Un asunto nada menor que pasó desapercibido en Tlaxcala, pero que en las altas esferas del poder de este país generó preocupación y decepción al mismo tiempo, fue que la actual legislatura local en manos de Morena y sus aliados (PT, Nueva Alianza, y el PVEM) dio trámite, por primera vez en la historia, a un juicio político contra la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, por supuestamente negar un derecho de audiencia a dos ciudadanos cuya reputación no es la mejor.
Si bien en la entidad al asunto se le restó importancia, dicen que a nivel federal el poderoso secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, habría solicitado un informe detallado del caso que se abrió la semana pasada, con el propósito de ubicar qué es lo que está fallando en el Congreso del Estado y quiénes son los responsables de permitir que avance un procedimiento legislativo que se debió desechar por carecer de razones jurídicas.
La solicitud de juicio político que presentaron contra la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Sergio González Hernández, se originó porque en teoría ambos funcionarios negaron una audiencia a Lucrecia Ortega Sánchez e Isidro Sánchez Piedras, directivos de la Asociación Regional Liberación en Pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos A.C.
Esos personajes que no salen del Congreso del Estado y de ciertas oficinas de algunos legisladores como la del neo morenista Miguel Ángel Caballero Yonca, presidente de la Mesa Directivo y de la Comisión de Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, presionan para que el expediente siga su curso pese a que no hay elementos legales para darle continuidad.
Es entendible que el ex presidente municipal de Ixtenco se haya apanicado y mostrado falta de carácter para cuidar y blindar a la gobernadora Cuéllar, pero lo que también llamó la atención es por qué el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado y coordinador de la bancada de Morena, Rubén Terán Águila, no frenó ese procedimiento que resulta ridículo porque no es serio y además carece de esencia.
A nivel federal no se explican cómo una legislatura controlada por Morena y sus aliados dio entrada a un juicio político contra la mandataria tlaxcalteca por supuestamente no haber otorgado una audiencia a dos “defensores” de los derechos humanos que, como se tiene conocimiento, no gozarían de una buena reputación por sus antecedentes y métodos que emplean para recibir recursos públicos.
Los antecedentes que está dejando la actual legislatura local no han gustado y han generado preocupación en la administración federal, debido a que ya se malbarató la figura de los juicios políticos y porque no se sabe el papel que jugarán los diputados si es que llega un caso serio y documentado que proponga la destitución de un alto funcionario estatal.
Hace unos días le comentaba que en la partida de ajedrez que hoy en día se lleva a cabo, los alfiles, torres, caballos y peones no están haciendo los movimientos esperados para cuidar a la reina, quien pareciera que está sola y que nadie tiene el intereses de protegerla o de sacrificarse para evitar que sea atacada.
La nueva administración estatal ya tiene seis meses en el poder y es evidente que la gobernadora Lorena Cuéllar no tiene ningún alfil consolidado que la proteja y opere adecuadamente. Su primer círculo de funcionarios está más preocupado por su futuro político e imagen que en trabajar para fortalecer al gobierno y al proyecto que dicen defender y promover.
En el Congreso del Estado pareciera que la mandataria tampoco tiene aliados dispuestos a defenderla, pues muchos legisladores simulan que la cuidan cuando en realidad permitan comparecencias de funcionarios y abren expedientes de juicios políticos que sientan malos precedentes cuando a la actual administración aún le quedan cinco años y seis meses en el poder.
Lorena Cuéllar sólo fue informada del juicio político en su contra y evitó caer en la tentación de dar una instrucción específica sobre el caso, pues sabe que no hay elementos legales para que ese procedimiento siga, sin embargo el expediente le está sirviendo para comprobar lealtades y verificar el nivel de control que tienen sus operadores en el Congreso del Estado, el cual obviamente es nulo.
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