Una de las razones que quizá han influido para que el problema de la inseguridad en Tlaxcala haya venido creciendo en las dos últimas administraciones estatales, seguramente tiene que ver con el pésimo manejo de los recursos destinados por el gobierno federal a la entidad y que éstos nunca fueron invertidos correctamente, razón por la cual se terminaba regresando fondos millonarios.
Durante los primeros dos años de la administración del hacendado gobernador, Mariano González Zarur, no se tuvieron complicaciones para operar el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), sin embargo en el 2013 empezaron las complicaciones cuando se reintegraron a la federación más de 153 mil pesos, cantidad que para el siguiente año se incrementó a más de 1.2 millones de pesos.
Al gobierno priista de González Zarur nunca le importó esa situación y para el 2015 y el 2016 volvió a incurrir en el desdén de no aprovechar los recursos públicos y volvió a reintegrar al gobierno federal más de un millón de año por esos dos años.
Incluso, en el 2015 la administración de ese rancio priista se dio el lujo hasta de minimizar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que detectó y documentó un presunto daño patrimonial por más de 132 mil pesos que se pagaron por conceptos de obra en exceso y que nunca fueron localizados.
Pero lo escandaloso y lo que en verdad hace pensar que hubo un pacto para dejar trabajar a las bandas criminales y no aprovechar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública fue en el gobierno del castrado priista Marco Antonio Mena Rodríguez que en su primer año tuvo que devolver más de 5 millones de pesos.
Entre el 2018 y el 2019, la administración menista reintegró a la federación más de 5 millones de pesos y para el 2020 tuvo la desfachatez de regresar más de 1.7 millones de pesos, cuando era obvio que el estado necesitaba de más policías, patrullas y tecnología para enfrentar la creciente delincuencia que hoy pareciera que domina en el territorio tlaxcalteca.
En el 2021 que estuvo gobernado por ocho meses por Marco Mena y los cuatro restantes por la administración de la actual mandataria Lorena Cuéllar Cisneros sólo se reintegraron a la federación poco más de 58 mil pesos.
Del 2013 al 2021 Tlaxcala devolvió al gobierno federal más de 14.6 millones de pesos, recursos que sencillamente no fueron aprovechados ni utilizados para reforzar y mejorar la deficiente seguridad en el estado.
Mariano González no aprovechó 2.4 millones de pesos, pero su recomendado, el castrado Marco Mena, dejó de utilizar 12.1 millones de pesos.
Lo absurdo, es que no hay consecuencias ni castigo por esas graves omisiones, al grado que los marianistas andan felices presumiendo que nadie les inició procedimientos administrativos y penales por sus presuntos malos manejos como funcionarios.
Hay procesos administrativos, pero como todos fueron a parar a las manos de la actual secretaria de la Función Pública del gobierno morenista, la priista de clóset, Eréndira Cova Brindis, ninguno está armado correctamente y todos tienen “errores” que servirán para evitar cualquier responsabilidad legal, lo cual pronto se documentará para evidenciar que la intención de castigar la corrupción es una simulación.
Los que quizá se deben preocupar un poco son los ex funcionarios que trabajaron en la administración de Marco Mena, sobre todo porque en algunos casos está más que documentado sus excesos y sus transas, de ahí que es cuestión de tiempo para que sean llamados a cuentas y muchos opten por devolver el dinero público que se llevaron para evitar problemas con la justicia.
Por cierto, un priista que debería guardar silencio y abstenerse de criticar al gobierno de Lorena Cuéllar por la inseguridad y los hechos delictivos registrados en las últimas semanas, es el mediocre diputado federal Marianito González Aguirre porque su papá y su aliado y amigo el ex gobernador Mena tienen mucha responsabilidad en la problemática que se vive en Tlaxcala.
Resulta absurdo que hoy ese bisoño político se queje del aumento de la inseguridad y de delitos como robos, asaltos, secuestros y extorsiones por parte de bandas del crimen organizado, cuando en los dos últimos gobiernos priistas que controlaron el estado se procedió a devolver recursos públicos millonarios que se debieron gastar para reforzar la seguridad.
Es tan cínico Marianito que a principios de marzo ocupó la tribuna de la Cámara de Diputados para exponer un punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno de Tlaxcala que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros para pedirle que mejore las estrategias para apuntalar la seguridad en la entidad.
Y de paso propuso que para garantizar la aplicación de los recursos públicos en la materia, se llevará a cabo por parte de la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior una auditoría a los contratos, licitaciones y adquisiciones realizadas durante la gestión de la actual administración para revisar que los fondos se hayan ejercido con apego a la legislación y, en su caso, se establezcan las sanciones administrativas y penales conforme a derecho proceda.
Marianito González es la incongruencia en todo su esplendor. O no.
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