y los logros que dejará María Isabel Maldonado serán difíciles de superar. Sólo hay que revisar cómo recibió el OFS y cómo lo entregará al próximo Auditor General que, esperemos, resulte un buen servidor que no destruya lo que se ha construido con mucho esfuerzo y disciplina en los últimos años.
Sobre todo porque hasta ahora el gobierno morenista no ha hecho nada relevante y porque una parte de sus acciones y proyectos han resultado un fiasco.
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