El tiempo se ha convertido en el mejor aliado de la actual administración estatal para tratar de brincar los problemas que existen con los trabajadores del sindicato 7 de Mayo y de la Secretaría de Salud, pues en el primer caso le conviene que no exista una dirigencia legalmente reconocida y en el segundo que se prolonguen las mesas de negociación hasta que el gobierno federal asuma de manera definitiva los hospitales y clínicas a fin de que sea esa instancia la que termine controlando a ese gremio que está bajo el mando de la diputada local priista Blanca Águila Lima.
Si bien en el asunto del sindicato 7 de Mayo pareciera que el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros no ha podido influir para impulsar la llegada de un dirigencia afines a sus intereses, en realidad la estrategia planteada desde un principio por parte de las autoridades ha funcionado porque por el momento no está obligada a tratar ni a establecer acuerdos con nadie debido a que legalmente no hay una representación legítima de los burócratas afiliados a ese gremio.
La familia Erazo Rodríguez (Pedro Erazo Rivera y Guadalupe Rodríguez Guzmán) sólo ha servido para generar las condiciones que permitieron desconocer al conflictivo Enrique Escobar Cortés como dirigente del 7 de Mayo, quien por cierto tramitó un amparo ante la justicia federal para tratar de conseguir su reconocimiento legal, sin embargo se prevé que al final se le negará el respaldo por carecer de todos los elementos jurídicos que acrediten su elección.
Enrique Escobar y el grupo de Edgar Tlapale Ramírez saben que han perdido la protección del gobierno y que sus abusos y excesos han empezado a tener consecuencias. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó al ex dirigente del Sindicato 7 de Mayo por contar con dos plazas.
Una de las plazas que gozaba y además cobraba Edgar Tlapale correspondía como un trabajador jubilado, mientras que la otra la tenía por supuestamente desempeñar actividades internas en el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud.
Además, ese personaje enfrenta otras acusaciones que podrían terminar por llevarlo a la cárcel en caso de que las autoridades determinen que hay elementos para proceder en su contra.
Las condiciones en que actualmente se encuentra el poderoso Sindicato 7 de Mayo benefician al gobierno lorenista, porque tiene el control sin necesidad de que haya un dirigente que responda a sus intereses.
Por lo que respecta al inquieto sindicato de los trabajadores de la Secretaría de Salud bajo el mando de Blanca Águila, éste ha sido llevado al terreno de las mesas de negociación donde se discuten temas y problemas que pocas veces encuentran una solución definitiva.
Es decir, ayer el secretario de Salud en Tlaxcala, Rigoberto Zamudio Meneses, confirmó que se concretó el relevo de directores en diez hospitales que se convirtieron al IMSS Bienestar, lo cual se hizo para dar cumplimiento a ese modelo de salud, por lo que no debe interpretarse como que se cumplió con el capricho de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.
Lo curioso del caso, es que si bien esa medida no fue para calmar las protestas y el malestar del sindicato, entonces por qué la dirigente de ese gremio optó por guardar silencio sobre esos cambios como si los relevos hayan sido de su agrado.
Ayer indirectamente Zamudio Meneses aceptó que la protesta del sindicato por la escasez de medicinas y de otros materiales estaba justificada, pues de acuerdo con las declaraciones de ese limitado funcionario se sabe que hay un abasto del 82 por ciento de fármacos y del 90 por ciento en suministros de limpieza y materiales de sutura.
Donde existe un problema, según este médico, es en la dotación de medicamentos muy específicos como insulinas o medicinas para hipertensos, padecimientos que tiene un número importante de tlaxcaltecas que hoy en día se encuentran desprotegidos.
Rigoberto Zamudio confirmó que la semana pasada el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) liberó a Tlaxcala 96 claves de medicamentos, con lo cual se podrá adquirir esos fármacos, pero como la Secretaría de Salud tiene cinco fuentes de financiamiento eso hace que los procesos de compra sean “lentos y desesperantes”.
La actual administración ya consumió el primer mes de su segundo año en el poder y sigue mostrándose para algunas cosas como un gobierno improvisado y sin planeación, lo cual resulta preocupante porque los ciudadanos no ven resultados.
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