De no existir algún cambio, será mañana viernes cuando la diputada petista, Leticia Martínez Cerón, se siente en el banquillo de los acusados para explicar y tratar de justificar su equivocada decisión de aceptar la reinstalación de Lupita Evelyn Bustos Cervantes, prima del actual coordinador de la fracción parlamentaria del PT, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, como trabajadora sindicalizada del Congreso de Estado.
Al inicio de la actual legislatura, la mayoría de los 25 diputados locales acordó no reconocer las 34 plazas que crearon los ex legisladores en contubernio con el mafioso sindicato de burócratas “7 de Mayo”, no sólo porque los espacios eran innecesarios, sino porque se benefició a familiares, novias, amigos y a otras personas que carecen del perfil laboral y porque sus elevados afectarían las finanzas del Poder Legislativo.
El litigio por la legalidad de esas plazas se mantiene, sin embargo como Lupita Evelyn Bustos decidió llevar su caso de manera individual y con otro abogado, ésta logró un laudo por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, instancia que ordenó en diciembre pasado su reinstalación y el pago de más de un millón de pesos derivado de sus salarios caídos y de todas las prestaciones a las que tenía derecho.
Al conocer el sentido del fallo, el coordinador del PT, Miguel Ángel Covarrubias, operó para que el asunto fuera manejado con absoluta discreción al interior del Poder Legislativo y convenció a Leticia Martínez, quien en ese momento representaba legalmente al Congreso del Estado, para acudir a una audiencia a fin de aceptar la sentencia, para lo cual la demandante ya había accedido a cobrar sólo 600 mil pesos.
La ingenua legisladora petista siguió el juego y no consultó a nadie su precipitada decisión, pues se dice que el Comité de Administración que encabeza el morenista Vicente Morales Pérez se enteró cuando le fue solicitado el recurso para cumplir con el fallo y el monto correspondiente al salario de Bustos Cervantes, quien ya debería cobrar la segunda quincena de diciembre.
Pasaron los días y la información trascendió. La molestia de los diputados fue evidente y los reclamos por el proceder unilateral de la legisladora Leticia Martínez fueron la constante, pues incluso la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, la morenista Marcela González Castillo, también fue ignorada porque reconoció que desconocía ese problema que hoy atiende y que busca frenar.
Por esa razón, el hábil Miguel Ángel Covarrubias buscó en estos últimos días el respaldo y consenso de algunos diputados para que el caso de la reinstalación de su prima fuera aceptado sin generar diferencias, pero su operación fracasó y más cuando la legisladora de su fracción parlamentaria, Lorena Ruiz García, declaró en la tribuna del Congreso de Estado que Leticia Martínez había quebrantado un acuerdo y la decisión de no aceptar ninguna plaza sindical porque eran innecesarias e ilegales.
La Junta de Coordinación y Concertación Política decidió citar para mañana viernes a Leticia Martínez para que justifique su decisión y evite una sanción. Miguel Ángel Covarrubias una vez enterado trató de evitar esa reunión y hasta solicitó participar en ella para auxiliar a su compañera, pero sus ímpetus de protector y defensor fueron frenados porque se le aclaró que la única que podrá hablar para explicar el caso sería la ex presidenta de la Mesa Directiva.
El panorama no es nada alentador para Martínez Cerón, pues ya en los últimos días su disque amigo y protector, Miguel Ángel Covarrubias, se ha venido deslindando del mencionado asunto al indicar que él no tuvo ninguna intervención porque su “único pecado” fue conocer el fallo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Se dice que la reinstalación Lupita Evelyn Bustos Cervantes tendrá que esperar más tiempo y que el conflicto laboral con las 34 personas que fueron basificadas en la anterior legislatura se mantendrá firme.
Lo anterior y el recorte económico inexplicable que tuvieron los diputados y las diputadas en los fondos que reciben para entregar apoyos o regalos por los reyes magos (de 80 mil pesos que antes manejaban hoy sólo les repartieron 10 mil pesos para cada uno) están generando un clima de descontento que puede provocar que se pierda el control de los legisladores rumbo a la comparecencia de los funcionarios estatales previstas a partir del 30 de enero.
Incluso, también se habla que enfrentarán un recorte en la partida que recibían los diputados y las diputadas para apoyar a las camadas y al carnaval, ya que se menciona que en esta ocasión los representantes populares no dispondrán de los 90 mil pesos que recibían para tal fin, sino de un monto menor.
Hay tanta molestia que han empezado a circular correos electrónicos en los que se advierte que pronto se dará a conocer información interna del Congreso del Estado sobre plazas y otros gastos que demostrarían que la actual legislatura salió igual de mañosa que las anteriores.
Será.
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