Desde el gobierno del hacendado Mariano González Zarur y pasando con la administración del también priista del intermitente Marco Antonio Mena Rodríguez se venían oyendo rumores que tanto policías de investigación de la PGJE como uniformados estatales estaban ligados a bandas de criminales que operaban en Tlaxcala con total impunidad.
Al llegar Lorena Cuéllar Cisneros al gobierno de Tlaxcala asume el compromiso de combatir la delincuencia y no tolerar excesos y abusos de las fuerzas policiacas, por lo que llevó a cabo una limpia de elementos que por sus años se sentían intocables en las corporaciones donde prestaban sus servicios y en las que prácticamente decidían qué hacer y contra quién actuar.
Un caso de lo anterior tendría que ver con Luis P. ex comandante y encargado de la Policía de Investigación de la PGJE que en la administración de Marco Mena y del ambicioso ex procurador de Justicia tlaxcalteca, José Antonio Aquiahuac Sánchez, afianzó su poder e influencia, convirtiéndose en una pieza clave en esa dependencia.
Sin embargo, al llegar en Septiembre del 2021 como nueva procuradora de Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán, las cosas empezaron a cambiar para ese poderoso agente que muy rápido comprobó que sus tiempos de manejar a su antojo la Policía de Investigación habían terminado y que ahora debería asumir otro comportamiento profesional y entregar resultados, lo cual no aceptó Luis P. que finalmente fue dado de baja de la PGJE en enero del 2022.
Antes, el 4 de noviembre del 2021 Víctor Enrique Montiel Ramos, tomó el control de la Dirección de la Policía de Investigación, iniciando un proceso de purga en esa área que se extendió por seis meses, hasta que ese jefe su cesado por estar involucrado en la tortura de un detenido de nombre Juan Carlos N., a quien se le acusaba de ser responsable de la desaparición de una joven de Huamantla que se llamaba Ana Laura N.
Pese a que fueron varios los involucrados en ese lamentable hecho, al final sólo se detuvo a un ex agente que es el que enfrenta un proceso penal por su responsabilidad en la trágica muerte de Juan Carlos N.
Hasta donde se sabe el director operativo de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, es Carlos Carmona Flores, quien ha controlado a los agentes de esa corporación que hoy se les ve más activos y realizando su trabajo, al grado que no resulta raro enterarse que ejecutan añejas órdenes de aprehensión que datan de diferentes delitos cometidos en el 2014 o 2016, sólo por mencionar algunos años.
Aunque la detención del ex jefe de la Policía de Investigación, Luis P. se realizó el viernes, fue el domingo cuando se filtró la información y videos de su captura, lo que obligó a la PGJE confirmar el hecho a través de un comunicado de prensa.
Según el texto, “la Procuraduría General de Justicia del Estado en conjunto con la Coordinación Nacional Antisecuestros Operaciones Especiales (CONASE) y la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) ejecutaron una orden de aprehensión en contra de dos personas del sexo masculino por el delito de desaparición cometida por particulares.
“Los hechos probables se suscitaron en octubre del presente año, cuando la víctima se encontraba en su domicilio en compañía de dos personas quienes lo llevaron a un despacho ubicado en Acuitlapilco, en donde estaba uno de los ahora probables responsables de la desaparición de la persona.
Ante este hecho, tanto el ministerio público, como elementos de la Policía de Investigación y Servicios Periciales de la PGJE realizaron las indagatorias correspondientes, las cuales arrojaron como presuntos responsables a dos masculinos.
“Derivado de ello, el representante del fuero común de la Procuraduría integró la carpeta de investigación y el juez de la Causa consideró que había los datos de prueba necesarios para otorgar el mandamiento judicial.
“Elementos policiacos de la PGJE dieron cumplimiento a dos órdenes de aprehensión en la comunidad de Acuitlapilco y en el municipio de Totolac. Al momento de la detención del ex policía de investigación se le localizó en la cintura un arma de fuego tipo escuadra, calibre 9mm con un cargador abastecido de 14 cartuchos útiles del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”.
Lo que faltó informar es que la otra persona detenida también era un ex policía estatal, es decir, los responsables de la desaparición de una víctima tlaxcalteca eran ex agentes de dos corporaciones encargadas de la seguridad en Tlaxcala.
Incluso, se ha llegado a mencionar que ambos ex policías estarían involucrados en el levantón de un hombre por parte de un comando armado, hecho que se registró hace unos días en la comunidad de Ocotlán en la capital del estado, sin embargo hasta ahora lo anterior no ha sido comprobado ni documentado.
Pero no crea que lo anterior es el único rumor de que elementos encargados de la seguridad están ligados o protegen a criminales, pues en Apizaco se sospecha que la policía municipal cubre y brinda información a la banda de “Los Brujos”, lo cual también sucede con uniformados municipales y estatales que vigilan la zona de Hueyotlipan y en la que opera un grupo de maleantes identificado como “Los Roldán” dedicados al robo de camiones de carga.
En el municipio de El Carmen Tequexquitla para nadie es desconocido que el jefe de la policía un tal Víctor García Chever, quien habría sido procesado por robo y extorsión no decide nada, porque el control de la seguridad pública lo tiene un tipo apodado “La Tuza”, quien también estaría dedicado a asaltar a transportistas en esa región de la entidad.
Se dice que tanto la policía estatal como municipal están protegiendo el narcomenudeo y su expansión en territorio tlaxcalteca, así como las actividades de los colombianos que suelen amedrentar a comerciantes y pequeños empresarios para después ejercer un ilícito control sobre ellos. Ya operan sin restricciones en Tlaxcala, Panotla, Apizaco, Zacatelco, Chiautempan y otros municipios más.
Urge que las autoridades se apliquen y verifiquen si los nexos entre policías y criminales existen, porque de ser cierto esa situación no puede mantenerse porque la seguridad de los tlaxcaltecas estará en riesgo y no sería extraño enterarse de más casos de personas desaparecidas, secuestradas o asesinadas.
El gobierno debe actuar y detener lo que se está viendo.
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