La decisión del gobierno federal y estatal de combatir coordinadamente ciertas células criminales que operaban en Tlaxcala empieza a dar resultados, pues en los dos aparatosos operativos que han puesto en marcha han logrado detener a varias personas que estarían relacionados con ciertos hechos delictivos que al parecer están documentados.
Durante un cateo ejecutado el pasado 18 de abril en el rancho “El Cristo”, ubicado en Yauhquemehcan, fueron aprehendidos varias personas, entre ellos al presunto responsable de la ejecución de un hombre registrada el pasado 18 de marzo en el municipio de Calpulalpan.
En esta semana también se llevó a cabo en la capital de estado otra acción coordinada entre elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, militares, miembros de la Coordinación Nacional Antisecuestro y de la Guardia Nacional, para detener a Fernando A., quien estaría también relacionado con el asesinato de Calpulalpan y con otros hechos delictivos relacionados a la extorsión y el supuesto cobro de piso a comerciantes de Apizaco.
Lo curioso es que Fernando A. tiene un historial criminal que data desde el 2007. Se le relaciona con un ex comandante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de nombre Luis P. quien se encuentra detenido por la desaparición de una persona y por tener supuestos vínculos con el crimen organizado.
Se dice que Fernando A. no es ningún desconocido, pues incluso se habla que habría tenido una relación laboral (era chófer) con el ex diputado local y hoy poderoso Oficial Mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedraui.
La versión oficial de las autoridades tlaxcaltecas de que en Tlaxcala no operaba el crimen organizado se cayó y los hechos así lo demuestran, porque si no estuviéramos hablando de delincuentes peligrosos para que la PGJE solicitaría el apoyo de la Coordinación Nacional Antisecuestro, de la Guardia Nacional y del Ejército.
Y mientras el gobierno intenta tener éxito con sus operativos para desmantelar ciertas células del crimen organizado vinculadas según se dice al Cártel de Sinaloa, los hechos delictivos del fuero común siguen registrándose y ganando presencia mediática, con lo que se refuerza la percepción de que Tlaxcala enfrenta un grave problema de inseguridad.
En esta semana se han reportado varias muertes dolosas, hechos que son reales y no se trata de mentiras o de información falsa.
Lo curioso es que mientras unas dependencias del gobierno estatal como la PGJE trabajan para dar resultados y demostrar con hechos que se combate a los criminales en Tlaxcala, otras como la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo del ineficiente Ramón Celaya Gamboa se dedican a presumir la entrega de 200 uniformes tácticos para policías de 14 municipios, porque según este “académico” los elementos deben contar con los aditamentos necesarios para hacer frente a la delincuencia, como es un uniforme que los dignifique e identifique ante la población que necesita ayuda.
Dudo que los criminales se asusten o dejen sus actividades ilícitas porque vean a policías municipales dignamente uniformados o que los índices delictivos bajen porque los elementos muestren sus botas tácticas nuevas, así como su pantalón, camisola, cinturón, chamarra y gorra, cuando lo que se requiere en Tlaxcala es estrategia, presencia real de disuasión y una vigilancia efectiva y permanente.
Al final es evidente que cada quién ve la realidad que quiere ver.
Síndica incumplida
La síndica municipal de Chiautempan, María Estela Hernández Grande, ha estado más ocupada en hacer campaña política que en cumplir con su trabajo en el Ayuntamiento, ya que recientemente se dio a conocer que incumplió en el rubro de transparencia al omitir entregar y actualizar sus formatos en la Plataforma Nacional de Transparencia.
A diferencia de las demás áreas de Ayuntamiento que sí entregaron su información en tiempo y forma, la sindicatura municipal no subió ni actualizó nada del cuarto trimestre de 2022 y el primero de 2023, incumpliendo con ello el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.
Lo anterior se puede verificar al hacer una revisión en el portal del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personal de Tlaxcala (IAIP Tlaxcala), en el apartado de la Información Pública que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y Plataforma Nacional de Transparencia.
Y es que al estar asistiendo a actos proselitistas en el municipio santanero, algunos incluso en horario laboral, Estela Hernández junto con su equipo de la sindicatura no actualizaron ni cargaron sus formatos requeridos del cuarto trimestre del 2022 que era como plazo el 30 de enero del 2023 a las 23:59 horas y del primer trimestre del 2023 antes de la fecha establecida que era el 30 de abril a las 23:59.
Con ello, el Ayuntamiento de Chiautempan daría un paso hacia atrás en la próxima evaluación del IAIP Tlaxcala, ya que es de recordar que el año pasado, fue considerado el municipio más transparente del estado al obtener el 100 por ciento de calificación en ese rubro.
Según información obtenida, se prevé que María Estela Hernández Grande reciba algún tipo de sanción o multa económica y es que las nuevas disposiciones legales refieren que habrá cuatro escenarios en los que se ubicarán los sujetos obligados: cumplimiento total, cumplimiento parcial, incumplimiento parcial e incumplimiento total.
Grave la salud de Rafael Ortega
Los pronósticos de salud del matador de toros y diputado local que sufrió ayer un infarto en UTAH, Estados Unidos, son desalentadores.
Los médicos que lo atienden detectaron agua en los pulmones y en el cerebro. El tlaxcalteca se encuentra intubado y su estado es considerado como sumamente delicado.
Las siguientes horas serán determinantes para determinar su evolución.
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