Siguen pasando los días, las semanas y los meses y el combate a la corrupción sigue siendo una frase hueca porque en los hechos no pasa nada ni pasará mientras se mantenga un equipo tan limitado para prevenir, investigar y sancionar esa práctica que hoy en día sigue vigente tal y como prevaleció en las pasadas administraciones priistas.
A más de un año de que se llevó a cabo el relevo del gobierno del estado, se desconoce cómo se recibió la administración y el número de anomalías y faltantes encontrados en la entrega recepción, porque nunca se ha dado un informe que abarque los probables montos económicos desviados o manejados incorrectamente, así como el número de procedimientos administrativos por esos hechos y la cantidad de denuncias penales que se han presentado contra los ex funcionarios públicos responsables de esas irregularidades.
De acuerdo con el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se sabe que el probable daño patrimonial global en el ejercicio del gasto público durante el 2021 asciende a más de 55 millones de pesos en la cuenta pública de Tlaxcala de acuerdo con una nota informativa elaborada por el periodista del periódico La Jornada de Oriente, Juan Luis Cruz Pérez.
Si en la revisión del gasto federalizado la ASF detectó anomalías que están observadas y pidiendo que sean subsanadas, es lógico pensar que las dependencias estatales encargadas de vigilar y supervisar los recursos estatales han encontrado irregularidades, sin embargo nadie entiende por qué se esconde esa información y por qué no se hace nada para sancionar y tratar de recuperar los fondos del erario que pudieron ser malversados.
Durante las campañas para la gubernatura del año pasado era común escuchar acusaciones de corrupción en varias áreas del gobierno estatal como Pensiones Civiles, en la Oficialía Mayor de Gobierno, en la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, en la Procuraduría General de Justicia del Estado y en otras más, pero una vez que Morena y Lorena Cuéllar Cisneros obtuvieron el triunfo electoral los señalamientos fueron olvidados y con ello cualquier posibilidad de castigar a los responsables.
El andamiaje de dependencias y organismos que existe en Tlaxcala para prevenir, evitar y castigar la corrupción no sirve de nada y sólo representa una carga para los ciudadanos y las ciudadanas.
Dígame para qué sirve el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica Tlaxcala o el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial si sólo simulan que trabajan porque su trabajo es nulo al igual que sus resultados.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a cargo del recomendado Ricardo Sánchez Ramírez tiene montañas de expedientes y casos que sumarían más de 400 y es la fecha que no puede integrar las carpetas para que éstas se puedan judicializar no sólo contra ex presidentes municipales, sino contra ex funcionarios estatales.
En lugar de concentrarse en su trabajo, el personal de esa fiscalía prefiere dar cursos de capacitación al personal de ayuntamientos sobre faltas administrativas graves y no graves, los delitos por hechos de corrupción y su clasificación.
Pero no crea que sólo era importante área de la PGJE simula o le hace al cuento, porque también la Secretaría de la Función Pública que controla la marianista y ex priista Eréndira Cova Brindis recurre a actividades chafas para justificar su salario, porque en los hechos es incapaz de iniciar un procedimiento o una investigación contra sus ex compañeros de partido que está comprobado que se excedieron en sus funciones y atribuciones.
La limitada funcionaria está ocupada en que los ciudadanos, de manera organizada, vigilen la aplicación de los recursos públicos, así como de diferentes programas que llegan al estado, situación que no se sí genera ternura o risa, porque si se diera una vuelta por la Secretaría del Medio Ambiente, Protección Civil, la Procuraduría del Medio Ambiente, la Secretaría de Movilidad y Transporte, la Oficialía Mayor o revisara las compras que se están haciendo con sobre precios podría dar resultados y realmente estaría haciendo algo por evitar la corrupción.
Usted cree que con la farsa de presumir la creación de 30 comités de Participación Ciudadana en diversos municipios y de otros 50 de Contraloría Social, mismos que están enfocados a supervisar los programas que se aplican en Tlaxcala se está evitando la corrupción, claro que no, porque hay muchos alcaldes voraces que están depredando sus administraciones.
Hoy las autoridades estatales nos hablan de fortalecer las estrategias que permitan hacer frente a la corrupción mediante el Sistema Estatal Anticorrupción, lo cual resulta realmente ofensivo porque si no han hecho nada ni han dado resultados en más de un año, qué diablos les hace pensar que en las siguientes semanas o meses van a cambiar las cosas.
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