Pese a la inestabilidad que registra la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala que en casi dos años ha tenido seis responsables y que próximamente será designado el séptimo encargado, la entidad ha logrado, al menos estadísticamente, contener la inseguridad.
Los datos y la información disponible confirman que Tlaxcala es de los estados más seguros del país, sin embargo algo está fallando porque los ciudadanos y las ciudadanas no perciben ese hecho o logro de la administración que encabeza la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros, pues hasta ahora el problema de la inseguridad sigue siendo el principal asunto que preocupa a los tlaxcaltecas, quienes consideran que se debe atender con urgencia.
No reconocer los esfuerzos emprendidos por el gobierno lorenista para mejorar la seguridad sería injusto, sobre todo cuando se han canalizados recursos para crear el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), adquirir tecnología, armamento, equipo y patrullas, así como para lograr la certificación de los policías estatales y municipales.
La información oficial revela que varios delitos van a la baja y que en el caso de los homicidios éstos se han contenido, ya que se mantiene el promedio registrado en la pasada administración, es decir, de once asesinatos por cada 100 mil habitantes.
El año pasado oficialmente se contabilizaron 152 homicidios, cuando en el 2021 hubo 160, en el 2020 la cifra fue de 164 y en el 2019 se logró acumular 189 muertes.
Me parece que la actual administración no ha encontrado el perfil adecuado para abordar y encargarse del tema de la seguridad, porque casi todos los que han estado en la Secretaría de Seguridad Ciudadana no han generado confianza, ni han sabido ser empáticos con los tlaxcaltecas y ni tampoco han podido comunicar adecuadamente sus logros y acciones.
Los funcionarios lorenistas que deberían apoyar o reforzar lo anterior, como el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, tampoco ayudan porque su actitud de macho alfa los lleva a cometer errores que sencillamente no reconocen.
Por ejemplo, Sergio González omitió en su intervención de ayer durante el informe de la incidencia delictiva correspondiente al segundo trimestre de 2023 el caso de los mandos policiacos que fueron detenidos por supuestamente cometer el delito de extorsión agravada. Tampoco le pareció relevante abordar el tema de los jefes de la policía municipal de Tlaltelulco que violaron a una mujer policía y que se encuentran prófugos de la justicia.
Hace unas semanas el ex panista prometió llevar a cabo un análisis exhaustivo y a fondo de los elementos policiacos tanto estatales como municipales, sin embargo es obvio que no ha hecho nada o que oculta la información porque después de la detención de dos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por incurrir en conductas ilegales no ha pasado nada, ya que hasta ahora no se ha informado de alguna baja o de algún reacomodo.
O es que ese cansado funcionario no sabía que dos de los tres elementos de Tlaltelulco involucrados en la violación de una mujer policía carecían de certificación, debido a que estaban reprobados en sus exámenes de control y confianza. Es obvio que el alcalde Marco Antonio Pluma Morales tiene responsabilidad porque permitió que siguieran desempeñándose como uniformados municipales.
Cuántos policías estatales no están certificados ni han aprobado sus exámenes de control y confianza y siguen activos.
Cuántos policías municipales están en la misma situación y los alcaldes y las alcaldesas no hacen nada para corregir esta grave situación que también es tolerada por las autoridades estatales.
El problema de la seguridad también es un asunto de percepción, tan es así que Tlaxcala figura en el listado de eventos de extrema violencia en México.
Si bien no se ubica en los primeros lugares, tampoco es de las entidades con menos sucesos de ese tipo, ya que se logró colocar a media tabla de ese listado elaborado por la asociación Causa en Común, en su estudio de crímenes de alto impacto.
La asociación Causa en Común considera como ‘atrocidad’ el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un gran número de personas, de personas vulnerables o de interés político y/o para provocar terror.
Según ese estudio, Tlaxcala sumó 62 casos de víctimas de enero a junio de este año, mismos que fueron catalogados de la siguiente manera:
Masacres 0
Hallazgo en fosa clandestina 1
Mutilaciones, descuartizamientos o destrucción del cadáver 3
Calcinamientos 4
Torturas 15
Asesinatos de niños o adolescentes 0
Asesinatos de mujeres con crueldad extrema 6
Asesinato a periodista 0
Asesinato de persona perteneciente a grupos vulnerables 0
Asesinatos de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad 2
Linchamiento 3
Violaciones agravadas 12
Esclavitudes y trata de personas 1
Intentos de linchamiento 18
Caso de violencia contra migrantes 0
Actos violentos contra la autoridad 3
De acuerdo con la agrupación, de enero a junio de este año, se registraron 62 crímenes en el estado de Tlaxcala en los que se ejerció la violencia. El análisis fue integrado por medio de un listado de eventos de extrema violencia en México a partir de notas periodísticas sobre eventos que pueden catalogarse como atrocidades.
Quizá estos son los otros datos que ven los ciudadanos y las ciudadanas y que hacen que la percepción del problema de la seguridad sea negativa en Tlaxcala.
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