La actual administración estatal y la Procuraduría General de Justicia en el Estado decidieron caminar por la delgada línea que separa la credibilidad del fracaso, luego que familiares y amigos de Ana Laura López Loaiza, joven oriunda de Huamantla desaparecida desde el 4 de abril de este año, llevaran a cabo una protesta para exigir agilidad en su búsqueda.
Como ya es costumbre y normal en el nuevo gobierno estatal, los funcionarios sólo reaccionaron y actuaron ante la presión social, de ahí que la sigilosa y temerosa procuradora de Justicia de Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán, no tuvo otra más que dar la cara para evadir y recurrir a trilladas frases de series televisivas relacionadas con crímenes para tratar de convencer que la dependencia sí trabaja para dar con el paradero de la mujer.
La búsqueda de Ana Laura tiene como finalidad encontrarla con vida, por ello policías de investigación y peritos realizan un trabajo científico que conlleve a su ubicación, declaró la también ex magistrada.
Han pasado 20 días de la desaparición de Ana Laura y la PGJE sencillamente sigue sin dar resultados, pues la menor de edad que fue vista por última vez en Huamantla cuando se dirigía al municipio de Apizaco sigue ausente.
El problema para las autoridades estatales encabezadas por Lorena Cuéllar Cisneros es que el caso de la joven de Huamantla no es el único, pues en lo que va de la actual administración hay otras seis mujeres (Dana Guadalupe, Maribel, Ana Laura, Perla, Mary July y Arlet) que han desaparecido y cuyos expedientes están siendo “investigados” por personal de la PGJE sin que hasta ahora se haya logrado esclarecer uno.
Casi el arranque del gobierno lorenista se activó el Protocolo Alba, mecanismo reactivo para realizar la búsqueda inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, sin embargo éste no ha funcionado ni ha dado las respuestas que se esperaban.
La violencia contra las mujeres en Tlaxcala no ha cambiado ni porque ahora el gobierno de estado está en manos de una mujer con poder como Lorena Cuéllar.
Ayer el diputado local del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria, se lamentó a través de las redes sociales sobre la violencia prevaleciente contra las tlaxcaltecas y la actitud despreocupada de la procuradora Ernestina Carro, quien pese a que en los últimos meses se han registrado nueve asesinatos contra mujeres, sólo ha decidido investigar tres de ellos como feminicidios.
La catedrática e investigadora Patricia Olamendi Torres que acudió ayer a una entrevista en el noticiero matutino de Televisa que conduce Paola Rojas, aprovechó el espacio para declarar que Tlaxcala sigue siendo un estado donde el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual es constante y que las autoridades tanto federales y estatales no han hecho nada para evitarlo.
Si la Procuraduría General de Justicia en el Estado resuelve la desaparición de Ana Laura López y logra que la joven regrese sana y salva a su casa, entonces estará obligada a solucionar las otras desapariciones para demostrar que su trabajo no es selectivo o enfocado sólo para salvar su imagen de las críticas mediáticas que se hacen por ciertos asuntos en específico.
La PGJE vive una severa crisis de operatividad y el fenómeno de la corrupción se ha agudizado. Se dice que muchos policías de investigación lejos de realizar su trabajo están siendo comisionados para cuidar a familiares, altos funcionarios y hasta el obispo de la Diócesis de Tlaxcala, razón por la cual hay comandancias que operan con un solo elemento.
Además como las titularidades de las comandancias de la PGJE se habrían ofertado al mejor postor tras la llegada del nuevo director de la Policía de Investigación, el dormilón Víctor Enrique Montiel Ramos, éstas cayeron en manos de agentes a los que les hace falta experiencia y capacidad, lo cual se ve reflejado en sus nulos resultados.
La seguridad está resultando un tema complicado y delicado para la administración lorenista que no termina por encontrar la fórmula que le permita atemperar las críticas hacia su gobierno.
Se habla que en los siguientes días la gobernadora Lorena Cuéllar podría designar al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin embargo también valdría la pena que valorara un relevo en la PGJE porque es evidente que Ernestina Carro no puede con el trabajo y que su equipo es tan limitado que esa dependencia está aletargada.
Y la mejor prueba es que pese a tener todos los elementos para detener a los responsables del linchamiento registrado el pasado 15 de abril en la comunidad de San Pedro Tlacuapan, perteneciente al municipio de Chiautempan, sigue investigando y agotando los protocolos para poder actuar y hace valer la ley un día de estos.
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