El purismo con el que viene actuando y operando la titular de la Secretaría de la Función Pública, la priista Eréndira Cova Brindis, en contra de todos los integrantes del gabinete legal y ampliado para presionarlos a que ninguno realice compras, contrataciones de bienes y servicios, así como de personal, bajo el argumento de que es una atribución exclusiva del soberbio y ladino poblano Ramiro Vivanco Chedraui, encargado de la Oficialía Mayor de Gobierno, ha empezado a generar molestia entre los funcionarios lorenistas.
Hace unos días, Cova Brindias giró un oficio a todos los funcionarios que integran el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, para exigirles que no incurran en la inobservancia de la norma, ya que esa actitud podría derivar en una serie de responsabilidades administrativas.
El tonto argumento de la priista que era una colaboradora de los ex gobernadores Mariano González Zarur y Marco Antonio Mena Rodríguez, tiene que ver con la finalidad de evitar futuras observaciones de los entes fiscalizables, pues según la miope funcionaria los titulares de las dependencia y sus órganos de gobierno sólo pueden fijar las bases y políticas para regular los convenios, contratos o pedidos, pero no están autorizados para llevar a cabo los procedimientos que son exclusivos de la Oficialía Mayor de Gobierno.
Para que tenga una idea de lo absurdo que es el oficio de la responsable de la Secretaría de la Función Pública, es que si una dependencia necesita cambiar a un proveedor o contratar un nuevo servicio, éste procedimiento no podrá concretarlo debido a que deberá solicitar a la Oficialía Mayor de Gobierno que “busque” la mejor opción para ser contratada, lo cual no siempre sucede porque en esa área siempre se recurre al “proveedor amigo” que ofrece el mismo servicio pero más caro, lo cual termina afectando las finanzas de área solicitante.
Resulta ilógico que a los titulares de las dependencias, organismos desconcentrados, descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos se les presiona a cumplir con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, cuando Eréndira Cova y la Secretaría de la Función Pública no dice nada de que el voraz oficial Mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco, compra materiales y suministros hasta en un 30 por ciento más caro de su costo normal de mercado o que los contratistas no cumplen con los plazos y hay obras públicas que se encuentran paradas y sin avances.
Sólo bastaría con revisar algunas compras de papelería y otros insumos para comprobar lo anterior. Por lo que respecta a las obras públicas, también se podría llevar a cabo una supervisión y verificar si las empresas constructoras están cumpliendo con los plazos establecidos.
Valdría la pena que Ramiro Vivanco informará cuáles han sido los ahorros y beneficios que ha tenido la actual administración estatal al concentrar las compras y la contratación de servicios y obras públicas. Cuánto ha sido el ahorro en las finanzas, cuánto se dejó de pagar por sobrecostos a las empresas, si desapareció la corrupción, así como cuántas licitaciones se hicieron y de esas cuántas las ganaron constructoras tlaxcaltecas.
Si hubo asignaciones directas que nos diga las razones y cuáles fueron las empresas beneficiadas. De las 540 obras que se han realizado, cuántas están terminadas y cuántas siguen en proceso.
También sería sano que explicara porque en la Secretaría de Impulso Agropecuario se privilegia a ciertos proveedores que entregaron tierra en lugar de fertilizante y las razones por las cuales sólo se compra una marca de tractores.
De acuerdo con la versión y señalamientos de los proveedores beneficiados últimamente, en Tlaxcala ya existe un nuevo “El rey del cash” que despacha en la planta baja del Palacio de Gobierno y que suele presumir que en sus bolsas siempre lleva entre cien y doscientos mil pesos en efectivo de los moches que junta y que los tiene disponibles para que lo se ofrezca.
La incongruente Eréndira Cova dice que lo anterior busca evitar observaciones del Órgano de Fiscalización Superior y de la Auditoría Superior de la Federación, lo cual quiere decir que si en el 2022 funcionó su sistema y modelo no habrá señalamientos de daño patrimonial en las revisiones que se han practicado, pero si hay habrá que ver a quién le cargan el presunto quebranto a la ineficiente y voraz Oficialía Mayor de Gobierno o al titular de la dependencia responsable por no gastar correctamente los recursos públicos.
La secretaria de la Función Pública ya demostró que funge como la “patiño” de la Oficialía Mayor de Gobierno y que con sus oficios amenazantes sencillamente se vuelve cómplice de lo malo que se haga en esa poderosa dependencia que pronto empezará a sufrir y enfrentar los embates de los entes fiscalizadores.
Por lo pronto, es un hecho que el malestar de los funcionarios estatales contra Ramiro Vivanco crece cada día.
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