Las críticas y señalamientos por los hechos violentos registrados el pasado fin de semana eran inevitables y hasta entendibles, pero lo que resulta inexplicable es porque los funcionarios estatales optan por llevar a cabo una timorata y escasa defensa como si su intención fuera más para salvar su posición que para acoger el proyecto y las acciones emprendidas en materia de seguridad por la actual administración estatal que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

 

 

Por supuesto que resulta preocupante que en un solo día se hayan encontrado tres cadáveres de personas presuntamente ejecutadas en los municipios de Texoloc y Nopalucan , así como el hecho de que en un bar de Chiautempan se registrara un ataque a balazos contra tres personas y que unas horas más tarde se supiera de otra individuo agredido con una arma de fuego para robarle una motocicleta, porque obviamente evidencia que en la entidad algo está pasando y que lo realizado hasta ahora resulta insuficiente.

 

Sin embargo, también resulta claro que a la Procuraduría General de Justicia en el Estado no se le ha dado el tiempo para investigar los casos y dar con los responsables de ese delitos. Sobre los ejecutados que eran tlaxcaltecas se sabe que se dedicaban a la venta de ganado y que tenían una relación laboral y de amistad y que su muerte pudiera estar ligada al narcomenudeo.

 

El reto actual de las autoridades es esclarecer los hechos y detener a los responsables de esos delitos antes descritos, porque sí no se logran resultados en un tiempo razonable los señalamientos emitidos en la tribuna del Congreso del Estado por el diputado perredista Juan Manuel Cambrón Soria en el sentido de que el triunvirato de seguridad del estado, compuesto por la Secretaría de Gobierno, la de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría ha fracasado y por lo tanto sus titulares Sergio González Hernández, Raúl Ruiz García y Ernestina Carro Roldán deben ser removidos de sus cargos.

 

En una entrevista, Sergio González dejó su discurso de que en Tlaxcala no pasa nada para reconocer que sí existe un problema de seguridad. El funcionario por fin no minimizó los hechos y aceptó que se deben reforzar y mejorar las acciones emprendidas.

 

Y aunque trató de repartir culpas hacia los presidentes municipales que en su opinión deben involucrarse y trabajar más en ese rubro a fin de garantizar la tranquilidad en el estado, en los hechos mostró preocupación por lo que pasó el pasado fin de semana que fue catalogado como sangriento.

 

El secretario de Gobierno trató defender la estrategia de seguridad del gobierno lorenista y recurrió a las estadísticas alcanzadas en los últimos cuatro meses que demuestran que se logró una baja en los índices delictivos, sin embargo su postura fue tibia y débil porque sus declaraciones no terminaron por convencer a nadie.

 

Raúl Ruiz y Ernestina Carro, titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, respectivamente, prefirieron esconderse y recurrir a la política del avestruz de no dar la cara sobre su responsabilidad, como si prefirieran que las críticas fueran mejor para su jefa la gobernadora Lorena Cuéllar y no para ellos.

 

Los aliados y simpatizantes de la actual administración desaparecieron. En el Congreso del Estado el único que salió a defender al gobierno estatal y a su estrategia de seguridad fue el diputado morenista Vicente Morales Pérez, quien en tribuna sostuvo que las acciones emprendidas en ese rubro sí están dando resultados porque se está “combatiendo las condiciones de inseguridad que se recibieron de administraciones pasadas”.

 

El resto de los legisladores de Morena, de Nueva Alianza, del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo optó por guardar silencio y dejar pasar los severos señalamientos que hizo el perredista Cambrón Soria.

 

Cómo estarán las cosas en el Congreso local que la gobernadora Lorena Cuéllar extraña no tener un diputado como Víctor Castro López, quien en la pasada legislatura se distinguió por siempre emprender y mantener una férrea defensa de su proyecto político, lo cual hoy sencillamente no existe porque nadie muestra lealtad y compromiso.

 

El problema de la seguridad no está desbordado, pero sí requiere una mayor atención por parte de las autoridades estatales y municipales.

 

Los ciudadanos y las ciudadanas quieren resultados y eso sólo se logrará trabajando, de ahí que los funcionarios estatales que recibieron la confianza de la gobernadora Lorena Cuéllar deben comprometerse y dejar su zona de confort, porque de lo contrario fracasarán y su relevo será inevitable.

 

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