La actual administración estatal ya tiene 20 meses en el poder y es la fecha que no termina por arrancar, pues en algunos rubros como lo es la carga de información de las obligaciones comunes y específicas de transparencia registra un retraso inexplicable.
Muchas áreas y dependencias del gobierno estatal no cumplen con las obligaciones, sin que se conozcan las razones legales y administrativas por las cuales se incumple con la ley.
De acuerdo con una evaluación que se hizo a las dependencias que conforman el Poder Ejecutivo, se determinó que sólo 9 de 62 cumplen al 100 por ciento con la ley en materia de transparencia, siendo estas la Coordinación de Comunicación Social a cargo de Angélica Domínguez Hernández, la Coordinación de Planeación e Inversión que encabeza la foránea Gimena Lara Pérez, la poderosa Oficialía Mayor de Gobierno en manos del bipolar Ramiro Vivanco Chedraui, la ineficiente Secretaría de Gobierno bajo la tutela del cansado ex panista Sergio González Hernández, la omisa Secretaría de la Función Pública que controla la priista disfrazada de morenista Eréndira Cova Brindis, el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos que dirige la ex diputada Michaelle Brito Vázquez, Pensiones Civiles del Estado a cargo de Radahid Hernández López, la intermitente Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda donde despacha Leonardo Uriarte Parra y la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente que dirige el ex diputado Víctor Castro López.
Aunque hay muchas dependencias con avances del 98 y 99 por ciento de cumplimiento, en los hechos siguen sin tener el 100 por ciento de los formatos que se necesitan para lograr la aprobación total.
Hay funcionarios que están fallando y que obviamente están haciendo quedar mal a sus jefes, como es el caso del Despacho de la Gobernadora que le faltan 41 formatos de los 151 que se cargan en el sistema, situación que lo ubica con un cumplimiento del 73 por ciento.
Por arriba del Despacho de la Gobernadora aparece la Secretaría de Cultura que controla Antonio Martínez Velázquez con 77 por ciento de cumplimiento, seguida por la Secretaría del Medio Ambiente que dirige el morelense Luis Antonio Ramírez Hernández con un avance del 79 por ciento, para después encontrar a la Secretaría del Trabajo y Competitividad en manos del gris empresario Noé Altamirano Islas con una cifra del 84 por ciento y finalmente la Secretaría de Infraestructura a cargo del aspirante a una candidatura a legislador federal, Alfonso Sánchez García, que logró un porcentaje de 87 puntos.
Las áreas del gobierno con el incumplimiento más elevado son la Coordinación del Sistema Estatal de Promoción de Empleo, el Patronato la Libertad del Centro Cultural de Apizaco, el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, la Coordinación Estatal de Protección Civil y el Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales de Tlaxcala.
Pero el área que de plano se lleva el primer lugar con un incumplimiento del 97 por ciento es la Beneficencia Pública del Estado de Tlaxcala.
Los números de esa evaluación interna arrojan esos datos, pero ahora habrá que ver si en realidad existe toda la información, sobre todo porque dudo que se puedan conocer los 540 contratos que se firmaron con igual número de empresas que fueron las beneficiadas para realizar las obras públicas que se presumieron en el informe que la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros presentó en diciembre del año pasado.
Valdría la pena comprobar si es cierto que el 85 por ciento de la obra ejecutada está en manos de empresas poblanas y de otras entidades y sólo el 15 por ciento restante fue para compañías tlaxcaltecas.
Esta administración ya cumplió 20 meses en el poder, de ahí que ahora ya puede ser evaluada con sus propios datos, razón por la cual es importante que la información pública esté disponible a fin de estar en posibilidades de llevar un análisis de sus resultados.
Se ha dicho que el abasto de medicamentos es un problema resuelto en Tlaxcala, sin embargo los familiares con pacientes en las clínicas y hospitales podrán asegurar que lo anterior es falso porque los médicos y las enfermeras les piden que compren los fármacos que requieren sus enfermos para ser atendido y lograr su recuperación.
Así las cosas.
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