Tarde o temprano tendrán que salir los trapitos al sol, porque la estrategia de ocultar las razones por las cuales se ha iniciado un proceso de limpia en los mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana puede derivar en un escándalo mediático y en un conflicto jurídico por la forma en que se están distorsionando las razones de esos despidos.
A la salida en noviembre pasado de Alfredo Álvarez Valenzuela de la secretaría de Seguridad Ciudadana, luego que ese funcionario se diera a la fuga para evitar ser detenido por un presunto delito cometido cuando se desempeñaba como policía federal, Max Hernández Pulido, encargado del despacho inició la revisión del perfil profesional y el desempeño de los mandos altos y medios de la dependencia, lo que arrojó que un número importante no aprobara los exámenes de control y confianza ni el cruce de información con la Plataforma México.
Muchos de esos mandos aparecieron como no aptos para desempeñar el cargo que detentaban. Algunos llegaron con Alfredo Álvarez y otros más venían laborando en la dependencia desde administraciones pasadas, sin embargo la decisión fue llevar a cabo su despido a fin de cumplir con las normas establecidas, por lo que inició la baja de ese personal que ahora argumenta despidos injustificados o la filtración de información que tiene el carácter de confidencial.
Las razones que han llevado a dar de baja a varios mandos son porque éstos presentaron información falsa como títulos o certificados escolares o porque sus antecedentes no concuerdan con los currículums presentados. También porque se detectó que algunos excedían sus atribuciones y realizan acciones para las que no tenían autorización como volar helicópteros.
Por ejemplo, se dice que el ex director de Vialidad, Rogelio Alberto Pérez Pérez, fue despedido, entre otras cosas, por no acreditar sus estudios, pues aunque mencionó ser licenciado en Criminalística hasta ahora no aparece en el registro nacional de profesiones su título y número de cédula.
Ese ex mando que por cierto ya trabaja en la Policía Municipal de Tetla de la Solidaridad mencionó haber concluido sus estudios en el 2018 en una institución de la Ciudad de México llamada Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Hasta donde se sabe existe un reporte detallado de las anomalías detectadas en cada uno de los mandos que han sido despedidos, el cual no sólo lo conoce Max Hernández, sino la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y otros funcionarios que recibieron la información a fin de iniciar la defensa jurídica de sus acciones y decisiones.
Y aunque parezca mentira, ya trascendió que el rival de Max Hernández en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el frustrado secretario técnico de la dependencia, José Guadalupe Ballesteros Arellano, sería uno de los encargados en defender y filtrar la información de los despidos, al grado que también habría recomendado a una abogada de nombre Roxana que tendría alguna relación laboral con el ex consejero jurídico del gobierno del estado y ex diputado local del PAN, Orlando Santacruz Carreño, para iniciar la defensa de los maltratados ex jefes policiacos.
Se dice que se les ha visto a los despedidos, a la mencionada abogada y a Ballesteros Arellano reunidos en el municipio de Apizaco, por lo que no se descarta que ese problema crezca en los próximos días y se utilice para desacreditar el proceso de renovación de mandos que ha emprendido la actual administración en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala.
Hasta ahora sólo se ha hablado de los exámenes de control y confianza y el cruce de información con la Plataforma México, pero aún no salen a relucir el tema de la corrupción que también estaría documentado, el cual tendría que ver con las cuotas que supuestamente se venían cobrando por la asignación de una motocicleta y de una patrulla de vialidad que en conjunto suman más de 35 unidades que son manejadas por dos turnos de agentes.
Veremos hasta dónde llega el conflicto y si sólo el despido escalonado abarca a once mandos policiacos, porque en un principio se habla de más elementos.
Lo que llama la atención es ver cómo existen “lorenistas” que están empeñados en generar conflictos en ciertas dependencias dejando entrever su ambición personal, pues sólo buscan generar problemas para desacreditar el trabajo de otros funcionarios que lo único que hacen es trabajar y seguir las instrucciones de la gobernadora.
Con esos colaboradores, para qué quiere enemigos la gobernadora. O no.
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