Si hay un área del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros que no termina por dar resultados porque mantiene la ineficiencia y corrupción que se arraigó tras dos administraciones priistas, es la Procuraduría General de Justicia en el Estado que destaca por su ineptitud, la falta de experiencia de los mandos y la nula coordinación operativa que existe al interior de esa dependencia.
El asesinato del comandante Jesús Ortega registrado en la madrugada del domingo en el municipio de Xaloztoc encendió los focos de alarma al interior de la PGJE, porque las versiones sobre cómo sucedieron los hechos son contradictorias y porque al final existen más dudas y preguntas que respuestas.
Así como personal de la PGJE intentó cubrir el abuso de autoridad de un agente de investigación prófugo de la justicia que agredió a una persona que perdió la vida en octubre del año pasado, hoy también se estaría jalando un manto protector sobre el homicidio del comandante a fin de ocultar varias irregularidades que la procuradora de Justicia, Ernestina Carro Roldán y el director de la Policía de Investigación, Víctor Enrique Montiel Ramos deberían aclarar.
Mal harían las actuales autoridades estatales es minimizar el asesinato de Jesús Ortega, pues sencillamente ese agente era en la pasada administración el principal operador del ex procurador tlaxcalteca José Antonio Aquiahuatl Sánchez, quien habría dejado una estela de corrupción en la dependencia al grado que de “académico” pasó a convertirse en un promotor de renta de lujosas casas y departamentos.
El ex comandante Ortega era un hombre poderoso en la gestión de Aquiahuatl Sánchez, pues se dice que los acuerdos y arreglos alcanzados en lo oscurito de la Procuraduría General de Justicia en el Estado siempre terminaban en sus manos, para así estar en condiciones de reportarse con el mero jefe.
Hay evidencias que apuntarían a que el comandante de la Policía de Investigación ultimado a balazos estaba en funciones cuando pasaron los lamentables hechos. Jesús Ortega debería estar laborando en su lugar de asignación, es decir, Calpulalpan, sin embargo nadie ha explicado porque se encontraba en una fiesta junto a su familia y acompañado de elementos de la PGJE, quienes estarían armados en una casa particular de Xaloztoc.
El ineficiente Víctor Enrique Montiel al parecer no estaba enterado ni tenía conocimiento de lo que hacían sus subordinados, lo que demuestra que de nada sirve que haya un comandante operativo de la Policía de Investigación porque al final los elementos de esa corporación hacen lo que quieren.
Cómo es su costumbre, Montiel Ramos se ausentó de sus labores por ser fin de semana, de ahí que delegó todas sus responsabilidades en la Policía de Investigación a un comandante operativo que permite el recreo de los agentes, situación que quizá debería ser motivo suficiente para despedir a ese par de funcionarios que no han podido asumir el control de esa área de la PGJE.
El asesinato de Jesús Ortega fue un ajuste de cuentas, una venganza, un intento de asalto, un hecho aislado o que es lo que realmente está detrás de ese homicidio.
La actual administración podrá seguir con la cantaleta de que Tlaxcala es el segundo estado más seguro del país, pero la realidad y los hechos apuntan a que se vive una crisis de seguridad por los hechos que se vienen observando como la operación de comandos para asaltar casas de empresarios y políticos, la presencia de bandas armadas dedicadas al robo de camiones de carga y de vehículos particulares, los asaltos con violencia en comercios y el asesinato de un comandante de la Policía de Investigación del que no se sabe nada y menos que haya detenidos.
Después de 24 horas de la muerte del comandante Jesús Ortega la PGJE no ha fijado ni ha emitido ninguna explicación sobre ese lamentable y preocupante suceso. Vaya, al interior de la dependencia el malestar por ese hecho es mayúsculo, sobre todo porque ni una esquela por parte de esa institución se publicó para al menos reconocer el trabajo de ese agente asesinado.
El 16 de febrero de este año se conoció que la PGJE detuvo a la agente del ministerio público Vanessa N., quien fuera capturada por su probable participación en el homicidio de un joven deportista que fue golpeado por el policía de investigación Omar N. que a la fecha se encuentra prófugo de la justicia, pues recibió un pitazo y todas las facilidades para evadir la acción de la ley.
Esa irregularidad que permitió la evasión de un homicida al parecer sigue impune porque la PGJE no hizo nada para sancionar la “ayuda” que recibió el ex agente. En esa dependencia más que aplicar la ley la tuercen, razón por la cual existen muchas dudas sobre si algún día se llegará a detener y llevar ante la justicia al asesino o asesinos del comandante Jesús Ortega.
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