El inexorable paso del tiempo sin duda es un factor que empieza a ser determinante para evaluar y determinar qué acciones y funcionarios estatales si están cumpliendo con las expectativas y qué otros se encuentran rebasados y sin encontrar la fórmula para dar resultados tangibles.
Hoy Lorena Cuéllar Cisneros cumple nueve meses de ejercer el poder en el gobierno estatal y sólo le faltan 91 días para alcanzar su primer año, lo que sin duda abrirá la puerta a la evaluación, sobre todo de aquellos miembros del gabinete que quieren pero no pueden con el cargo.
El pasado 2 de mayo llegó a Tlaxcala el ex militar Raúl Ruiz García, quien asumió el control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Su arribo que generó expectativas se ha ido diluyendo sin que exista una mejoría en ese terreno, pues la entidad sigue siendo utilizada como tiradero de cadáveres, los asaltos en carreteras se mantienen, al igual que los robos de automóviles, comercios y de casas.
Ante tan panorama, al secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, no le ha quedado otra más que recurrir a la trillada declaración de que se redoblará la estrategia y la vigilancia entre los límites de Puebla y Tlaxcala, porque no pasa un fin de semana sin que maleantes de la vecina entidad acudan a algún municipio tlaxcalteca para arrojar cuerpos sin vida, como ocurrió el sábado por la mañana cuando aparecieron dos cadáveres maniatados sobre la vía corta a la altura de Tenancingo.
Exigir resultados a Raúl Ruiz a un mes de haber llegado al cargo sería injusto, pero es obvio que su desempeño ya está bajo el escrutinio público y que el ex militar deberá de mejorar la seguridad en las siguientes semanas porque sería muy grave que al cumplir el primer año del nuevo gobierno se tuviera la percepción que ese problema se complicó en los últimos meses y que las autoridades hicieron muy poco para resolver esa difícil situación.
Por esa razón, resulta preocupante el pésimo trabajo y desempeño de la procuradora de Justicia en el estado, Ernestina Carro Roldán, quien ante las evidencias queda muy mal evaluada porque sus escasos resultados y porque su incapacidad poco a poco está contribuyendo a generar condiciones de ingobernabilidad.
Salvo la investigación que inició y que obtuvo resultados favorables para detener al presunto responsable del homicidio del ex diputado local panista Omar Milton López Avendaño, el cual se registró en diciembre del año pasado, la PGJE sigue acumulando expedientes y demostrando que sus indagatorias conducen a puro callejón sin salida como si la intención fuera alentar y tolerar la impunidad.
Ayer Sergio González y la PGJE optaron por minimizar el problema de seguridad en Tlaxcala y para ellos lo relevante fue confirmar que los dos cadáveres abandonados en la vía corta Puebla-Chiautempan eran de personas ajenas a la entidad, pero omitieron y optaron por no dedicar ni una palabra al asesinato de dos adultos mayores en el municipio de Nanacamilpa.
Los hombres fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 22 de mayo y fue el sábado cuando familiares a través de una célula de búsqueda hallaron los cuerpos que presentaban aparentes impactos por arma de fuego.
Esos dos tlaxcaltecas fueron asesinados y por lo tanto la PGJE está obligada a esclarecer los hechos y llevar ante la ley a los responsables, pero eso se duda que eso pase porque si esa dependencia es incapaz de ejercer acción penal contra personas plenamente identificadas al momento de linchar o accionar una arma para acribillar a un rival político, difícilmente va a resolver ese homicidio doloso que se cometió sin testigos y que además no hay videos ni fotografías.
La PGJE sigue encubriendo a los habitantes de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan que el pasado 15 de abril lincharon a un presunto ladrón. Tampoco hay ningún detenido por el asesinato de un joven en el municipio de Xicohtzinco, quien fuera agredido el 22 de mayo mientras se desarrollaba una protesta en las principales calles de esa población.
El asesinato de dos adultos en Nanacamilpa provocó ayer mismo la protesta de los habitantes, quienes ante la incapacidad del presidente municipal Oswaldo Romano Valdez y la falta de respuesta de la PGJE para investigar el caso, la alcaldía fue cerrada por los ciudadanos inconformes que exigen justicia y seguridad.
En las últimas dos administraciones estatales la Procuraduría General de Justicia en el Estado nunca brilló ni logró destacar por sus buenos resultados, sin embargo tampoco había ganado fama de ser tan ineficiente y de recurrir a la tortura y a detenciones arbitrarias como recientemente lo documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a través de la recomendación 01/2022, lo cual es vergonzoso.
En mi opinión, los cambios en algunas áreas del gobierno lorenista son obligados o usted qué opina.
**************************************************************************************************************