Tuvieron que pasar cerca de 200 días para que se comprobara que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica Tlaxcala (UIPET) es una oficina de adorno que está representando un gasto inútil para el gobierno estatal porque no aporta ni genera ningún tipo de beneficio, pues desde que se puso en marcha a finales de septiembre del año pasado a la fecha no ha emprendido alguna investigación o acción que merezca ser reconocida.
Si bien esa oficina se creó con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas, prevenir casos de corrupción y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, como lavado de dinero y financiamiento a actividades ilegales, en los hechos su titular Neri León Sauza se la pasa quejando en las reuniones semanales de los integrantes del gabinete de que nadie le hace caso y en evidenciar su escaso, por no decir, nulo trabajo.
Cuando se inauguraron las instalaciones de la UIPET, se destacó que el nuevo gobierno estatal haría frente a la delincuencia para entregar buenos resultados, pues al igual que el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador se buscaría combatir decididamente la corrupción y la impunidad.
A través de esa figura se fortalecerá la seguridad para evitar la impunidad, debido a que entre 2020 y 2021 la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha recibido 535 denuncias de servidores públicos, de las cuales ninguna de ellas ha llegado a sentencia, situación que no puede continuar así, afirmó a finales de septiembre del año pasado la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
El abogado Neri León que llegó al cargo con altas expectativas ha resultado un absoluto fracaso y decepción, porque no ha hecho nada de lo que se mencionó que haría para prevenir la corrupción, castigar la impunidad y hacer realidad la rendición de cuentas.
Los hechos hablan por sí solos y de sobra está decir que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica Tlaxcala es una instancia inservible que incluso estaría siendo utilizada para chantajear a uno que otro presidente municipal en funciones para supuestamente no ser investigado, cuando en realidad esa oficina no realiza ningún trabajo trascendente o importante y mucho menos mantiene una coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que hoy controla Pablo Gómez Álvarez.
Los actuales presidentes municipales mantienen los mismos vicios y excesos que sus antecesores, se auto contratan obras, se auto compran productos y manejan discrecionalmente el presupuesto, lo que obviamente se traduce en actos de corrupción que hasta ahora están siendo tolerados y que se espera sean evidenciados en las revisiones que ya está llevando a cabo el Órgano de Fiscalización Superior.
Y si no cree que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica Tlaxcala es una gran decepción, pregunte a cualquier miembro del gabinete estatal que piensa de esa área y verá cuál es su respuesta.
Por cierto, ya que hablamos de fracasos y mentiras, alguien debería decirle al inútil presidente municipal de Tlaxcala, el panista disfrazado de morenista, Jorge Corichi Fragoso, que lejos de andar presumiendo sus experiencias exitosas en materia de seguridad pública en una reunión donde participaron alcaldesas y alcaldes de todo el país, las cuales sólo existen en su imaginación, debería ponerse a trabajar y atender no sólo la inseguridad en la capital, sino otros problemas que requieren su urgente intervención.
Mientras a través de un boletín de prensa generado por su oficina de comunicación social el alcalde de Tlaxcala ofrece por enésima vez una capital más segura, los hechos confirman que es todo lo contrario porque tan sólo este fin de semana nuevamente apareció un cadáver abandonado en Tizatlán y se mantuvieron los niveles de robo de autopartes y automóviles.
A Jorge Corichi se le olvida que la percepción de inseguridad aumentó de enero a marzo de este año el 7.6 por ciento, es decir, en la actualidad 56.7 por ciento de los tlaxcaltecas no se siente seguridad, cifra que como van las cosas irá aumentando ante el fracaso que está representando la actual administración municipal.
Tan golpeada anda la imagen de castrado y tonto Corichi que en estos días volverá a revivir el tema de la corrupción, salvo que ahora enfocará sus acusaciones contra la presidenta municipal interina, la priista Mildred Vergara Zavala, a quien se le busca responsabilizar de un presunto desvío de 30 millones de pesos y de otros 70 millones de pesos más en donde estarían involucrados ex funcionarios municipales cercanos a Anabell Ávalos Zempoalteca, ex alcaldesa y ex candidata del PRI a la gubernatura del estado.
La denuncia penal ya fue presentada y ante el desgaste y los nulos resultados que ha tenido el gobierno capitalino en casi ocho meses, se optará por el escándalo mediático contra los priistas para tratar de desviar la atención de los ciudadanos y las ciudadanas que están más que decepcionados de la administración del embaucador Corichi Fragoso.
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