Hoy concluye la segunda semana de actividades del 2023 y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros vuelve a demostrar que los tiempos para realizar ajustes y cambios en su gabinete los marca ella y no la presión mediática, la reducida e insistente oposición o sus detractores que no se cansan de desacreditar a su administración.

 

 

Mientras la mandataria está satisfecha y hasta contenta con los resultados alcanzados en los primeros 16 meses de su gobierno, hay quienes observan otra realidad o tienen otros datos que aprovechan para exigir la designación del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la salida de varios funcionarios lorenistas.

 

El anuncio de ajustes en el gabinete que la misma Lorena Cuéllar confirmó en diciembre pasado y dijo que se realizarían en los primeros días de enero del 2023 ha alentado las especulaciones y rumores no sólo entre sus colaboradores, sino entre los analistas, reporteros, críticos y la clase política que un día conjetura que se irá fulano o zutano y que llegará perengano.

 

Hoy en día el deporte favorito de la clase política es teorizar sobre los cambios de funcionarios de primer y segundo nivel del gobierno estatal, lo que obviamente no ha alterado el temple y la visión de la mandataria tlaxcalteca que, llegado el momento, dará a conocer al nuevo secretario o secretaria de Seguridad Ciudadana y los enroques de colaboradores que tienen el único objetivo de reforzar su administración sin atender en ningún momento a un asunto político o electoral.

 

A una cercana colaboradora de Lorena Cuéllar se le ha ido la lengua y ha alentado las especulaciones. Se trata de la actual coordinadora de Planeación e Inversión del gobierno de estado, Gimena Lara Pérez, quien según los resultados de sus “chafas” evaluaciones los funcionarios que están próximos a dejar sus cargos son Ignacio López Sánchez, titular de la Secretaría de Trabajo y Competitividad y Leonardo Uriarte Parra, responsable de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda.

 

Se dice que ambos servidores públicos no tuvieron durante el 2022 un buen desempeño y que su trabajo, a parte de gris, fue casi imperceptible, claro que en eso nada tiene que ver que fueron las dos nuevas secretarías creadas en esta administración y a las cuales nunca se les dotó del material que requerían para laborar decentemente.

 

Se sabe que la caprichosa Oficialía Mayor de Gobierno tardó meses para dotarlas de vehículos, personal, muebles y equipo para llevar a cabo las tareas encomendadas, aunque hasta la fecha lo recibido sigue siendo limitado, por no decir escaso.

 

Fueron tan maltratadas, que incluso la propietaria del inmueble (se ubica muy cerca del Hospital del ISSSTE sobre el boulevard Ocotlán) donde se instalaron esas dependencias junto con la Procuraduría del Medio Ambiente de Tlaxcala, amenazó con desalojarlas porque el galán Oficial Mayor de Gobierno, “el chingaquedito” Ramiro Vivanco Chedraui, no le había pagado la renta a lo largo de casi un año, situación que le parecía un abuso.

 

Otro rumor que también empezó a correr esta semana tiene que ver con un probable enroque que se podría dar entre el Cecyte-Emsad y el Icatlax.

 

Se dice que el director del Icatlax, el orticista Juan Manuel Lemus Pérez, estuvo poniendo en orden su dependencia porque será designado como responsable del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y de los Centros de Educación Media Superior a Distancia en lugar de Norberto Cervantes Contreras que llegó en agosto del año pasado a sustituir al ambicioso José Luis Flores Aguilar.

 

Pero Norberto Cervantes no dejaría de ser funcionario estatal, pues se rumora que quedaría al frente del Icatlax.

 

No estoy asegurando que los movimientos aquí citados son un hecho o que éstos se concretarán, ya que sólo los menciono como parte de las especulaciones que se manejan pero que tienen cierta credibilidad.

 

Hay otros rumores de cambios que resultan inverosímiles, por lo que no vale la pena tratarlos.

 

Por lo pronto no queda más que seguir esperando.

 

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