Los primeros datos que se conocieron de los informes sobre la fiscalización de los recursos públicos que se manejaron en Tlaxcala correspondientes al ejercicio fiscal del 2022 confirmarían que tanto las autoridades estatales como municipales llegaron voraces y con los dientes y uñas bien afiladas.
De acuerdo con la información que ha empezado a circular, tan sólo en el rubro de obra pública el Órgano de Fiscalización Superior detectó un probable daño patrimonial por casi mil 700 millones de pesos, de los cuales se logró recuperar con el proceso de revisión y fincamiento de responsabilidades resarcitorias alrededor del 75 por ciento, quedando pendientes 467 millones de pesos que representan poco más del 2.5 por ciento del total de esos fondos auditados.
Lo anterior debe ser motivo de preocupación y de alarma, pues revela que un poco más del 20 por ciento de los recursos destinados para obras públicas en la entidad se ejercieron y se ejecutaron correctamente, lo cual resulta grave porque quiere decir que durante el año pasado tanto las autoridades estatales como municipales manejaron indebidamente los recursos para obtener un beneficio que simple y llanamente se traduce en corrupción.
Los informes de los 106 entes fiscalizables que se entregaron el pasado viernes al Congreso del Estado ya se encuentran disponibles, de ahí que poco a poco serán analizados y sometidos al escrutinio público, lo que seguramente irá arrojando situaciones cuestionables pero que legalmente se justificarán para tratar encubrir favoritismo de empresas constructoras y proveedores, así como negocios y otras graves anomalías.
Un claro ejemplo del favoritismo y encubrimiento es el de Alejandro Atilano, quien funge como Secretario Técnico de la Secretaría de Bienestar Tlaxcala y a la vez como proveedor de esa dependencia a través de la empresa Distribuidora de Carne de Puebla “Praid” que, por cierto, el mismo funcionario reconoce como suya en su propia declaración patrimonial.
Esa comercializadora ha obtenido de la Secretaría del Bienestar dos contratos que superan juntos los 66 millones de pesos. El primero fue para el lapso entre marzo y diciembre de 2022, el cual es por el monto de 50 millones de pesos para entregar en ese periodo 432 mil comidas a personas de escasos recursos del estado.
Esa grave anomalía al parecer no se encuentra observada ni ha provocado el inició de algún proceso administrativo o penal contra el “influyente” funcionario por parte de la solapadora e ineficiente Secretaría de la Función Pública a cargo de la priista Eréndira Cova Brindis.
Otro dato que seguramente generará suspicacias y muchas dudas, es la forma en que se han manejado la Dirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios y la Dirección de Licitaciones, Concursos y Precios Unitarios de la Oficialía Mayor de Gobierno donde despachan las lorenistas Edna Oded Pérez García y Alejandra Villarreal Villarreal, respectivamente.
Resulta que el bipolar e inútil oficial mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedraui, no ha detectado que sus subordinadas prácticamente otorgaron durante el año pasado por adjudicación directa el 90 por ciento de los contratos para la adquisición de bienes y servicios que requieran las dependencias centralizadas y descentralizadas, así como de los organismos desconcentrados, es decir, a proveedores amigos que obviamente resultaron beneficiados con negocios millonarios.
O si no es así, será que la Oficialía Mayor de Gobierno estará en condiciones de dar a conocer los nombres de las empresas beneficiadas, así como quienes son los propietarios de las mismas. Será que en un tiempo más se confirmará la versión que el 85 por ciento de las obras han sido asignadas a empresas poblanas y que lo mismo sucede con la contratación de bienes y servicios.
Poco a poco se irá desmenuzando la información y veremos qué tan cierto es que las autoridades morenistas no mienten, no traicionan y no roban.
Por lo pronto le cuento que la percepción que existe entre los ciudadanos y las ciudadanas tlaxcaltecas es que en la actual administración estatal prevalece, incluso con mayor fuerza, el fenómeno de la corrupción, el cual también involucra a las autoridades municipales que no han sido nada prudentes para disimular y ocultar su gran voracidad.
Así las cosas en Tlaxcala.
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