Tanto se ha mal utilizado que hoy en día el juicio político es una figura legal desgastada a la que recurren ciertos personajes para saciar su sed de venganza, obtener beneficios personales o para desacreditar a funcionarios que son maltratados mediáticamente sin existir pruebas o evidencias claras de los señalamientos que reciben.
En anteriores legislaturas los juicios políticos eran armados para castigar rivales políticos o para meter al orden a uno que otro funcionario dispuesto a salirse de la órbita del poder del jefe en turno, pero hoy pareciera que los diputados locales que se sienten aliados del pueblo pretenden dar entrada a todas las solicitudes y, lo que es peor, darles el trámite correspondiente a fin de quedar bien con los quejosos sin detenerse a revisar si hay o no sustancia para llevar a cabo ese procedimiento legislativo.
Por ejemplo, ayer los diputados procedieron a dar trámite a la solicitud de juicio político que presentaron contra la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, por supuestamente negarse a dar una audiencia y por su responsabilidad al no aplicar las leyes del estado.
Los inconformes y solicitantes de ese juicio son Lucrecia Ortega Sánchez e Isidro Sánchez Piedras, directivos de la Asociación Regional Liberación en Pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos A.C, quienes aparte de buscar una audiencia con la mandataria tlaxcalteca también pretendían el otorgamiento de recursos públicos y la realización de una mesa de trabajo con funcionarios de diferentes dependencias estatales.
Los diputados que están doblegados y a las órdenes de la gobernadora Lorena Cuéllar seguramente terminarán por desechar ese expediente, pero por lo pronto evidencian claramente que pretenden simular que la actual es una Legislatura cercana al pueblo y con apertura, pues de esa forma evitan señalamientos y acusaciones en su contra, lo cual les preocupa mucho porque según ellos su objetivo es trascender para mantenerse en el cargo o para alcanzar otra posición más adelante.
Sin embargo, los actuales legisladores están devaluando su trabajo y la figura del juicio político porque ahora le hacen caso a cualquier solicitud o queja, sin detenerse a investigar si los que promueven tienen los elementos, las pruebas de sus acusaciones, la solvencia moral para hacer esos señalamientos y sobre todo si son ajenos a intereses políticos y económicos de ciertos grupos o personajes que recurren a la presión o a ciertas medidas que casi llegan a la extorsión para obtener un beneficio.
Hay un personaje ligado a casos de trata de personas, violencia intrafamiliar, extorsión, chantaje contra ex alcaldes y otros nefastos antecedentes que hoy pretende aparecer como el activista honesto y puro que combate la corrupción en Tlaxcala, cuando su pasado lo condena y lo desacredita para hacer acusaciones sin sustento, como las lanzadas contra una funcionaria que la respalda una trayectoria profesional y un prestigio basado en el trabajo y los resultados.
Por lo anterior no se explican las razones por las cuáles los diputados locales decidieron continuar con el trámite de juicio político contra la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, Isabel Maldonado Textle.
Si bien la denuncia que promovió el desprestigiado Domingo Meneses Rodríguez, representante de la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil (Conaso), avanzó a una etapa más, es probable que en unos días más el procedimiento de juicio político sea desechado porque los legisladores tlaxcaltecas comprobarán que las acusaciones son supuestos y que éstas carecen de veracidad.
Lo malo es que los diputados pierden tiempos en asuntos irrelevantes y no dedican a tiempo a cosas importantes, como por ejemplo a vigilar si el gobierno del estado ya destinó los recursos prometidos a los presidentes municipales para la ejecución de obras una vez que se canceló en el presupuesto de Egresos de este año el mal llamado fondo moches.
Hasta ahora los alcaldes saben que recibirán entre 6, 7 y 10 millones de pesos dependiendo del tamaño e importancia de su municipio, sin embargo nadie tienen precisó cuándo se empezarán a ejecutar esos fondos porque se tiene conocimiento que los mismos serán manejados por las autoridades estatales que licitarán las obras y se encargará de su supervisión, ya que los presidentes municipales sólo decidirán la obra que se llevará a cabo en su población.
Urge que los diputados eleven el nivel de su trabajo.
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