Para muchos presidentes y presidentas municipales y titulares de dependencias estatales, el proceso de fiscalización de este año está siendo más severo, por lo que están teniendo serios problemas para solventar las observaciones, que en caso de no quedar aclaradas en los próximos días, podrían enfrentar la reprobación de sus cuentas públicas.
El desorden financiero y gastos inexplicables está siendo señalado en las revisiones y la instrucción inmediata es que al no cumplir con la ley y los procesos administrativos se reintegre el recurso público ejercido, lo cual tiene más que molestos y preocupados a los alcaldes y alcaldesas, así como a los tesoreros y a las tesoreras que ahora no saben qué hacer.
Y no crea que esa problemática es exclusiva de las autoridades municipales, ya que también se ha detectado en las dependencias estatales, cuyos titulares andan más que movidos corrigiendo sus anomalías porque saben que si la cuenta pública es reprobada su permanencia en el cargo no está garantizada.
Si el monto de las observaciones del ente fiscalizador supera el 7.5 por ciento de los recursos ejercidos durante el año fiscal que está siendo revisado, la reprobación de los estados financieros del ayuntamiento o la dependencia estatal por parte de los diputados locales será inevitable.
El número de presidentes y presidentas municipales con serios problemas no es menor y en la actualidad hay muchos que ya no saben qué hacer para solucionar el problema ante el Órgano de Fiscalización Superior y la Auditoría Superior de la Federación, cuando les quedan exageradamente dos semanas para solventar las observaciones millonarias.
Se dice que hay alcaldes como el de Tepeyanco, Francisco Ixtlapale Pérez, que no le están dando importancia a las observaciones y menos a corregir los errores de su antecesor, Gaudencio Morales Morales, quien falleció en octubre del año pasado. Pocos saben el destino de los recursos del ayuntamiento porque al nuevo edil lo único que le preocupa y ocupa es que le paguen puntualmente su salario con el aumento que se autorizó sin el aval de los integrantes del Cabildo.
La desesperación de alcaldes y alcaldesas y de sus tesoreros es tal que desde ahora andan buscando si un diputado o diputada los ayuda a corregir sus anomalías financieras y puede evitar los procesos que enfrentan para reintegrar a los ayuntamientos los recursos públicos mal ejecutados o aplicados, que en algunos casos, se habla de varios millones de pesos.
En mayo vencerá el plazo para solventar las observaciones e iniciará la evaluación y revisión que lleva a cabo el Órgano de Fiscalización Superior que deberá entregar un informe que precisará las cuentas públicas que deberán ser aprobadas y las que se tendrán que reprobar.
En unos meses más conoceremos a detalle cuál ha sido el manejo financiero de las actuales administraciones municipales y si éstas han sido operadas correctamente, porque la sospecha de que muchos alcaldes y alcaldesas se han despachado con la cuchara grande existe y sin dudas ese asunto podría ser un elemento que aliente la presencia de conflictos en varios ayuntamientos tlaxcaltecas.
El coscorrón de la CEDH
Muy mal hizo quedar el pronunciamiento que ayer emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al gobierno del estado y al presidente municipal de Calpulalpan, Edgar Peña Nájera, pues no sólo fueron señalados como omisos al no garantizar un derecho humano fundamental para las personas que viven en Santiago Cuaula, San Marcos, Espejel Mazapa y San Cristóbal Zacacalco que tienen meses sin agua potable, sino de represores al no dar las facilidades para que los habitantes mantuvieran su protesta.
La operación política está fallando en la actual administración porque el problema en Calpulalpan ya se conocía con claridad y sencillamente no se hizo nada para tratar de encontrar una solución.
Si hay organizaciones sociales que tachan al gobierno de estado de represor por su forma de atender y encontrar soluciones a los conflictos que se registran en la entidad, la postura de la CEDH les da la razón y los argumentos necesarios para desacreditar a las autoridades estatales que siguen sin mostrar su talento y eficiencia para operar y resolver los problemas.
Prueba de lo anterior es que pasan los días y los tlaxcaltecas de esas comunidades de Calpulalpan siguen sin recibir el suministro de agua potable, lo cual es un derecho humano fundamental para la vida y la salud que se está violentando.
La solución urge y ya no puede esperar más tiempo.
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