Las soterradas renuncias y bajas en el equipo lorenista de los últimos días estarían evidenciando que la estructura gubernamental no termina por cuajar, sobre todo porque hay inconformidad por los bajos salarios que se reciben, el enorme poder que tienen los encargados administrativos y financieros de las dependencias y por el maltrato que reciben de parte de Gimena Lara Pérez, quien se ostenta como jefa del gabinete legal y ampliado, cuando en realidad su cargo es coordinadora de Planeación e Inversión.
La primera baja que se confirmó fue la del ex líder estatal del PVEM, Jaime Piñón Valdivia, quien prefirió dejar la titularidad de la Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala (CEAT), porque el sueldo menor a 30 mil pesos que recibía era insuficiente para su nivel, además de que no tenía ninguna posibilidad de ordenar y disponer en esa área del gobierno porque su administrativo era el que prácticamente controlaba esa dependencia.
Otro punto que llevó al ex diputado local a dejar su cargo, es que le resultaban desgastantes y poco productivas las reuniones semanales del gabinete legal y ampliado, ya que éstas no tienen justificación porque en esas encerronas siempre se decía lo mismo y se simulaba que había avances cuando en realidad sólo se iba a perder el tiempo, según el ahora ex funcionario estatal.
Una baja más que pronto se confirmará será la de la directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Laura García Sánchez, quien no aguantó ser una figura decorativa en la dependencia y los desencuentros con la o el responsable del área administrativa de esa dependencia.
Hoy los administrativos designados por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros tienen mayor poder que los titulares de las dependencias estatales. En la actualidad se ha privilegiado lo técnico y la austeridad por encima del quehacer político y la entrega de resultados, situación que ha generado confrontaciones internas, golpeteo, grillas y empoderamientos ficticios como el del Oficial Mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedraui, que dependiendo de su estado de ánimo puede ayudar o perjudicar a los funcionarios que forman parte del gabinete.
Los movimientos administrativos de Ramiro Vivanco son seguidos con lupa por parte de sus adversarios políticos y detractores. No tarda en ser señalado como el responsable de que la mayor parte de la obra pública está siendo o será ejecutada por empresas poblanas, así como de estar beneficiando a ciertos proveedores con contratos millonarios.
La administración lorenista va por su noveno mes en el poder y no termina por adaptarse y concluir su proceso de aprendizaje.
El gobierno que encabeza Lorena Cuéllar tiene acciones y programas novedosos para alentar el desarrollo de Tlaxcala, pero para su mala fortuna los escándalos en los que se ha visto envuelto no le han permitido despegar y tener un mejor impacto mediático.
A lo anterior hay que agregar una supuesta rivalidad familiar que está siendo fomentada por los medios de comunicación en torno al desempeño de las dos hijas de la gobernadora, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar y María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidentas honoríficas del DIF Estatal y del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, respectivamente, pues según las opiniones de periodistas sólo una podrá heredar el capital político de su madre y por esa razón ya se menciona que ambas estarían interesadas en conseguir un cargo de elección popular en las elecciones del 2024, lo cual obviamente no está siendo bien visto por los ciudadanos.
La administración de Lorena Cuéllar requiere de ajustes, cambios y movimientos que le permitan encaminarse a una ruta donde se vean y se perciban los resultados del gobierno, porque el tiempo avanza y no se observa la transformación y el desarrollo que se ofreció y se prometió a los tlaxcaltecas.
Un diputado bufón
El diputado local de PVEM, Jaciel González Herrera, ayer se convirtió en el bufón de Congreso de Estado luego de presentar una iniciativa de ley para reformar la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, según él para combatir la corrupción y terminar con la asignación de obras a los compadres y amigos de los presidentes municipales y de las autoridades estatales.
La propuesta fue enviada a la congeladora por ser inviable y seguramente no será analizada y discutida en el corto plazo, porque para muchos se trata de una burla de ese torpe diputado que hoy quiere aparentar honestidad cuando destila corrupción por todos sus poros.
Antes de ser legislador, Jaciel González se desempeñaba como alcalde del municipio de Lázaro Cárdenas, cargo que habría aprovechado para auto contratarse obra pública y ofrecer en esa población sus servicios de constructor.
Hoy como legislador ofrece sus servicios de constructor a los presidentes municipales no sólo del tercer distrito local donde fue electo, sino de otras regiones del estado bajo el argumento de que si lo ayudan y contratan el velará para que las cuentas públicas de quienes lo apoyen saldrán aprobadas sin ningún problema por la actual legislatura.
Por esa razón la propuesta de Jaciel González generó burlas y risas entre sus compañeros legisladores que obviamente no le creyeron que su intención sea la de combatir la corrupción cuando él es un político que ha crecido con recursos públicos que han sido malversados.
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