El inicio de este nuevo mes será clave para conocer qué tan efectiva y seria será el combate a la corrupción en la actual legislatura y en la presente administración estatal, ya que se deberán conocer los informes del Órgano de Fiscalización Superior en torno a las cuentas públicas del 2021 que detallan si hubo anomalías o daño patrimonial por parte de los entes fiscalizables.
A parte del informe del OFS, el Congreso del Estado deberá emprender la revisión, análisis y dictaminación de esos informes para conocer si aprueba o reprueba los estados contables de dependencias estatales, organismos autónomos y de los 60 ayuntamientos tlaxcaltecas.
Los informes incluirán los últimos ocho meses de la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez y los primeros cuatro meses del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.
En el caso de los ayuntamientos, también contendrá la información de las administraciones que dejaron el cargo en agosto y de las actuales que empezaron a controlar las finanzas de los municipios de septiembre a diciembre del 2021.
Se dice que el proceso de fiscalización ya empezó mal porque lo que hoy se hará debió realizarse en diciembre del año pasado, pero los diputados locales optaron por no ajustarse a lo que dice la ley y ahora tratarán de cumplir con esa obligación aún con la posibilidad de que sus actos sean impugnados por no haber acatado lo que establece la Constitución.
Seguramente habrá cuentas públicas que serán reprobadas y se empezará a tener detalles de las supuestas anomalías cometidas por los ex funcionarios estatales y municipales, porque a diez meses de que se registró el cambio de autoridades sólo existen especulaciones y rumores de desvíos millonarios que hasta ahora no se han documentado ni comprobado.
Por ejemplo, en la construcción de nuevo Hospital General de Tlaxcala en donde la administración menista canalizó más de 500 millones de pesos se habló de fallas en la obra e inconsistencias financieras, sin embargo al parecer todas las irregularidades han sido cubiertas por la Secretaría de la Función Pública a cargo de la priista Eréndira Cova Brindis, porque lejos de que se conozcan de procedimientos administrativos o penales para tratar de castigar esas conductas en realidad se presume la inversión de 35 millones de pesos que hizo el gobierno lorenista para poner en marcha ese nosocomio.
O qué decir de las irregularidades detectadas en la Oficialía Mayor de Gobierno o en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se ejercieron recursos públicos sin cumplir con las disposiciones legales. Para nadie es un secreto que se hicieron compras de materiales que nunca se recibieron o que se adquirió un programa de cómputo para reforzar la seguridad que nadie ha visto y por el que se pagó casi 10 millones de pesos.
Eréndira Cova más que ser una eficaz y eficiente secretaría de la Función Pública está convertida en una auténtica tapadera de la corrupción priista de los gobiernos de Marco Mena y de Mariano González Zarur.
En este mes comprobaremos si es posible rescatar y tener esperanza de que funcione el inservible Sistema Estatal Anticorrupción de Tlaxcala, porque cómo se ha visto una parte de ese andamiaje que se construyó para castigar las malas conductas y excesos de los servidores públicos está paralizado sin dar resultados como la Secretaría de la Función Pública o la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
Los diputados serán una pieza clave para hacer efectiva la lucha contra la corrupción. Pronto tendrán en sus manos los informes del OFS y veremos qué camino siguen, el de aplicar la ley o negociar para solapar y encubrir la corrupción en las dependencias estatales, organismos autónomos y ayuntamientos.
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