El problema de la inseguridad en Tlaxcala no es nuevo ni privativo de la actual administración como unos pocos quieren dejar ver, pues si se revisan los datos fue a finales del gobierno del priista Mariano González Zarur cuando los número se empezaron a mover hacia arriba, pero cuando realmente se dispararon fue en la gestión del también mandatario tricolor Marco Antonio Mena Rodríguez.
No estoy tratando de justificar al actual gobierno que encabezan la morenista Lorena Cuéllar Cisneros por enfrentar con altibajos la problemática de la inseguridad que por meses ha prevalecido en la entidad, pues sería injusto no reconocer los esfuerzos, recursos y tiempo que las autoridades estatales han dedicado para tratar de contener la ola delictiva.
Me parece que mientras el gobierno estatal ha hecho su tarea y se ha comprometido por mejorar la seguridad, los presidentes municipales de Tlaxcala han simulado y lo que es peor se han desatendido de una situación que les guste o no también es su responsabilidad.
Cuando el 31 de agosto del 2021 asumieron su responsabilidad la nueva administración estatal y las correspondientes a los 60 ayuntamientos, se procedió a iniciar una revisión de la fuerza policiaca y del estatus que ésta tenia, lo cual arrojó un panorama desalentador porque se comprobó que los elementos heredados para labores de seguridad operaban sin estar avalados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De inmediato se giró la orden para corregir las anomalías detectadas no sólo en la policía estatal de Tlaxcala, sino en las policías municipales donde el problema se agravaba aún más.
A un año de distancia, se han logrado avances importantes en lo que se refiere a la certificación de los elementos a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero en lo que toca a las policías municipales si bien se logró un progresó, en realidad las cifras actuales siguen siendo bajas y demuestran que los alcaldes y las alcaldesas de la entidad se desentendieron del problema porque vieron que el gobierno estatal y el gobierno federal asumen una parte importante de sus responsabilidades al llevar a cabo acciones de vigilancia a través de la policía estatal y de la Guardia Nacional.
Hace doce meses se detectó que sólo el 10 por ciento de los más de dos mil policías municipales estaba certificado y avalado para desempeñar el cargo. Hoy aunque el porcentaje alcanzado ya es del 46 por ciento, lo cierto es que sigue siendo bajo porque demuestra que muchos uniformados contratados por los ayuntamientos no son aptos para llevar a cabo acciones de seguridad en los municipios.
En poblaciones importantes como la capital, Huamantla y Apizaco los presidentes municipales han dado muestras de querer reforzar la seguridad al adquirir más patrullas y tecnología, sin embargo los indicadores revelarían que los índices delictivos siguen a la alza.
Es una realidad que la mayoría de los alcaldes y las alcaldesas han mostrado una falta de compromiso para mejorar la seguridad en sus poblaciones. Se han desatendido de ese asunto y es un hecho que nunca dedicaron el tiempo necesario para tratar de resolver la falta de certificación de los policías municipales.
Hoy el problema de la inseguridad es cargado exclusivamente al gobierno estatal, lo cual me parece injusto porque en ese problema los presidentes municipales tienen también culpa y responsabilidades.
El tiempo avanza y las condiciones de los alcaldes y las alcaldesas van cambiando. El bono democrático con el que llegaron prácticamente se agotó y en unas semanas o meses más empezarán a enfrentar los reclamos de sus gobernados.
Y cambiando de tema, le cuento que este día andará por suelo tlaxcalteca el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) federal, Adán Augusto López Hernández, quien andará en abierta campaña para promover su imagen y de paso para pedir a los legisladores locales su respaldo para aprobar la reforma Constitucional que avala la presencia del Ejército en las calles hasta el 2018.
Cuentan que el también aspirante a la candidatura a la presidencia de Morena vendrá acompañado de 20 colaboradores entre los que destaca el subsecretario César Yáñez Centeno Cabrera, esposo de la diputada federal Dulce Silva Hernández. Ambos involucrados en manejos irregulares del supuesto financiamiento que recibió el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su campaña para convertirse en el mandatario del país.
El equipo de campaña, perdón el cuerpo de funcionarios que acompaña a Adán Augusto López se compone de 20 personas entre los que se encuentra César Yáñez, Abraham Mendieta y Marcos Rosendo, quienes para justificar el activismo a favor de su jefe sostendrán una serie de reuniones para llevarse, según ellos, un diagnóstico de cómo se encuentra en estos momentos la entidad tlaxcalteca que está gobernada por Lorena Cuéllar Cisneros.
Así la lucha por la candidatura a la presidencia de Morena.
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